Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.Nacionales
Magalys y Germosén, ahora presos en casa
Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.En un intento por evitar la captura de sus rostros por una batería de cámaras mientras subían a los vehículos que les llevaría a casa, Medina Sánchez y Germosén se cubrían sus rostros con bolsas y bajaban sus cabezas.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén, fueron escoltados por la parte trasera del Palacio de Justicia.
Con su salida, ahora queda pendiente por salir de prisión el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo.
La salida de la cárcel y el traslado a los domicilios de Carmen Magalys y Rafael Germosén se cumplió después de estos haber pagado el monto de la garantía económica de 10 millones de pesos, individual, y del equipo de brazaletes electrónicos que deberán cargar, aspectos que también forman parte de la decisión del juez José Alejandro Vargas.
Los demás implicados en el caso, excepto Domingo Santiago Muñoz, fueron trasladados el pasado miércoles a la cárcel de Najayo-Hombres, en San Cristóbal, donde deberán cumplir la sendencia de tres meses de prisión preventiva.
En el caso de Domingo Muñoz, el juez Alejandro Vargas le concedió a este su libertad, con presentación periódica ante las autoridades del Ministerio Público.
Están en prisión Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Aquiles Alejandro y Wacal Méndez Pineda.
Abogados Visitan a Suriel Suazo
Los abogados Mario Eduardo Aguilera y Manuel Peralta visitaron ayer a su cliente en prisión, Julián Esteban Suriel Suazo, para “confirmar el buen estado de su representado”.
“Vinimos a confirmar el buen estado de nuestro representado, ya que hubo un cambio de planes de último momento en el recinto donde debía cumplir la prisión preventiva”, explicó Aguilera.
A pesar de la decisión del juez José Alejandro Vargas, que envió a Suriel Suazo al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, este fue trasladado anoche a la cárcel Najayo-Hombre, por “falta de espacio”.
“Aquí no tenemos la mismas condiciones que en San Pedro; esa cárcel tiene mejores condiciones para los internos, y vamos a procurar lo que tenemos que hacer”, manifestó Aguilera.
Asimismo, calificó de “agridulce” la decisión adoptada por el magistrado Vargas. “Fue muy dulce para nosotros escuchar al magistrado Vargas establecer que nuestro cliente no guarda ningún tipo de relación con el señor Alexis Medina, en relación al objeto que se le acusa”, dijo.
PRISIÓN
Hay 7 en Najayo.
La noche del miércoles fueron trasladados siete del grupo de imputados a la cárcel Najayo-Hombres, algo que no estaba contemplado en la sentencia del juez Alejandro Vargas, pero luego la directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra , justificó la medida, explicando que comuncio al magistrado que el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal es un espacio que fue inaugurado por el expresidente Danilo Medina, sin haberse completado la obra, por lo que los presos en calificación de máxima seguridad no podían ir al recinto de población común.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Este lunes tuvo lugar en la Junta Central Electoral (JCE) una audiencia pública con la participación de representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado, para debatir el borrador del Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil.
El encuentro se desarrolló en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Fue presidido por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como el secretario general Sonne Beltré.
Durante la audiencia, diversos sectores expresaron sus observaciones al borrador del reglamento. Al cierre de la jornada, Jáquez Liranzo informó que el Pleno evaluará tanto las opiniones presentadas de forma oral como las remitidas por escrito a través de la Secretaría General de la institución, antes de oficializar el documento.
El secretario Sonne Beltré indicó que el borrador fue publicado en la página web de la JCE y que se otorgó un plazo hasta el 28 de marzo para recibir sugerencias. Además, se notificó a las instituciones convocadas mediante correo electrónico, mensajería instantánea y comunicación física.
Entre las entidades invitadas se encuentran: los partidos políticos, Ministerio de Salud Pública, Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, Poder Judicial, Procuraduría General, Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Supérate, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Consejo Nacional de Discapacidad, Ministerio de Relaciones Exteriores, Participación Ciudadana, Defensor del Pueblo, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) y diversas universidades y órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Algunas de las organizaciones que enviaron sus consideraciones por escrito fueron Unicef, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Defensor del Pueblo, la Consultoría Jurídica de Supérate, la Suprema Corte de Justicia, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Generación de Servidores y varios juristas.
La JCE reiteró su compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la formulación de reglamentos que fortalezcan el sistema de registro civil y garanticen derechos fundamentales.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, consideró este lunes que el país debe ser exonerado del arancel del 10% impuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a productos dominicanos.
Durante el espacio La Semanal con la Prensa, Abinader manifestó su preocupación por el sector productivo nacional y el sector industrial, calificando este último como “fundamental para nuestro país”.
Ante esto, el mandatario declaró han discutido el tema de los aranceles de manera bilateral, al momento que apuntó que el 10% es el nivel de impuesto más bajo que ha colocado Estados Unidos, por lo que República Dominicana posee una ventaja competitiva referente a otras naciones.
“Nosotros discutimos bilateralmente parte de esa preocupación para que ese 10% que quiero decir, es el nivel de impuesto más bajo que colocó Estados Unidos, o sea que tenemos una ventaja competitiva relativa con otros países”, expresó el presidente.
De igual forma, sostuvo que “nosotros pensamos que se nos debe exonerar y por eso estamos luchando para que se exonere, con este contacto bilateral”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez indicó que el pasado viernes se contactó con el enviado especial de Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, quien le dio la información de que el arancel que se había aplicado al país era el mínimo, por lo que veía “muchas ventajas”.
Además, el ministro informó que se contactó con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Thomas Landau, a quien le externaron que era “injusto el trato” de imponer aranceles a los productos dominicanos.
“Por ejemplo: República Dominicana en los últimos 10 años, de 2015 al 2024, en el intercambio comercial con Estados Unidos, unos 152 mil millones de dólares, de los cuales 42 mil millones fueron un excedente a favor de estados Unidos. Por lo que estamos en una situación en cuanto al comercio que privilegia a Estados Unidos”, dijo Álvarez.
Santo Domingo, R.D.-A 20 años de cárcel pidió el Ministerio Público a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a Alexis Medina y el decomiso de los bienes ilícitos por su culpabilidad en el caso de la Operación Antipulpo.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por su titular, Mirna Ortiz, solicitan al tribunal que la condena impuesta a Alexis Medina se cumpla en la cárcel de Najayo.
También pidieron al tribunal el decomiso de todos los bienes ilícitos, la inhabilitación por el mismo período para prestar servicios o ser contratado por intermediarias de intermediación financiera, mercados de valores y entidades públicas, así como la degradación cívica.
Asimismo, solicitaron que José Dolores Santana y Wascar Bernabé Méndez sean condenados a 15 años de prisión y que las penas impuestas se cumplan en la cárcel de Najayo, además del pago de una multa de 800 y 500 salarios mínimos para cada uno, el decomiso de sus bienes y la inhabilitación.
Mientras que, en cuanto a Fernando Rosa (exdirector de Fonper) y Carmen Magaly Medina Sánchez, pidieron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo Hombres y Mujeres, así como el pago de una multa de 400 salarios mínimos para cada uno, el decomiso de sus bienes y la inhabilitación.
En tanto, en torno a los imputados Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel, Lina de la Cruz Vargas, Liny Valenzuela Paola, Carlos Andrés Monte de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino, Fulvio Antonio Gómez y Sergio Alfonso Brea Martínez, solicitaron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en Najayo Hombres y Mujeres, el decomiso de sus bienes, multas de 200 salarios mínimos y su inhabilitación por el mismo período.
En cuanto a Freddy Hidalgo (exdirector de Salud Pública) y Antonio Germosen Andújar (excontralor general de la República), pidieron que sean condenados a 5 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
En tanto que, en cuanto a Aquiles Alejandro Crisfopfer Sánchez (exfiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado – OISOE), solicitaron que sea condenado a 3 años de prisión cumplida, y para Víctor Encarnación Montero, una condena de 3 años de prisión suspendida y el decomiso de sus bienes por 15 millones de pesos.