Editorial
Un reto que impactará la sociedad y la democracia dominicanas
Los apresamientos iniciados por la Procuraduría General de la República ya comienzan a sufrir los embates de los que tienen mucho que ver con el mal, pero que en el marco de su politiquería procuran vender como un abuso de poder lo que la gente pide a gritos para que los politiqueros inescrupulosos, que les importa muy poco llevarse el país entre sus garras, paguen por sus acciones.
El primero en salir en defensa de los apresados fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyo vocero lo fue el ex-procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha mostrado una conducta muy dudosa y difusa con la que envía el mensaje que no es de aquí de allá, es decir, que no es corrupto, pero que defiende a sus compañeros que si son responsables de cosas muy escandalosas.
Domínguez Brito parece apoyarse en una doble moral, porque al propio tiempo en que se quiere vender como limpio de corrupción, salen a la superficie cuestiones que comprometen su simulada actitud ética, ya que en la lista de embajadores que fueron declarados como de carrera aparecen varias hermanas de él, pero además su oficina de abogados representa una serie de instituciones del Estado a pesar de que éste ha ocupado al mismo tiempo una serie de posiciones en la administración pública, lo cual riña con la ética.
El segundo en proclamar que se trata de un atropello y una cobardía el apresamiento de sus hermanos corruptos fue Danilo Medina, pero que nadie cree en el territorio nacional que ex-presidente no tuviera al tanto de lo que hacían sus hermanos, quien se volvió loco en el poder y hasta proyectó la idea de que quería quedarse en la presidencia de la República por tiempo indefinido.
Es una vergüenza el hecho de que un expresidente quiera venderle a los dominicanos la mentira como verdad, porque él sabe muy bien que en su Gobierno la corrupción se volvió incontrolable y que hoy son muchos los que pueden exhibir grandes fortunas que no tienen forma de justificar.
Y es importante dejar claro que el propio expresidente Medina Sánchez también está obligado a responder como su hermano por su proceder al margen de la ética y de la confianza que el pueblo depositó en él.
El asunto es tan grave que Danilo Medina tiene que saber que en la República Dominicana se regó como pólvora que él era el soporte de los grupos que se movían alrededor del asesinado alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, entre cuyos colaboradores económicos de su facción a lo interno del PLD estuvo el narcotraficante Cesar Emilio Peralta (El Abusador), quien recibió toda la protección del pasado Gobierno.
Danilo Medina tampoco puede negar que mantuvo en el Gobierno por encima de todo el mundo a la esposa de los Santos, Berlinesa Franco, hermana de Marisol, la compañera sentimental de El Abusador, hasta que estalló otro escándalo que tuvo que sacarla de la administración pública como directora general del INAIPI, lo cual amerita aclarar los vínculos que tuvo el exmandatario con ese grupo de delincuentes.
Danilo sabe que es el que menos puede hablar de transparencia y de ética, porque demostró hasta la saciedad como se burlaba de los dominicanos, hasta el extremo de confabularse con personajes muy específico de la sociedad para causar daños irreparables a la República Dominicana.
Sin embargo, en el marco de estas persecuciones tampoco debe cantar victoria el representante de la otra corriente que operó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, quien ahora habla como si su comportamiento hubiera sido diferente.
Ni Danilo ni Leonel tienen autoridad moral para declararse como abanderado de la ética y la moral de la sociedad dominicana, porque ambos están metidos hasta los tuétanos en las travesuras promovidas desde sus administraciones para que personas muy específicas hoy exhiban fortunas mal habidas y bochornosas que no tienen justificación desde ninguna perspectiva en la administración pública y en la nación.
El pasado domingo constituye un referente muy importante para la preocupación de la mayoría de la gente para que se le ponga un coto a los desmanes de los políticos que llegan al Gobierno con un discurso que se contrapone con su conducta y que no tienen miramiento para llevárselo todo en detrimento de la tranquilidad de la familia dominicana.
A buena hora!
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.