Nacionales
Giro inesperado en el enfoque político y económico en discurso de la embajadora Campos
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
Nacionales
Imponen dos meses de prisión preventiva a “Nino Dólar” por accidente que dejó dos muertos
Carlos José Troche Rodríguez deberá cumplir la medida de coerción en Cotuí por el hecho ocurrido el pasado 15 de agosto en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, donde murieron un padre y su hija y una tercera persona resultó herida.
SANTO DOMINGO.– La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso este jueves dos meses de prisión preventiva contra Carlos José Troche Rodríguez, conocido como “Nino Dólar”, investigado por el accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de agosto que provocó la muerte de dos personas y dejó a una tercera lesionada.
La medida deberá ser cumplida en Cotuí y será revisada en el mes de octubre, según informó la representación legal de una de las víctimas.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio, de 38 años, y su hija Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, de 21, mientras que Arianna Michelle Ciprián resultó lesionada.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Troche Rodríguez presuntamente cruzó en rojo el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, mientras conducía una yipeta Chevrolet Tahoe, e impactó la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
El órgano acusador sostiene que, después del impacto, el conductor habría continuado la marcha, arrastrando a las víctimas y posteriormente abandonando el lugar. Estas circunstancias forman parte de la investigación y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
Ministerio Público plantea dolo eventual
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes del expediente es la tesis sostenida por el Ministerio Público, que plantea investigar los hechos bajo la figura de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual.
Según la posición del órgano persecutor, las circunstancias permitirían considerar que el imputado habría asumido la posibilidad de producir consecuencias gravemente lesivas al presuntamente desatender una señal de tránsito en una intersección de considerable circulación.
El caso había sido conocido inicialmente por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien posteriormente declinó el expediente a la jurisdicción especial de tránsito, que finalmente conoció la solicitud de medida de coerción.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena, por lo que el proceso deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
El proceso contra Antonio y Maribel Espaillat comienza este viernes en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Más allá de establecer responsabilidades individuales, el juicio vuelve a colocar en el debate nacional la seguridad de los establecimientos abiertos al público y los límites de la responsabilidad penal frente a una tragedia de grandes dimensiones.
SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set entra este viernes en una de sus etapas más determinantes, cuando la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dé inicio al juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento donde la tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y estará presidida por el juez Franny González, quien tendrá ante sí un proceso que trasciende la discusión estrictamente penal por la dimensión humana y social de los hechos.
Los hermanos Espaillat llegan a esta fase acusados de homicidio involuntario, mientras que el expediente incluye como terceros civilmente demandados a Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
Un juicio con una elevada carga probatoria
La magnitud del proceso puede apreciarse también en el volumen de las pruebas que serán sometidas al debate judicial.
La acusación del Ministerio Público consta de 156 páginas, mientras que el expediente incorpora 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales relacionadas con las circunstancias que rodearon el desplome.
Esta etapa será sustancialmente distinta a las anteriores.
El juicio de fondo constituye el escenario en el que las partes podrán presentar y controvertir las pruebas admitidas, interrogar testigos y desarrollar sus respectivas teorías del caso. Será sobre la base de ese debate contradictorio que el tribunal deberá determinar si la acusación ha demostrado, conforme al estándar exigible en materia penal, la responsabilidad atribuida a los procesados.
Por ello, la apertura del juicio no significa que la responsabilidad penal esté establecida de antemano. Los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva conforme al debido proceso.
La naturaleza de la responsabilidad estará en el centro
Uno de los elementos jurídicamente más relevantes del expediente será la discusión sobre la naturaleza de la conducta atribuida a los propietarios del establecimiento.
Durante la etapa preliminar, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la apertura a juicio bajo la calificación de homicidio culposo o imprudente, descartando la pretensión de un grupo de víctimas que procuraba que los hechos fueran juzgados como homicidio voluntario.
Esta diferencia no es simplemente terminológica.
En el juicio deberá examinarse la relación entre las actuaciones u omisiones atribuidas a los acusados y el resultado producido. Las pruebas técnicas, testimoniales, documentales y materiales tendrán, por tanto, una importancia determinante para establecer qué conocían los responsables del establecimiento, cuáles obligaciones recaían sobre ellos y si existieron conductas jurídicamente relevantes vinculadas con el colapso.
Será el tribunal, después de escuchar a todas las partes y valorar las pruebas, el que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Víctimas, acusación y defensa frente al tribunal
El Ministerio Público estará representado por un equipo encabezado por Wilson Camacho, director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, y otros representantes del órgano acusador.
Los propietarios de Jet Set estarán defendidos por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Por su parte, las víctimas cuentan con distintos equipos de representación legal, en un proceso particularmente complejo debido al elevado número de personas afectadas.
La pluralidad de actores convierte el juicio en un escenario donde coexistirán la persecución penal del Estado, el ejercicio del derecho de defensa y las reclamaciones de quienes resultaron directamente afectados por la tragedia.
La responsabilidad civil también estará presente
El proceso no se limita a determinar si existe responsabilidad penal.
La presencia de empresas y personas señaladas como terceros civilmente demandados introduce otra dimensión del conflicto: las consecuencias patrimoniales derivadas de los daños ocasionados.
De ahí que las decisiones adoptadas durante el juicio puedan tener implicaciones que vayan más allá de las eventuales sanciones penales y alcancen las reclamaciones indemnizatorias promovidas por las víctimas y sus familiares.
En etapas anteriores también quedó fuera del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras instituciones estatales que habían sido señaladas.
De la tragedia al debate sobre prevención
El desplome ocurrió mientras se desarrollaba una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida.
Pero transcurrido el impacto inicial de la tragedia, el caso ha dejado abierta una discusión que va más allá de los imputados: ¿qué mecanismos de prevención, mantenimiento, inspección y supervisión deben garantizar la seguridad de miles de personas que diariamente acuden a establecimientos de concentración masiva?
Esa interrogante no determina por sí misma la responsabilidad de quienes están siendo juzgados, pero explica por qué el proceso tiene una dimensión social que supera las paredes del tribunal.
Una tragedia de esta magnitud obliga a examinar no solamente qué ocurrió, sino cuáles enseñanzas institucionales deben extraerse para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Un proceso que deberá decidirse sobre las pruebas
El expediente llegó a la Cuarta Sala Penal luego de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del conocimiento del caso debido a su relación de amistad con una de las víctimas.
Antonio y Maribel Espaillat permanecen sometidos a medidas de coerción consistentes en garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, medidas que fueron confirmadas posteriormente por la Corte de Apelación.
A partir de este viernes comienza, sin embargo, otra historia procesal.
Después de meses de investigaciones, reclamaciones de las víctimas, decisiones judiciales y debates sobre la calificación jurídica de los hechos, llegará el momento de confrontar la acusación con la defensa ante un tribunal de fondo.
Para las familias, el proceso representa una búsqueda de respuestas y justicia. Para los acusados, constituye el escenario en el que podrán ejercer plenamente su derecho de defensa. Y para el sistema judicial dominicano representa la responsabilidad de resolver uno de los casos de mayor impacto social de los últimos años con independencia, debido proceso y sobre la base de las pruebas producidas en el juicio.
El caso Jet Set entra así en su etapa decisiva. La tragedia ya forma parte de la memoria colectiva dominicana; ahora corresponde a la justicia determinar las responsabilidades que jurídicamente puedan ser demostradas.
Senado y Cámara de Diputados conformaron sus mesas de trabajo para los próximos dos años, en una distribución que no solo organiza el trabajo legislativo, sino que determina quiénes tendrán mayor influencia en el estudio, modificación y aprobación de iniciativas claves.
SANTO DOMINGO.– Con el inicio de la segunda legislatura ordinaria del año, el Congreso Nacional entró en una etapa que va mucho más allá de la simple distribución administrativa de sus legisladores: Senado y Cámara de Diputados comenzaron a definir las comisiones que tendrán bajo su responsabilidad examinar buena parte de los proyectos que podrían convertirse en leyes durante los próximos dos años.
La reorganización se produce luego de que el pasado 16 de agosto ambas cámaras dejaran establecidos sus bufetes directivos. En el Senado, Ricardo de los Santos continúa al frente de la Presidencia, acompañado por Julito Fulcar como vicepresidente, mientras Aracelis Villanueva y Guillermo Lama ocupan las secretarías.
En la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco permanece como presidente, acompañado por Dharuelly D’Aza en la Vicepresidencia y Eduviges Bautista y Emil Durán como secretarios.
Pero detrás de esos nombres existe una cuestión de mayor trascendencia institucional: las comisiones constituyen uno de los principales filtros del proceso legislativo.
Es allí donde los proyectos son estudiados antes de llegar al pleno y donde buena parte de las discusiones técnicas y políticas adquieren forma.
El poder que existe detrás de las comisiones
Aunque las sesiones plenarias suelen concentrar la atención pública, buena parte del trabajo determinante del Congreso ocurre previamente.
Las comisiones especializadas permiten distribuir las iniciativas conforme a su naturaleza y someterlas a análisis antes de que sean conocidas por el pleno.
Por esa razón, quién preside una comisión y quiénes la integran no constituye un asunto meramente protocolar.
En el Senado, por ejemplo, Cristóbal Castillo presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, acompañado por Franklin Romero, Rafael Duluc, Omar Fernández, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.
La Comisión de Hacienda estará encabezada por Pedro Catrain, mientras Daniel Rivera presidirá Presupuesto; Antonio Tavéras estará al frente de Economía, Planificación y Desarrollo, y Lía Díaz encabezará Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.
Estas designaciones adquieren relevancia porque colocan a determinados legisladores en posiciones desde las cuales participarán directamente en el estudio de asuntos económicos, laborales, fiscales y jurídicos de especial importancia.
Tecnología y ciberseguridad ganan espacio
La composición de las comisiones de la Cámara de Diputados refleja también la creciente presencia de asuntos vinculados con la transformación tecnológica.
Entre las estructuras anunciadas figura una Comisión de Ciberseguridad, presidida por Sadoky Duarte, acompañado por Eudy Maldonado y Óscar Morel.
A ella se suma la Comisión de Tecnología de Información, encabezada por Vicente Sánchez, junto a Tobías Crespo y Saulo Vega.
La existencia de estos espacios evidencia que la agenda legislativa contemporánea ya no puede limitarse a los ámbitos tradicionales.
Protección de información, delitos tecnológicos, transformación digital y nuevas formas de interacción entre ciudadanos, empresas y Estado obligan al Poder Legislativo a disponer de estructuras capaces de examinar problemas cada vez más especializados.
Justicia y derechos humanos, bajo nuevas presidencias
Otro punto relevante está relacionado con el tratamiento de los asuntos jurídicos.
Mientras en el Senado Justicia y Derechos Humanos permanecen integrados dentro de una misma comisión, en la Cámara de Diputados aparecen diferenciadas las áreas.
La Comisión de Derechos Humanos estará presidida por Pedro Martínez, mientras que Wandy Batista encabezará la Comisión de Justicia. Además, Jesús Manuel Sánchez presidirá la Comisión del Ministerio Público.
Esta distribución adquiere particular importancia porque las reformas legislativas relacionadas con justicia, garantías fundamentales e instituciones del sistema judicial deberán atravesar esos escenarios de discusión.
Mayoría política y responsabilidad institucional
La conformación de las comisiones tampoco puede analizarse al margen de la correlación política existente dentro del Congreso.
El PRM mantiene posiciones relevantes en las estructuras legislativas, pero las diferentes bancadas también cuentan con representación. En el Senado, los representantes políticos señalados son María Mercedes Ortiz por el PRM, Eduard Espiritusanto por la Fuerza del Pueblo y Rogelio Genao por el PRSC, además de la representación vinculada al Partido Primero la Gente.
En la Cámara Baja aparecen como voceros Amado Antonio Díaz Jiménez por el PRM, José David Báez por Fuerza del Pueblo, Ydenia Doñé por el PLD, además de representantes de otras organizaciones políticas.
La mayoría proporciona capacidad para impulsar una agenda, pero también incrementa la responsabilidad política de quienes controlan los principales espacios de decisión.
La verdadera prueba no estará simplemente en la cantidad de proyectos estudiados o aprobados, sino en la calidad de las leyes que finalmente produzca el Congreso.
Un Congreso que deberá demostrar resultados
La nueva distribución abre así un período importante para el Poder Legislativo.
El país enfrenta asuntos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, laborales y jurídicos que demandarán análisis especializados y capacidad de concertación.
El presidente del Senado recordó que todos los senadores pueden asistir a las comisiones que sean de su interés, aunque solamente quienes pertenecen oficialmente a ellas tienen derecho al voto.
En la Cámara de Diputados, al momento de anunciarse la nueva composición, todavía quedaban cinco mesas de trabajo pendientes de ser instauradas.
La reorganización de las comisiones, por tanto, representa apenas el comienzo.
El verdadero balance llegará cuando pueda determinarse si esta nueva estructura fue capaz de transformar los debates legislativos en leyes oportunas, técnicamente sólidas y capaces de responder a las necesidades de la sociedad dominicana.
Ese será, finalmente, el parámetro con el que deberá medirse el trabajo del Congreso durante esta nueva etapa.