Editorial
Un reto que impactará la sociedad y la democracia dominicanas
Los apresamientos iniciados por la Procuraduría General de la República ya comienzan a sufrir los embates de los que tienen mucho que ver con el mal, pero que en el marco de su politiquería procuran vender como un abuso de poder lo que la gente pide a gritos para que los politiqueros inescrupulosos, que les importa muy poco llevarse el país entre sus garras, paguen por sus acciones.
El primero en salir en defensa de los apresados fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo vocero lo fue el ex-procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha mostrado una conducta muy dudosa y difusa con la que envía el mensaje que no es de aquí de allá, es decir, que no es corrupto, pero que defiende a sus compañeros que si son responsables de cosas muy escandalosas.
Domínguez Brito parece apoyarse en una doble moral, porque al propio tiempo en que se quiere vender como limpio de corrupción, salen a la superficie cuestiones que comprometen su simulada actitud ética, ya que en la lista de embajadores que fueron declarados como de carrera aparecen varias hermanas de él, pero además su oficina de abogados representa una serie de instituciones del Estado a pesar de que éste ha ocupado al mismo tiempo una serie de posiciones en la administración pública, lo cual riña con la ética.
El segundo en proclamar que se trata de un atropello y una cobardía el apresamiento de sus hermanos corruptos fue Danilo Medina, pero que nadie cree en el territorio nacional que ex-presidente no tuviera al tanto de lo que hacían sus hermanos, quien se volvió loco en el poder y hasta proyectó la idea de que quería quedarse en la presidencia de la República por tiempo indefinido.
Es una vergüenza el hecho de que un expresidente quiera venderle a los dominicanos la mentira como verdad, porque él sabe muy bien que en su Gobierno la corrupción se volvió incontrolable y que hoy son muchos los que pueden exhibir grandes fortunas que no tienen forma de justificar.
Y es importante dejar claro que el propio expresidente Medina Sánchez también está obligado a responder como su hermano por su proceder al margen de la ética y de la confianza que el pueblo depositó en él.
El asunto es tan grave que Danilo Medina tiene que saber que en la República Dominicana se regó como pólvora que él era el soporte de los grupos que se movían alrededor del asesinado alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, entre cuyos colaboradores económicos de su facción a lo interno del PLD estuvo el narcotraficante Cesar Emilio Peralta (El Abusador), quien recibió toda la protección del pasado Gobierno.
Danilo Medina tampoco puede negar que mantuvo en el Gobierno por encima de todo el mundo a la esposa de los Santos, Berlinesa Franco, hermana de Marisol, la compañera sentimental de El Abusador, hasta que estalló otro escándalo que tuvo que sacarla de la administración pública como directora general del INAIPI, lo cual amerita aclarar los vínculos que tuvo el exmandatario con ese grupo de delincuentes.
Danilo sabe que es el que menos puede hablar de transparencia y de ética, porque demostró hasta la saciedad como se burlaba de los dominicanos, hasta el extremo de confabularse con personajes muy específico de la sociedad para causar daños irreparables a la República Dominicana.
Sin embargo, en el marco de estas persecuciones tampoco debe cantar victoria el representante de la otra corriente que operó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, quien ahora habla como si su comportamiento hubiera sido diferente.
Ni Danilo ni Leonel tienen autoridad moral para declararse como abanderado de la ética y la moral de la sociedad dominicana, porque ambos están metidos hasta los tuétanos en las travesuras promovidas desde sus administraciones para que personas muy específicas hoy exhiban fortunas mal habidas y bochornosas que no tienen justificación desde ninguna perspectiva en la administración pública y en la nación.
El pasado domingo constituye un referente muy importante para la preocupación de la mayoría de la gente para que se le ponga un coto a los desmanes de los políticos que llegan al Gobierno con un discurso que se contrapone con su conducta y que no tienen miramiento para llevárselo todo en detrimento de la tranquilidad de la familia dominicana.
A buena hora!
Sin que tenga la necesidad, aunque la justificación podría estar explicada en un problema de ignorancia, intereses o de miedo, el gobierno de Luis Abinader, tal vez el peor en lo que respecta a irrespetar el orden constitucional establecido, no se detiene en su imitación de lo que ocurre en los Estados Unidos.
Este periódico ha dicho y ahora por igual lo repite que la constitucionalización del derecho conlleva una gran confrontación con una partidocracia que ha demostrado históricamente que no cree en la ley ordinaria y orgánica, pero mucho menos en la carta magna.
El respeto de la Constitución es parte de una retórica que forma parte de una formalidad que en la realidad no tiene ningún valor, lo cual implica un alto riesgo para la democracia nacional.
El comportamiento del gobierno del PRM y Luis Abinader no difiere en prácticamente nada con los demás que conforman la llamada partidocracia, pero éste por la poca formación que lo caracteriza para conducir el Estado incurre en peores errores que los que le precedieron.
Desde el punto de vista de la jurisprudencia nacional e internacional el actual gobierno ha llegado a extremos que pueden crear serios escollos jurídicos, políticos y sociales al país, porque ponen en cuestionamiento todo el sistema legal, la seguridad jurídica y la justicia constitucional y convencional, la cual se fundamenta en los derechos fundamentales.
La audacia parece ser cada día más peligrosa, porque Abinader y su gente lucen no tener presente que la República Dominicana es el único país del mundo donde se produjo una revuelta armada para exigir el respeto a la constitucionalidad con el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.
Sin embargo, Abinader no para de cometer torpezas que violentan de forma vulgar la Constitución y todo el derecho internacional, en algunos casos por razones de geopolítica y otras veces por responder a los intereses de la desgraciada partidocracia.
El presidente actúa sobre la base de los parámetros que impone la administración de Donald Trump, que es experto en violar la Constitución de los Estados Unidos y todo el derecho internacional.
Y definitivamente Abinader ha decidido acompañar a Trump en sus andanzas en contra del orden legal internacional y de lo que dispone el derecho interno, cuyos mejores ejemplos, entre muchos otros, está el decreto que promulga la Ley 13-26 que persigue eliminar las candidaturas independientes, pese a que las mismas ya son el resultado de una interpretación del órgano facultado para ello como lo es el Tribunal Constitucional, cuya corte sentó una jurisprudencia al respecto que debe ser respetada por todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, que preside el presidente de la República.
Pero el jefe de Estado dominicano no tiene la menor idea de nada y en consecuencia ahora incurre, tal vez por miedo a las travesuras de Trump, a firmar un memorando de entendimiento para recibir indocumentados deportados a terceros países por disposición de los Estados Unidos, el cual debió conocerse en el Congreso Nacional.
La vocación anti-constitucional de Abinader es de tal magnitud que aun con el control del Congreso Nacional, cuyos diputados y senadores aprobarían el referido acuerdo, aunque vulnera la Constitución, él no ve necesario acudir a ellos por lo ocurrido anteriormente con la carta magna y que esa conducta no ha recibido la respuesta que se produciría en cualquier pueblo con un menor nivel de contaminación y enfermedad que el dominicano.
Sólo falta esperar cuál será el próximo paso en términos de violación constitucional de un gobierno que no siente ningún respeto por el orden legal, la justicia constitucional y el derecho internacional, lo que podría implicar una grave amenaza para la democracia nacional.
La democracia dominicana tras la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina ha sido una falsa, una mentira que se apoya en unos supuestos avances del Estado Social Democrático de Derecho.
Precisamente en esa falsa descansa la verdad sobre el derrocamiento del gobierno que presidió el profesor Juan Bosch en el 1963, cuya revuelta armada derivada de la acción ilegal tuvo como razón de ser el retorno a la constitucionalidad.
Pero la experiencia sirvió de poco, porque la violación de lo consignado en la ley de leyes sigue siendo el pan de cada día, lo que provoca que los derechos fundamentales no sean más que una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Lo que ocurre en el país desde hace décadas era para que ya hubiera habido varias revoluciones armadas por irrespetar la ley sustantiva de la nación, pero todo parece indicar que la sensibilidad del ciudadano con estos temas ha sido doblegada para siempre.
La reciente promulgación de la Ley 13-26 debió ser un motivo más que suficiente para que el ciudadano se lanzara a las calles pacíficamente para exigir el respeto a la constitución de la República, violada descaradamente por el presidente Luis Abinader y su Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos diputados y senadores se han ganado la calificación de ser los más conservadores de la historia política del país.
Lo peor de todo lo que ocurre es que cada día los funcionarios públicos y los propios actores de la partidocracia hablan de la constitución como si fuera un documento respetable y sagrado.
La cuestión es que los que mantienen esa actitud no se dan cuenta que provocan lo peor, porque su miopía política indica que les conviene más continuar con la simulación de que la dominicana es una sociedad democrática, porque lo que podría venir puede ser mucho peor.
Ya este periódico lo había advertido que la torpeza de Abinader no llega más allá de una imitación vulgar de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Donald Trump no emite una orden ejecutiva que no choque con la carta magna.
Pero la mejor resignación no puede ser otra que decir que no se le puede pedir peras al olmo, ya que la incapacidad de las actuales autoridades no deja otra opción que tolerar su torpeza y su falta de formación para dirigir el Estado dominicano.
Pero a los dominicanos tener mucho cuidado con esa tolerancia con el que no tiene la capacidad para dirigir el Estado, porque el país podría entrar en una crisis que lo coloque en el mismo sitial de una nación como la vecina Haití, donde nada es creíble y donde el Estado colapsó para siempre, sin posibilidades reales de recuperación.
Ojo pelao.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), como en los mejores tiempos del que es su base de sustentación, el PRD, no tiene ningún reparo en violar, no sólo la ley ordinaria y orgánica, sino la Constitución de la República.
El PRM es tal vez el mejor ejemplo de la doble moral que enarbolan los partidos políticos, con el agravante de que también es ignorante de lo que implica la conducción del Estado, cuya incapacidad ha sumergido a la sociedad dominicana en los tiempos de la caverna.
En la práctica esta organización política es la negación de la eficiencia, la planificación estratégica y otras virtudes que deben adornar a cualquier político que busque dirigir la nación desde una perspectiva de progreso, crecimiento y desarrollo humano.
El PRM es una muestra muy elocuente de esa cultura de improvisación que arrastra el dominicano desde los tiempos de la colonia, todo como resultado de la herencia dejada por la religión católica apostólica y romana, a diferencia de las naciones que se inclinaron por el protestantismo de Martin Lutero de 1517 como una forma de darle una connotación politica a una confrontación contra España, cuya razón de ser era económica y social, ya que en ese momento era la dueña de las riquezas en América.
La administración del PRM, que cumplirá ocho años, se suma a la gran desgracia nacional que tiene su explicación en acontecimiento tan nobles como la guerra restauradora, cuyos buenos resultados en vez de aprovecharse en favor de una nación pobre y golpeado por los imperios, fue utilizada para apartar, perseguir y matar a sus héroes.
Esa conducta que distorsiona los mejores intereses nacionales ahora es replicada por el PRM, cuyos dirigentes son una especie de fiel representación del tigueraje nacional, que se caracteriza por no tener escrúpulo para actuar en una u otra dirección.
Pero el problema es mucho más complejo que el que proyecta y simboliza el PRM, porque el escenario está lleno de estos antivalores de la política, tanto es así que hay otros del mismo carácter tan o más dañino que éste, lo que ha generalizado el criterio de que se trata de un sistema que representa un partido único, cuya sola diferencia es el color que usan y los nombres de sus principales actores, aunque proceden de la misma manera cuanto se trata de la implementación de políticas públicas, las cuales tienen como sustento la corrupción administrativa y la incapacidad para manejar el patrimonio nacional.
El desastre que representa el PRM por mucho que se quiera pregonar algún progreso en términos gubernamentales, no pasa de una mentira que nadie cree después de los ocho años de Abinader, cuya deuda social acumulada, asi como el endeudamiento externa e interna y el aumento desproporcionado del gasto público y una política exterior más conservadora y negadora del derecho internacional.
Por lo que se ve, el retroceso generado por el PRM en el país podría implicar que para superar su pésima gestión la nación tendrá que pasarse décadas, si es que en el camino surge una propuesta que realmente ame a la República Dominicana y piense en la dignidad del pueblo.
De lo que sí se puede estar seguro es que el PRM parece que dejará la sociedad dominicana en una situación que para superarla son muchos los sacrificios que habrá que hacer, sobre todo porque sus acciones en violación del derecho constitucional tienen una grave repercusión en la seguridad jurídica, lo que incluso podría reducir una de las fuentes de alimentación de la economía nacional como es la inversión extranjera directa, así como el turismo y la remesa nacional.
Ya es poco lo que se puede esperar de un país en el que el presidente de la República encabeza las ilegalidades cometidas en contra de jurisprudencias del Tribunal Constitucional (TC), cuyas acciones antijurídicas colocan al Estado a la zaga de las demás naciones de la comunidad internacional, donde el derecho comparado es un referente importante para medir la calidad de sus democracias.