Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibdía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Nacionales
Red de César “el Abusador” usó tres modos para lavar dinero, dicen fiscales
Santo Domingo, RD.-Las investigaciones de los Estados Unidos, llevadas a cabo por largos años, han revelado que César Emilio Peralta fue el líder de una organización criminal trasnacional que operaba desde Santo Domingo y que tenía el siguiente modo de operación: su organización criminal operaba desde República Dominicana y recibdía múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia.Esa droga luego era enviada a Puerto Rico y a los Estados Unidos.
De ahí es que surge el interés de investigarlo hasta descubrir el entramado de corrupción y lavado de activos que construyó.
Las autoridades señalan que producto de esas negociaciones ilícitas se coordinaban operaciones de lavado de dinero a gran escala y que, como resultado de las ganancias ilícitas de las ventas de estupefacientes, ese dinero regresaba a República Dominicana y a Colombia.
Las autoridades dominicanas señalan que César Peralta ha estado desde 1997, aproximadamente, operando en el mundo de las drogas y que, su organización criminal, generó millones de dólares del tráfico de estupefacientes.
La acusación que se le hizo en Puerto Rico señala que, desde el 2007 y hasta junio de 2017, supuestamente se asoció, conspiró y acordó con otras personas conocidas y no conocidas por el gran jurado para importar narcóticos hacia territorio Estados Unidos
César Emilio Peralta construyó una carrera en el mundo del narcotráfico basado en el pago de sobornos a oficiales para no ser detenido ni se le decomisaran grandes cargamentos de cocaína.
Mientras se manejaba en las sombras, las autoridades construyeron un perfil suyo que les ayudó a imaginar cómo era el hombre que controlaba el tráfico de estupefacientes en República Dominicana y que transportaba cada semanas decenas de kilogramos de cocaína a Puerto Rico y a Miami, en los Estados Unidos.
Ese perfil es más o menos el siguiente: “un ciudadano dominicano que nació el 30 de enero de 1975. Descrito por sus informantes como un hombre hispano de ojos marrones y pelo negros, que mide cinco pies y cinco pulgadas de altura. Su peso aproximado es de unas 140 libras”.
Las agencias de investigaciones de República Dominicana indican que llevaban años dando seguimiento a Peralta, “realizando amplias tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento físico y electrónico, entrevistas a informantes y documentación de fuentes”, que le habría permitido al Ministerio Público determinar que la estructura criminal que ha estado utilizando diversos negocios de entretenimiento nocturno para lavar el dinero de las drogas.
Las autoridades dominicanas dicen que César Peralta y su organización se basaron en tres mecanismos principales de lavado de activos:
La adquisición de bienes muebles e inmuebles de lujo registrados a nombre de testaferros y prestanombres.
La apertura de centros de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas alcohólicas administrados a través de sociedades comerciales de los colaboradores y asesores de la estructura criminal para dar licitud aparente de los activos ilícitos y presentarse ante la sociedad como “hombres de negocios”
Y la tercera la realización y utilización de transacciones ilícitas realizadas en agencias de cambio de divisas que operan de manera clandestina como parte de la estructura, las cuales no se encuentran registradas ni autorizadas para operar en el sistema financiero nacional.
El perfil
Su nombre es César Emilio Peralta para las autoridades dominicanas. Para las de Puerto Rico es César Emilio Peralta Adamez. En su haber en el mundo del narco se le han puesto varios apodos. Dos han destacado por encima de todos: “El Abusador”, su seudónimo más conocido y “El Pesao”.
Las autoridades de Puerto Rico dicen que comenzó su carrera en el mundo del narcotráfico en el año 1997. También indican que ha sido detenido en tres ocasiones: 2000, 2008 y 2015. No se conoce hasta el momento que tenga condena alguna por esos casos y resalta su segunda detención, donde fue liberado porque la orden de arresto fue ejecutada dos días después de haber vencido.
Esa carrera como narcotraficante lo trilló, en primer término, como asistente o lugarteniente de los capos más visibles de la historia dominicana: Rolando Florian Félix, Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto.
Comenzó en el mundo de las drogas cuando apenas tenía 22 años. Ahora se encuentra detenido en Colombia, a la espera de extradición a los Estados Unidos.
listindiario.com
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
El presidente de la alta corte, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, luego de escuchar las conclusiones de los accionantes, la Procuraduría General de la República, los abogados del Senado y de la Cámara de Diputados y a los intervinientes voluntarios, informó que dejaba en estado de fallo el caso sobre la despenalización.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
El magistrado dictaminó la medida de manera excepcional, otorgando una primera prórroga de cinco días hábiles a la parte accionante y a los intervinientes que se adhieren a su postura, a los fines de responder formalmente a las intervenciones producidas en el proceso.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Asimismo, el Ministerio Público catalogó el nuevo esquema penal como un sistema coherente y bioéticamente justificable, amparado en tres pilares: la protección absoluta de la vida, el respeto a la dignidad y las eximentes de responsabilidad penal estructuradas para situaciones de conflicto vital extremo.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
En paralelo, los abogados de la Cámara de Diputados, doctores Tipso Ramírez y Jerry Antonio del Jesús Castillo, ratificaron que el trámite de aprobación de la ley se rigió con estricto apego a la Carta Sustantiva, calificando la acción opositora de improcedente.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
De acuerdo con la investigación, para garantizar el flujo de dinero hacia sus cuentas, los imputados presuntamente desarticularon los controles internos y eliminaron el sistema de pago mediante cheques.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.