Editorial
Son Casos Recurrentes en la Justicia Dominicana.
Son innumerables los casos de acusaciones de corrupción que no resisten su ventilación en por lo menos la segunda fase de la investigación y aportación de pruebas como son los juicios preliminares.
Estos casos muy difícilmente llegan a los juicios de fondo, no porque no hayan pruebas que así lo ameriten, sino porque todo el tejido social dominicano está lleno de complicidades.
Hay una verdadera vocación de tapar lo mal hecho y la mayoría de las veces ocurre porque el órgano responsable de perseguir el delito y el crimen como lo es el Ministerio Público no cumple con su misión.
Generalmente el Ministerio Público no investiga nada, pese a la existencia de elementos que comprometen al imputado y al final los fiscales terminan vinculados por complicidad con el responsable del hecho punible.
Tanto es así que los fiscales cuando tienen que investigar no lo hacen para garantizar la impunidad que ha prevalecido por décadas en la sociedad dominicana y cuando no el expediente se cae por tener base de sustentación.
Un recurso del que se agarra el Ministerio Público es el archivo provisional o definitivo de los expedientes de corrupción, lo cual ha generado que la gente no crea en procesos como el que se desarrolla ahora con la familia del expresidente Danilo Medina.
Sin embargo, en este caso la situación podría desbordar los limites que establecen la institucionalidad y la aplicación de la ley, porque todo parece indicar que la sociedad no toleraría un nuevo cuento de los encargados de aplicar la ley, llámese fiscales y jueces.
La situación presentada con el encausamiento de lo que parece ser una banda de delincuentes estimulada y apoyada desde las más altas instancias del poder, que hace prácticamente imposible la repetición de la historia de irresponsabilidad que ha caracterizado el sistema de justicia en la República Dominicana, crea muchas expectativas en una población con ansia de que las cosas se hagan de manera diferente para bien de la preservación de la nación.
El domingo es un día crucial para gobernantes y gobernados en el país, ya que si este proceso fracasa quedaría consumado el hecho de que en la República Dominicana no hay nada que pueda más que la corrupción que practican los políticos cuando llegan al poder, pero además podría ser una razón más que suficiente para que amplios segmentos de la población se lancen a las calles a exigir respeto al patrimonio público.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en el presente proceso de combate a la corrupción, y es que si la investigación no sigue su curso, sobre todo después de que los primeros diez sean castigados, entonces se consideraría que la misma es discriminatoria y parcializada, lo cual también es un motivo para que no tenga ninguna credibilidad.
De manera, que no hay forma de que el desenlace no sea de que por primera vez haya una verdadera vocación de combate al principal lastre que provoca que la sociedad dominicana esté llena de carencias y precariedades en razón de que prácticamente todos los recursos públicos se quedan en las carteras de una serie de politiqueros inescrupulosos que no tienen ninguna piedad con los que menos tienen cuando de robar el patrimonio del Estado se trata.
El dominicano debe estar atento y en espera de los resultados que arrojará el presente caso para entonces concebir los que serían los próximos pasos a dar, porque de no ser como se espera el país no tiene otro destino que sucumbir ante los escandalosos actos de corrupción que se producen y se repiten regularmente.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.