De dos en dos, protegidos con chalecos antibalas, fueron trasladados los acusados desde el Centro de Detención, ubicado en la cuarta planta del edificio, hasta el ascensor del tercer nivel. Los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, fueron los primeros en entrar a la sala.

En las mismas condiciones, y con estrictas medidas de seguridad, continuaron bajando cada uno de los imputados.

En las afueras, la calle principal estaba clausurada e interceptada por  vehículos de la Unidad Táctica Antimotines. Mientras la Policía Nacional rodeaba el área, en la cima de las escaleras que llevan a la Fiscalía, cinco militares del Ejército Nacional custodiaban las puertas del lugar.

Entre la entrada de uno y otro abogado de los incriminados, en profundo silencio llegaron más tarde Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Asimismo, tras él, ingresó la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Un cerco de agentes de seguridad protegió a la magistrada, en su trayecto desde la explanada de la Fiscalía hasta el tribunal. Una vez dentro, de tres vehículos fueron desmontados libros sobre derecho y valijas de apariencia pesada con expedientes y evidencias recopiladas durante la Operación Anti-Pulpo. Finalmente, llegó el juez José Alejandro Vargas, quien caminaba con  tranquilidad hacia la sala de audiencia en la que se decidiría el futuro de los exfuncionarios y allegados que el Ministerio Público acusó de “estafar y desfalcar al Estado dominicano”, aprovechando los cargos otorgados en las pasadas gestiones del expresidente Danilo Medina.

Pasados 15 minutos después de las 10:00 de la mañana, el Ministerio Publico inició el conocimiento de medida de coerción.

En el desarrollo de la audiencia, alrededor de las 11:45 de la mañana, algunos  defensores de los acusados solicitaron el aplazamiento de la medida. Sin embargo, recibieron como respuesta del juez un receso de 45 minutos para conversar con sus clientes e ir al baño si lo requerían.

“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.

Esta primera pausa fue aprovechada por la defensa de los imputados para exponer ante la prensa sus posturas sobre las acusaciones a sus clientes, mientras que estos últimos hicieron uso del tiempo para acudir al baño. Una constante entre ellos era salir cabizbajos o con el rostro entre las manos rodeados por miembros de la Utar.

El motivo del receso fue darles la oportunidad a los defensores de conocer a los inculpados, ya que algunos alegaron desconocer informaciones de sus clientes.

“El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputados y ahí le preguntan todo”, expresó el juez.

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“A discutir derecho”

Al mediodía fue retomada la audiencia, momento cuando la barra del Ministerio Público procedió a presentar su defensa.

La Procuraduría, representada por Yeni Berenice, dejó en claro que asistió a defender las arcas del Estado y no a perder el tiempo. “La barra del Ministerio Público vino aquí  a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y, en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la magistrada ante la audiencia. Horas después, se inició un segundo receso de 10 minutos en el que se le vio salir junto a otros fiscales.

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