Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.Más Noticias
Mucha tensión dentro y fuera del tribunal
Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.De dos en dos, protegidos con chalecos antibalas, fueron trasladados los acusados desde el Centro de Detención, ubicado en la cuarta planta del edificio, hasta el ascensor del tercer nivel. Los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, fueron los primeros en entrar a la sala.
En las mismas condiciones, y con estrictas medidas de seguridad, continuaron bajando cada uno de los imputados.
En las afueras, la calle principal estaba clausurada e interceptada por vehículos de la Unidad Táctica Antimotines. Mientras la Policía Nacional rodeaba el área, en la cima de las escaleras que llevan a la Fiscalía, cinco militares del Ejército Nacional custodiaban las puertas del lugar.
Entre la entrada de uno y otro abogado de los incriminados, en profundo silencio llegaron más tarde Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Asimismo, tras él, ingresó la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Un cerco de agentes de seguridad protegió a la magistrada, en su trayecto desde la explanada de la Fiscalía hasta el tribunal. Una vez dentro, de tres vehículos fueron desmontados libros sobre derecho y valijas de apariencia pesada con expedientes y evidencias recopiladas durante la Operación Anti-Pulpo. Finalmente, llegó el juez José Alejandro Vargas, quien caminaba con tranquilidad hacia la sala de audiencia en la que se decidiría el futuro de los exfuncionarios y allegados que el Ministerio Público acusó de “estafar y desfalcar al Estado dominicano”, aprovechando los cargos otorgados en las pasadas gestiones del expresidente Danilo Medina.
Pasados 15 minutos después de las 10:00 de la mañana, el Ministerio Publico inició el conocimiento de medida de coerción.
En el desarrollo de la audiencia, alrededor de las 11:45 de la mañana, algunos defensores de los acusados solicitaron el aplazamiento de la medida. Sin embargo, recibieron como respuesta del juez un receso de 45 minutos para conversar con sus clientes e ir al baño si lo requerían.
“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.
Esta primera pausa fue aprovechada por la defensa de los imputados para exponer ante la prensa sus posturas sobre las acusaciones a sus clientes, mientras que estos últimos hicieron uso del tiempo para acudir al baño. Una constante entre ellos era salir cabizbajos o con el rostro entre las manos rodeados por miembros de la Utar.
El motivo del receso fue darles la oportunidad a los defensores de conocer a los inculpados, ya que algunos alegaron desconocer informaciones de sus clientes.
“El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputados y ahí le preguntan todo”, expresó el juez.
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“A discutir derecho”
Al mediodía fue retomada la audiencia, momento cuando la barra del Ministerio Público procedió a presentar su defensa.
La Procuraduría, representada por Yeni Berenice, dejó en claro que asistió a defender las arcas del Estado y no a perder el tiempo. “La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y, en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la magistrada ante la audiencia. Horas después, se inició un segundo receso de 10 minutos en el que se le vio salir junto a otros fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Cuando una víctima, conocidas como Panchos en la estructura, contactaba el número del anuncio, los operadores, llamados tiradores, procedían a sonsacarle datos básicos, fotografías y, de ser posible, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Con el perfil de la víctima en mano, un miembro de la organización se comunicaba nuevamente con ella haciéndose pasar por el “encargado o administrador de la chica”.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Hacían montajes audiovisuales con personas encapuchadas portando armas largas de fuego, a los cuales les superponían notas de voz en inglés o español con acento extranjero donde mencionaban explícitamente el nombre de la víctima o de sus familiares para hacer creíble la amenaza de muerte.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
Posteriormente, los fondos eran enviados a República Dominicana a favor de testaferros de la red mediante remesadoras como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca, cobrando comisiones de entre un 15% y un 30% por el movimiento transnacional.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
Se espera que en las próximas horas se completen los trámites correspondientes para que «Masha» pueda abandonar el recinto carcelario tras hacerse efectivo el pago de la garantía económica.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.