Son innumerables los casos de acusaciones de corrupción que no resisten su ventilación en por lo menos la segunda fase de la investigación y aportación de pruebas como son los juicios preliminares.
Estos casos muy difícilmente llegan a los juicios de fondo, no porque no hayan pruebas que así lo ameriten, sino porque todo el tejido social dominicano está lleno de complicidades.
Hay una verdadera vocación de tapar lo mal hecho y la mayoría de las veces ocurre porque el órgano responsable de perseguir el delito y el crimen como lo es el Ministerio Público no cumple con su misión.
Generalmente el Ministerio Público no investiga nada, pese a la existencia de elementos que comprometen al imputado y al final los fiscales terminan vinculados por complicidad con el responsable del hecho punible.
Tanto es así que los fiscales cuando tienen que investigar no lo hacen para garantizar la impunidad que ha prevalecido por décadas en la sociedad dominicana y cuando no el expediente se cae por tener base de sustentación.
Un recurso del que se agarra el Ministerio Público es el archivo provisional o definitivo de los expedientes de corrupción, lo cual ha generado que la gente no crea en procesos como el que se desarrolla ahora con la familia del expresidente Danilo Medina.
Sin embargo, en este caso la situación podría desbordar los limites que establecen la institucionalidad y la aplicación de la ley, porque todo parece indicar que la sociedad no toleraría un nuevo cuento de los encargados de aplicar la ley, llámese fiscales y jueces.
La situación presentada con el encausamiento de lo que parece ser una banda de delincuentes estimulada y apoyada desde las más altas instancias del poder, que hace prácticamente imposible la repetición de la historia de irresponsabilidad que ha caracterizado el sistema de justicia en la República Dominicana, crea muchas expectativas en una población con ansia de que las cosas se hagan de manera diferente para bien de la preservación de la nación.
El domingo es un día crucial para gobernantes y gobernados en el país, ya que si este proceso fracasa quedaría consumado el hecho de que en la República Dominicana no hay nada que pueda más que la corrupción que practican los políticos cuando llegan al poder, pero además podría ser una razón más que suficiente para que amplios segmentos de la población se lancen a las calles a exigir respeto al patrimonio público.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en el presente proceso de combate a la corrupción, y es que si la investigación no sigue su curso, sobre todo después de que los primeros diez sean castigados, entonces se consideraría que la misma es discriminatoria y parcializada, lo cual también es un motivo para que no tenga ninguna credibilidad.
De manera, que no hay forma de que el desenlace no sea de que por primera vez haya una verdadera vocación de combate al principal lastre que provoca que la sociedad dominicana esté llena de carencias y precariedades en razón de que prácticamente todos los recursos públicos se quedan en las carteras de una serie de politiqueros inescrupulosos que no tienen ninguna piedad con los que menos tienen cuando de robar el patrimonio del Estado se trata.
El dominicano debe estar atento y en espera de los resultados que arrojará el presente caso para entonces concebir los que serían los próximos pasos a dar, porque de no ser como se espera el país no tiene otro destino que sucumbir ante los escandalosos actos de corrupción que se producen y se repiten regularmente.