Editorial
Un reto que impactará la sociedad y la democracia dominicanas
Los apresamientos iniciados por la Procuraduría General de la República ya comienzan a sufrir los embates de los que tienen mucho que ver con el mal, pero que en el marco de su politiquería procuran vender como un abuso de poder lo que la gente pide a gritos para que los politiqueros inescrupulosos, que les importa muy poco llevarse el país entre sus garras, paguen por sus acciones.
El primero en salir en defensa de los apresados fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo vocero lo fue el ex-procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha mostrado una conducta muy dudosa y difusa con la que envía el mensaje que no es de aquí de allá, es decir, que no es corrupto, pero que defiende a sus compañeros que si son responsables de cosas muy escandalosas.
Domínguez Brito parece apoyarse en una doble moral, porque al propio tiempo en que se quiere vender como limpio de corrupción, salen a la superficie cuestiones que comprometen su simulada actitud ética, ya que en la lista de embajadores que fueron declarados como de carrera aparecen varias hermanas de él, pero además su oficina de abogados representa una serie de instituciones del Estado a pesar de que éste ha ocupado al mismo tiempo una serie de posiciones en la administración pública, lo cual riña con la ética.
El segundo en proclamar que se trata de un atropello y una cobardía el apresamiento de sus hermanos corruptos fue Danilo Medina, pero que nadie cree en el territorio nacional que ex-presidente no tuviera al tanto de lo que hacían sus hermanos, quien se volvió loco en el poder y hasta proyectó la idea de que quería quedarse en la presidencia de la República por tiempo indefinido.
Es una vergüenza el hecho de que un expresidente quiera venderle a los dominicanos la mentira como verdad, porque él sabe muy bien que en su Gobierno la corrupción se volvió incontrolable y que hoy son muchos los que pueden exhibir grandes fortunas que no tienen forma de justificar.
Y es importante dejar claro que el propio expresidente Medina Sánchez también está obligado a responder como su hermano por su proceder al margen de la ética y de la confianza que el pueblo depositó en él.
El asunto es tan grave que Danilo Medina tiene que saber que en la República Dominicana se regó como pólvora que él era el soporte de los grupos que se movían alrededor del asesinado alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, entre cuyos colaboradores económicos de su facción a lo interno del PLD estuvo el narcotraficante Cesar Emilio Peralta (El Abusador), quien recibió toda la protección del pasado Gobierno.
Danilo Medina tampoco puede negar que mantuvo en el Gobierno por encima de todo el mundo a la esposa de los Santos, Berlinesa Franco, hermana de Marisol, la compañera sentimental de El Abusador, hasta que estalló otro escándalo que tuvo que sacarla de la administración pública como directora general del INAIPI, lo cual amerita aclarar los vínculos que tuvo el exmandatario con ese grupo de delincuentes.
Danilo sabe que es el que menos puede hablar de transparencia y de ética, porque demostró hasta la saciedad como se burlaba de los dominicanos, hasta el extremo de confabularse con personajes muy específico de la sociedad para causar daños irreparables a la República Dominicana.
Sin embargo, en el marco de estas persecuciones tampoco debe cantar victoria el representante de la otra corriente que operó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, quien ahora habla como si su comportamiento hubiera sido diferente.
Ni Danilo ni Leonel tienen autoridad moral para declararse como abanderado de la ética y la moral de la sociedad dominicana, porque ambos están metidos hasta los tuétanos en las travesuras promovidas desde sus administraciones para que personas muy específicas hoy exhiban fortunas mal habidas y bochornosas que no tienen justificación desde ninguna perspectiva en la administración pública y en la nación.
El pasado domingo constituye un referente muy importante para la preocupación de la mayoría de la gente para que se le ponga un coto a los desmanes de los políticos que llegan al Gobierno con un discurso que se contrapone con su conducta y que no tienen miramiento para llevárselo todo en detrimento de la tranquilidad de la familia dominicana.
A buena hora!
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.