Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.Más Noticias
Mucha tensión dentro y fuera del tribunal
Santo Domingo, RD.-Un ambiente de tensión se vivió ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con rostros ocultos entre mascarillas y cascos de protección, se veían ingresar los imputados cabizbajos y rodeados por escoltas de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (Utar) a la Sala de Audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.De dos en dos, protegidos con chalecos antibalas, fueron trasladados los acusados desde el Centro de Detención, ubicado en la cuarta planta del edificio, hasta el ascensor del tercer nivel. Los hermanos Medina Sánchez, Juan Alexis y Carmen Magalys, fueron los primeros en entrar a la sala.
En las mismas condiciones, y con estrictas medidas de seguridad, continuaron bajando cada uno de los imputados.
En las afueras, la calle principal estaba clausurada e interceptada por vehículos de la Unidad Táctica Antimotines. Mientras la Policía Nacional rodeaba el área, en la cima de las escaleras que llevan a la Fiscalía, cinco militares del Ejército Nacional custodiaban las puertas del lugar.
Entre la entrada de uno y otro abogado de los incriminados, en profundo silencio llegaron más tarde Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Asimismo, tras él, ingresó la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Un cerco de agentes de seguridad protegió a la magistrada, en su trayecto desde la explanada de la Fiscalía hasta el tribunal. Una vez dentro, de tres vehículos fueron desmontados libros sobre derecho y valijas de apariencia pesada con expedientes y evidencias recopiladas durante la Operación Anti-Pulpo. Finalmente, llegó el juez José Alejandro Vargas, quien caminaba con tranquilidad hacia la sala de audiencia en la que se decidiría el futuro de los exfuncionarios y allegados que el Ministerio Público acusó de “estafar y desfalcar al Estado dominicano”, aprovechando los cargos otorgados en las pasadas gestiones del expresidente Danilo Medina.
Pasados 15 minutos después de las 10:00 de la mañana, el Ministerio Publico inició el conocimiento de medida de coerción.
En el desarrollo de la audiencia, alrededor de las 11:45 de la mañana, algunos defensores de los acusados solicitaron el aplazamiento de la medida. Sin embargo, recibieron como respuesta del juez un receso de 45 minutos para conversar con sus clientes e ir al baño si lo requerían.
“Hoy se va a conocer la medida de coerción. No mañana ni pasado mañana, es hoy y no estoy violentando derechos de nadie, estoy garantizándole los derechos a todos ustedes porque esa es mi responsabilidad”, comentó enfático el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, rechazando el pedido de algunos abogados.
Esta primera pausa fue aprovechada por la defensa de los imputados para exponer ante la prensa sus posturas sobre las acusaciones a sus clientes, mientras que estos últimos hicieron uso del tiempo para acudir al baño. Una constante entre ellos era salir cabizbajos o con el rostro entre las manos rodeados por miembros de la Utar.
El motivo del receso fue darles la oportunidad a los defensores de conocer a los inculpados, ya que algunos alegaron desconocer informaciones de sus clientes.
“El que quiera saber si su defendido es varón o hembra, católico o evangélico, comunista o ateo, cristiano o musulmán, entonces el juez les va a dar para eso 45 minutos para conversar con sus imputados y ahí le preguntan todo”, expresó el juez.
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“A discutir derecho”
Al mediodía fue retomada la audiencia, momento cuando la barra del Ministerio Público procedió a presentar su defensa.
La Procuraduría, representada por Yeni Berenice, dejó en claro que asistió a defender las arcas del Estado y no a perder el tiempo. “La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar y, en su momento, como santiaguera yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la magistrada ante la audiencia. Horas después, se inició un segundo receso de 10 minutos en el que se le vio salir junto a otros fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo, Rep. Dom.– Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), sostuvo un encuentro con autoridades de la Procuraduría General de la República para informar sobre la situación de ciudadanos que han presentado denuncias por presuntos actos de corrupción administrativa, así como para fortalecer la coordinación entre ambas entidades.
Ortiz Bosch explicó que en agosto de 2025 la DIGEIG recibió una denuncia relacionada con supuestas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Tras realizar las verificaciones preliminares, la institución determinó que los hechos correspondían al ámbito penal, por lo que el expediente fue remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en cumplimiento de lo establecido en la Ley 133-11.
La funcionaria señaló que la visita responde a la inquietud institucional ante la posibilidad de que denunciantes o testigos pudieran enfrentar represalias administrativas o legales. En ese contexto, indicó que se consideró oportuno poner la situación en conocimiento del Ministerio Público, órgano competente para la persecución penal.
Asimismo, informó que la DIGEIG trabaja en una propuesta normativa destinada a fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la gestión pública.
Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno dominicano de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades competentes para garantizar el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional.
Santo Domingo.- Mediante operativos de varias instituciones públicas como el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue desmantelado un depósito clandestino de residuos oleosos y paralizaron las operaciones de dos empresas vinculadas al vertido ilegal de estos desechos en la comunidad de La Guáyiga, Hato Nuevo, en la Provincia Santo Domingo.
En el primer operativo las unidades interinstitucionales intervinieron un terreno utilizado como depósito ilegal de residuos líquidos peligrosos, donde operaban tres lagunas repletas de desechos oleosos y más de 20 tinacos de aceite reciclado.
El material era procesado sin ningún tipo de protocolo y vertido directamente en una cañada cercana, la cual estaba siendo rellenada con escombros para ampliar el terreno.
En el lugar fueron detenidos tres individuos que realizaban labores de manera ilegal, incluyendo el propietario del terreno.
Un segundo operativo se llevó a cabo en las instalaciones de dos empresas, ubicadas en la calle Lebrón, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, también en La Guáyiga, debido a que pese a estar autorizadas para recibir y tratar residuos oleosos provenientes de embarcaciones bajo protocolos y cadena de custodia del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas, los camiones tanqueros llegaban a la planta, pero el producto no era tratado, siendo desviado hacia el depósito clandestino intervenido en el primer operativo.
Ambas empresas fueron paralizadas mediante actas oficiales, notificadas a sus representantes y colocadas bajo investigación para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Todos los apresado fueron trasladados a la sede central del SENPA, para ser presentados ante la justicia por violaciones graves a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las intervenciones fueron el resultado de labores de inteligencia conjunta entre el SENPA y el CECCOM, tras las cuales se planificaron y ejecutaron operaciones conjuntas y de acción unificada, con la participación del Equipo de Reacción Rápida (UIR), la Dirección de Inteligencia del SENPA, técnicos de Fiscalización y de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como representantes de su Consultoría Jurídica y unidades operativas del CECCOM.
El SENPA, el CECCOM y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteran su compromiso con la protección del medio ambiente, la aplicación estricta de la ley y la persecución de toda actividad que ponga en riesgo la salud pública, los recursos naturales y la seguridad ambiental del país.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Un tribunal de Santiago condenó a 20 años de cárcel por pedido del Ministerio Público a un hombre que mató otro con un arma blanca en la localidad de Guayabal, distrito municipal del municipio de Puñal.
La Fiscalía de Santiago depositó la suficiente evidencia material, documental y pericial para lograr la condena en contra de Andy Misael Núñez, procesado por el homicidio de José Miguel González Rosario.
La fiscal Aida Medrano Gonell estableció ante el juzgador que todas las pruebas recolectadas tras la ocurrencia del hecho, el 13 de diciembre del año 2021, y cuyas diligencias de investigación encabezó la también la fiscal Cristina Ramírez, del Departamento de Violencias Físicas (Homicidio).
La litigante presentó material probatorio videográfico en los que se observa al procesado, a bordo de una motocicleta, llegar a la calle Los Cholos de Guayabal, donde se encontraba González Rosario sentado en la marquesina de una vivienda, en espera de una tercera persona a la que le realizaría un trabajo de construcción.
Las imágenes proyectadas ante el tribunal muestran cómo el procesado penetra a la marquesina y se abalanza violentamente contra la víctima, infiriéndole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo con un arma punzocortante.
La Fiscalía de Santiago obtuvo pruebas testimoniales que corroboraron los hechos.
González Rosario fue socorrido, pero falleció antes de llegar a un centro de salud. El tribunal estuvo integrado por las magistradas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato.