Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.Más Noticias
Mucha tensión dentro y fuera del tribunal
Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.De dos en dos, protegidos con chalecos antibalas, fueron trasladados los acusados desde el Centro de Detención, ubicado en la cuarta planta del edificio, hasta el ascensor del tercer nivel. Los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, fueron los primeros en entrar a la sala.
En las mismas condiciones, y con estrictas medidas de seguridad, continuaron bajando cada uno de los imputados.
En las afueras, la calle principal estaba clausurada e interceptada por vehículos de la Unidad Táctica Antimotines. Mientras la Policía Nacional rodeaba el área, en la cima de las escaleras que llevan a la Fiscalía, cinco militares del Ejército Nacional custodiaban las puertas del lugar.
Entre la entrada de uno y otro abogado de los incriminados, en profundo silencio llegaron más tarde Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Asimismo, tras él, ingresó la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Un cerco de agentes de seguridad protegió a la magistrada, en su trayecto desde la explanada de la Fiscalía hasta el tribunal. Una vez dentro, de tres vehículos fueron desmontados libros sobre derecho y valijas de apariencia pesada con expedientes y evidencias recopiladas durante la Operación Anti-Pulpo. Finalmente, llegó el juez José Alejandro Vargas, quien caminaba con tranquilidad hacia la sala de audiencia en la que se decidiría el futuro de los exfuncionarios y allegados que el Ministerio Público acusó de “estafar y desfalcar al Estado dominicano”, aprovechando los cargos otorgados en las pasadas gestiones del expresidente Danilo Medina.
Pasados 15 minutos después de las 10:00 de la mañana, el Ministerio Publico inició el conocimiento de medida de coerción.
En el desarrollo de la audiencia, alrededor de las 11:45 de la mañana, algunos defensores de los acusados solicitaron el aplazamiento de la medida. Sin embargo, recibieron como respuesta del juez un receso de 45 minutos para conversar con sus clientes e ir al baño si lo requerían.
“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.
Esta primera pausa fue aprovechada por la defensa de los imputados para exponer ante la prensa sus posturas sobre las acusaciones a sus clientes, mientras que estos últimos hicieron uso del tiempo para acudir al baño. Una constante entre ellos era salir cabizbajos o con el rostro entre las manos rodeados por miembros de la Utar.
El motivo del receso fue darles la oportunidad a los defensores de conocer a los inculpados, ya que algunos alegaron desconocer informaciones de sus clientes.
“El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputados y ahí le preguntan todo”, expresó el juez.
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“A discutir derecho”
Al mediodía fue retomada la audiencia, momento cuando la barra del Ministerio Público procedió a presentar su defensa.
La Procuraduría, representada por Yeni Berenice, dejó en claro que asistió a defender las arcas del Estado y no a perder el tiempo. “La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y, en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la magistrada ante la audiencia. Horas después, se inició un segundo receso de 10 minutos en el que se le vio salir junto a otros fiscales.
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Director de Migración denuncia lo que todo el mundo sobre mafias que facilitan reingreso de haitianos deportados
Santo Domingo, R.D.-Luis Rafael Lee Ballester, titular de la Dirección General de Migración (DGM), declaro este martes lo que todo el mundo sabia y es que en el país hay mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.
A través de un comunicado de prensa, el vicealmirante indicó que se trata de un tema recurrente con el que lidian todas las instituciones involucradas en las labores migratorias.
En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de la actual gestión es «transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional», para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.
Ballester explicó que, mediante las operaciones en conjunto que realizan con el Ministerio de Defensa, el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional, han logrando un promedio diario de unas 1,000 personas detenidas en operativos de interdicción a nivel nacional.
De acuerdo con los datos ofrecidos, estas acciones también han permitido alcanzar más del 75 % de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, que establece unas 10 mil deportaciones semanales.
La Dirección General de Migración destacó que este lunes 27 de abril fueron registradas 1,072 personas detenidas y 806 deportadas. Las intervenciones se realizaron en puntos estratégicos, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde fueron interceptadas 123 individuos, así como en La Vega, Duarte y Nagua, con 102 detenidos.
Asimismo, detalló que durante el fin de semana, entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, detuvieron a 2,889 extranjeros en condición migratoria irregular y deportaron a 2,506.
El viernes 24 se reportaron 1,094 detenciones y 807 deportaciones; el sábado 25, 1,096 detenidos y 840 deportados; y el domingo 26, 699 detenidos y 859 deportados.
De acuerdo con la institución, las deportaciones se realizaron siguiendo los protocolos establecidos a través de los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
La entidad afirmó que desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la gestión de Lee Ballester, han reconducido a su país de origen a 596,407 extranjeros indocumentados. En el primer trimestre de 2026 se registran 122,228, mientras que en lo que va de abril la cifra asciende a 22,978.
Santo Domingo, R.D.-Las incautaciones de drogas en aeropuertos de la República Dominicana aumentaron en 2025 en comparación con el año anterior, al pasar de 891.22 a 931.43 kilogramos, según estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El repunte está vinculado principalmente al crecimiento de la marihuana, que desplazó a la cocaína como la sustancia de mayor volumen.
En 2024, la mayor proporción correspondía a cocaína, con más de 629 kilogramos ocupados, que fueron concentrados en interdicciones en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana —con más de 501 kilos— y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que superó los 108.
Para 2025, los decomisos de esa sustancia se redujeron a unos 250 kilogramos, mientras que la marihuana se elevó por encima de los 678 kilos, con mayor presencia en los aeropuertos de La Romana, Las Américas y Punta Cana.
Evolución
El comportamiento en los últimos cuatro años muestra cambios tanto en los volúmenes como en los tipos de droga detectados.
En 2021 se produjo el primer repunte, con 155.68 kilogramos de cocaína, con mayor incidencia en Las Américas y Punta Cana, además de la aparición de sustancias como heroína y éxtasis.
El salto más marcado ocurrió en 2022, cuando las autoridades ocuparon más de 334 kilogramos de cocaína en Punta Cana y más de 233.32 en Las Américas, evidenciando una mayor escala del tráfico aéreo.
931.43
kilogramos de narcóticos fueron incautados en 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas
Aunque Punta Cana concentra grandes cargamentos en momentos puntuales, el Aeropuerto Internacional de Las Américas se mantiene como el principal punto de actividad constante.
En paralelo, terminales como La Romana y el Cibao han ganado peso, lo que refleja una ampliación de las rutas utilizadas.
Para 2023, la marihuana siguió ganando más terreno, especialmente en Las Américas, con 202.85 kilogramos, marcando un cambio en la dinámica del tráfico.
Minorías
Para los últimos cuatro años otras sustancias como el hachís y el opio también reflejan los cambios en la dinámica del tráfico por los aeropuertos.
Desde 2021, el hachís muestra un comportamiento hacia la baja.
Esta droga pasó de 2.84 kilogramos a 8 en 2022, desaparece en 2023 de las estadísticas, y vuelve con apenas 0.47 en el 2024 y con 0.17 en el 2025.
El opio, por su parte, registró volúmenes bajos al inicio, alcanzando su punto más alto en 2023 con 12.84 kilogramos y desciende progresivamente hasta poco más de medio kilogramo en 2025.
Estas variaciones evidencian ajustes en las sustancias movilizadas, en un escenario donde la marihuana gana protagonismo y la cocaína pierde peso relativo.
Mujeres entre los arrestados
El número de detenidos por narcotráfico ha crecido de manera sostenida. En el 2021 fueron al menos 41 personas las capturadas, entre ellas 25 hombres y 16 mujeres. Para 2022 la tendencia continuó, alcanzando los 81 casos.
En 2023 se registraron 48 personas retenidas.
Durante el 2024, la cifra volvió a incrementarse hasta 67 implicados (50 hombres y 17 mujeres).
En 2025, en cambio se ubicó en 47 personas arrestadas, de las cuales 29 eran hombres y 18 mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia (Mescyt), Rafael Santos Badia, planteó que en un escenario global marcado por la acelerada transformación del mundo del trabajo, la automatización y la necesidad de competencias cada vez más especializadas, llamó a impulsar una reforma profunda del sistema educativo dominicano que responda de manera efectiva a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.
Durante su participación en el Foro de Líderes de la Asamblea General de WorldSkills Punta Cana 2026, el funcionario instó a orientar la formación académica hacia la calidad, la pertinencia y la eficiencia, como parte de una visión estratégica de país con miras al año 2036.
Santos Badía advirtió que República Dominicana debe replantear su modelo educativo para enfrentar los cambios acelerados que experimenta el mundo del trabajo, señalando que el sistema actual no logra responder de manera adecuada a la diversidad de talentos ni a las necesidades reales del sector productivo.
“Urge conectar la universidad clásica con las necesidades concretas de la sociedad y del sector productivo. El modelo educativo actual, basado en la uniformidad, mismos contenidos, ritmos y metodologías para todos, no responde a la diversidad de talentos ni a las demandas del mercado laboral”, afirmó ante delegados internacionales vinculados al ámbito educativo y productivo.
En ese contexto, el ministro propuso avanzar hacia un sistema más flexible e inclusivo, capaz de integrar diversas trayectorias formativas, tales como la formación técnico-profesional, la educación dual y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, como herramientas clave para mejorar la empleabilidad y la competitividad del capital humano.
Santos Badía subrayó que esta transformación permitiría que los jóvenes dominicanos no solo accedan a empleos de calidad, sino que también desarrollen capacidades para adaptarse, innovar y liderar en entornos laborales dinámicos y en constante evolución.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las alianzas entre el Estado, el sector educativo, el sector productivo y la sociedad civil, como base fundamental para enfrentar los retos presentes y futuros del desarrollo económico y social del país.