Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.Más Noticias
Mucha tensión dentro y fuera del tribunal
Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.De dos en dos, protegidos con chalecos antibalas, fueron trasladados los acusados desde el Centro de Detención, ubicado en la cuarta planta del edificio, hasta el ascensor del tercer nivel. Los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, fueron los primeros en entrar a la sala.
En las mismas condiciones, y con estrictas medidas de seguridad, continuaron bajando cada uno de los imputados.
En las afueras, la calle principal estaba clausurada e interceptada por vehículos de la Unidad Táctica Antimotines. Mientras la Policía Nacional rodeaba el área, en la cima de las escaleras que llevan a la Fiscalía, cinco militares del Ejército Nacional custodiaban las puertas del lugar.
Entre la entrada de uno y otro abogado de los incriminados, en profundo silencio llegaron más tarde Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Asimismo, tras él, ingresó la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Un cerco de agentes de seguridad protegió a la magistrada, en su trayecto desde la explanada de la Fiscalía hasta el tribunal. Una vez dentro, de tres vehículos fueron desmontados libros sobre derecho y valijas de apariencia pesada con expedientes y evidencias recopiladas durante la Operación Anti-Pulpo. Finalmente, llegó el juez José Alejandro Vargas, quien caminaba con tranquilidad hacia la sala de audiencia en la que se decidiría el futuro de los exfuncionarios y allegados que el Ministerio Público acusó de “estafar y desfalcar al Estado dominicano”, aprovechando los cargos otorgados en las pasadas gestiones del expresidente Danilo Medina.
Pasados 15 minutos después de las 10:00 de la mañana, el Ministerio Publico inició el conocimiento de medida de coerción.
En el desarrollo de la audiencia, alrededor de las 11:45 de la mañana, algunos defensores de los acusados solicitaron el aplazamiento de la medida. Sin embargo, recibieron como respuesta del juez un receso de 45 minutos para conversar con sus clientes e ir al baño si lo requerían.
“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.
Esta primera pausa fue aprovechada por la defensa de los imputados para exponer ante la prensa sus posturas sobre las acusaciones a sus clientes, mientras que estos últimos hicieron uso del tiempo para acudir al baño. Una constante entre ellos era salir cabizbajos o con el rostro entre las manos rodeados por miembros de la Utar.
El motivo del receso fue darles la oportunidad a los defensores de conocer a los inculpados, ya que algunos alegaron desconocer informaciones de sus clientes.
“El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputados y ahí le preguntan todo”, expresó el juez.
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“A discutir derecho”
Al mediodía fue retomada la audiencia, momento cuando la barra del Ministerio Público procedió a presentar su defensa.
La Procuraduría, representada por Yeni Berenice, dejó en claro que asistió a defender las arcas del Estado y no a perder el tiempo. “La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y, en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la magistrada ante la audiencia. Horas después, se inició un segundo receso de 10 minutos en el que se le vio salir junto a otros fiscales.
listindiario.com
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Tráfico de inmigrantes genera detención de cuatro personas, incluido un teniente retirado de la Policía Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Un haitiano y tres dominicanos, incluido un segundo teniente retirado de la Policía Nacional, fueron arrestados por el Ejército de la República Dominicana (ERD) por ingresar indocumentados por diferentes puntos de las provincias Montecristi, Valverde y San Juan de la Maguana.
Una de las detenciones se produjo en la comunidad Martín García en Montecristi, donde un nacional haitiano, identificado por las autoridades dominicanas como Lico Pie, de unos 30 años de edad, fue atrapado con un grupo de 11 indocumentados.
En un comunicado de prensa, el ERD señaló a Pie como «uno de los denominados poteas», el equivalente criollo de los coyotes mexicanos que se encargan de transportar a los migrantes irregulares a través de la frontera entre Haití y República Dominicana.
En ese sentido, la nota señala que el haitiano guiaba al grupo de indocumentados por una zona boscosa de Montecristi.Además de las detenciones, las unidades del ERD que actuaron ocuparon un arma de las denominadas chilena y una cápsula para la misma, a Pie, quien será enviado a la justicia, agrega la nota del Ejército.
Segundo teniente retirado y otros traficantes de indocumentados
También en Montecristi, miembros del Ejército dominicano en el puesto de chequeo Mangá detuvieron a José Amado Vargas Guzmán, cuando salía de un callejón en las inmediaciones de Cerro Gordo conduciendo un carro marca Toyota Camry, color dorado, transportando un grupo de 16 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.
Mientras que en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, fueron detenidos dos hombres intentando evadir un puesto de chequeo en la salida Las Matas-Elías Piña, por un callejón del barrio el Cajuil, también mientras transportaban a indocumentados.
Los detenidos, quienes transitaban en un carro marca Kia, color blanco, con tres nacionales haitianos sin documentos, fueron identificados como Roque Guzmán Paulino y el segundo teniente retirado de la Policía, Arcadio Ramón García, este último portaba una pistola marca Tauro, calibre 9 milímetro con numeración ilegible.
Más indocumentados detenidos en Valverde
En otro operativo militar realizado en Mao, Valverde, fueron interceptados dos vehículos que transportaban a nacionales haitianos en situación irregular.
Próximo al Distrito Municipal Boca de Mao, miembros del Ejército ordenaron parar dos minivans, ambas marca Toyota Previa, de color blanca y roja, cuyos conductores hicieron caso omiso, por lo que fue necesario darle seguimiento.
Cuando lograron alcanzarlos, fueron detenidos siete nacionales haitianos sin documentación, mientras que los conductores y otros indocumentados emprendieron la huida.
Los detenidos, los vehículos y un arma de fabricación casera fueron llevados a la 4ta. Brigada de Infantería ERD, para los fines procedentes.
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Miles de católicos participan en la caminata “Un Paso por mi Familia” en el Gran Santo Domingo y Santiago
«Un Paso por mi Familia» es el título de una serie de caminatas que se han celebrado este domingo en parroquias de la Iglesia Católica del Gran Santo Domingo y Santiago, en la que miles de personas se reúnen en una actividad que busca promover la unidad y el fortalecimiento de los valores familiares en la sociedad.
En la capital, los participantes se congregan en la intersección de la avenida George Washington con Abraham Lincoln, donde comenzaron su recorrido en un ambiente de alegría y confraternidad. Mientras tanto, en Santiago, la caminata partió desde la Catedral de Santiago Apóstol y culminó en el Parque Central, en el corazón de la ciudad.
Ambos eventos se marcan por la participación de familias completas, quienes caminaron juntas en una manifestación de apoyo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los organizadores destacan la importancia de esta actividad como un llamado a la reflexión sobre el rol de las familias en la construcción de una sociedad más solidaria y cohesionada.
Durante las caminatas, los asistentes llevan pancartas con mensajes sobre la paz, la unidad y la protección de los derechos familiares, mientras disfrutan de una mañana llena de espiritualidad y convivencia.
La actividad, organizada por la Iglesia Católica y apoyada por diversas instituciones locales, se consideran uno de los eventos más importantes del año en cuanto a la promoción de los valores cristianos y la integración familiar.
SANTO DOMINGO.- Por violaciones de seguridad y salud, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar la construcción de una torre en el exclusivo sector de Piantini, en esta capital tras el fallecimiento de un obrero de nacionalidad haitiana.
En un documento remitido a medios de comunicacion el organismo oficial dice que una exhaustiva inspección técnica, encabezada por el director de Coordinación de Inspectoría de Trabajo del Ministerio, Juan Ramón Ventura, confirmó que la constructora involucrada incumplió importantes regulaciones legales. No especificó el nombre de esta compañía ni tampoco los de sus ejecutivos.
Entre ellas menciona los artículos 436 del Código de Trabajo, 13 del Reglamento 522-06 y 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), normativas que –según resalta- son esenciales para garantizar condiciones laborales seguras y dignas.
Ventura destacó que esta medida tiene como objetivo principal reafirmar el compromiso del Ministerio de Trabajo con la protección de los derechos y la seguridad de la clase trabajadora.
“Es fundamental que las empresas del sector construcción cumplan de manera estricta las normativas vigentes para asegurar un entorno laboral seguro y respetuoso de los derechos de sus empleados”, subrayó.
Asimismo, el funcionario aseguró que las actividades de la constructora podrán reanudarse únicamente después de que se corrijan las irregularidades detectadas y se garantice el cumplimiento pleno de las leyes y reglamentos que velan por la seguridad de los trabajadores.
“Con acciones como esta, el Ministerio de Trabajo reafirma su compromiso con la promoción de un ambiente laboral seguro, que priorice la vida y la dignidad de los trabajadores en todos los sectores productivos”, dijo.