Editorial
Son Casos Recurrentes en la Justicia Dominicana.
Son innumerables los casos de acusaciones de corrupción que no resisten su ventilación en por lo menos la segunda fase de la investigación y aportación de pruebas como son los juicios preliminares.
Estos casos muy difícilmente llegan a los juicios de fondo, no porque no hayan pruebas que así lo ameriten, sino porque todo el tejido social dominicano está lleno de complicidades.
Hay una verdadera vocación de tapar lo mal hecho y la mayoría de las veces ocurre porque el órgano responsable de perseguir el delito y el crimen como lo es el Ministerio Público no cumple con su misión.
Generalmente el Ministerio Público no investiga nada, pese a la existencia de elementos que comprometen al imputado y al final los fiscales terminan vinculados por complicidad con el responsable del hecho punible.
Tanto es así que los fiscales cuando tienen que investigar no lo hacen para garantizar la impunidad que ha prevalecido por décadas en la sociedad dominicana y cuando no el expediente se cae por tener base de sustentación.
Un recurso del que se agarra el Ministerio Público es el archivo provisional o definitivo de los expedientes de corrupción, lo cual ha generado que la gente no crea en procesos como el que se desarrolla ahora con la familia del expresidente Danilo Medina.
Sin embargo, en este caso la situación podría desbordar los limites que establecen la institucionalidad y la aplicación de la ley, porque todo parece indicar que la sociedad no toleraría un nuevo cuento de los encargados de aplicar la ley, llámese fiscales y jueces.
La situación presentada con el encausamiento de lo que parece ser una banda de delincuentes estimulada y apoyada desde las más altas instancias del poder, que hace prácticamente imposible la repetición de la historia de irresponsabilidad que ha caracterizado el sistema de justicia en la República Dominicana, crea muchas expectativas en una población con ansia de que las cosas se hagan de manera diferente para bien de la preservación de la nación.
El domingo es un día crucial para gobernantes y gobernados en el país, ya que si este proceso fracasa quedaría consumado el hecho de que en la República Dominicana no hay nada que pueda más que la corrupción que practican los políticos cuando llegan al poder, pero además podría ser una razón más que suficiente para que amplios segmentos de la población se lancen a las calles a exigir respeto al patrimonio público.
Otro factor que se debe tomar en cuenta en el presente proceso de combate a la corrupción, y es que si la investigación no sigue su curso, sobre todo después de que los primeros diez sean castigados, entonces se consideraría que la misma es discriminatoria y parcializada, lo cual también es un motivo para que no tenga ninguna credibilidad.
De manera, que no hay forma de que el desenlace no sea de que por primera vez haya una verdadera vocación de combate al principal lastre que provoca que la sociedad dominicana esté llena de carencias y precariedades en razón de que prácticamente todos los recursos públicos se quedan en las carteras de una serie de politiqueros inescrupulosos que no tienen ninguna piedad con los que menos tienen cuando de robar el patrimonio del Estado se trata.
El dominicano debe estar atento y en espera de los resultados que arrojará el presente caso para entonces concebir los que serían los próximos pasos a dar, porque de no ser como se espera el país no tiene otro destino que sucumbir ante los escandalosos actos de corrupción que se producen y se repiten regularmente.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.