Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.Más Noticias
Empresario solicitó a la Procuraduría invalidar concurso de brazaletes
Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.El empresario indicó que el concurso fue realizado en medio de las elecciones del 5 de julio y la pandemia del Covid-19 (entre el 29 de junio al 10 de julio 2020), donde las empresas tenían 11 días para presentar sus propuestas y estaban trabajando a media capacidad.
“Es evidente que el concurso fue diseñado a la medida, y para favorecer personas de mucha influencia en las alturas del Palacio Nacional y el Procurador General de la República saliente, pues solo así se explica que se obviara la mala experiencia vivida con la empresa Monitoreo Dominicana”, dijo en la comunicación.
Indicó que la única empresa que hizo una propuesta y ganó la licitación fue Datrasolt, propiedad de Yuacal Leonel Elsevyf Báez, empezando los trabajos 18 días después de cerrado el concurso.
“Hacemos esta solicitud en vista de que dicho concurso fue realizado de manera apresurada, sospechosa y poco transparente en plenas elecciones nacionales presidenciales, congresuales y el subsiguiente período de transición del nuevo gobierno, afirmación que hacemos basados en el cronograma contenido en las bases del concurso aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de junio 2020, y publicadas rápidamente el 26 de junio del 2020”, aseguró.
La comunicación recibida a las 12: 50 de la tarde advierte que la empresa era de carpeta y tenía domicilio en la Eduardo Vicioso 87 donde estaban las oficinas de Global Monitoring Tracker.
“Según tenemos entendido ésta es una empresa de carpeta registrada con la misma dirección Eduardo Vicioso 87, y en el mismo local que funciona la empresa Global Monitoring Tracker que sí cuenta con las capacidades que demandan las bases para ofrecer el servicio y tiene cierto tiempo operando. Lo que evidencia es una suplantación de empresas, lo cual amerita ser investigado por las nuevas autoridades”, explicó.
Rivera señaló, además, varios de los procesos que desde el 2016 ocurrieron en la Procuraduría con la contratación de otras empresas para la adquisición de brazaletes, donde señala que Monitoreo Dominicana, cobraba los servicios a 500 dólares al mes, por imputado y tenía serias debilidades con el monitoreo de los imputados, había deficiencia en la supervisión de las personas que estaban como presos domiciliarios y la violación de las áreas de confinamiento por la deficiencias con los grilletes.
CONTROVERSIA
Alexis Medina.
En el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que los grilletes de localización que utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) eran vendidos por empresas de Alexis Medina.
Oposición.
“No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes de la PGR, nuestra institución de trabajo, eran de Alexis Medina”, dijo Berenice.
listindiario.com
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
«La defensa resaltó que Read Estrella se ha presentado de manera voluntaria, ha puesto a disposición toda la documentación requerida y continuará colaborando con la investigación, reiterando que no existe peligro de fuga ni intención alguna de sustraerse del proceso judicial», reseñan.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
La audiencia continuará este viernes a las 2:00 p. m.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Al Ministerio Público señalar “serias incongruencias” en la solicitud de medida de coerción en contra de Hazim, Valerio refiere que la supuesta falta de justificación de bienes, específicamente una villa en Casa de Campo y un apartamento, se encuentran “debidamente documentados” y justificados con un préstamo.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
La condena de 87 meses, que fue dictada por la jueza Beth Bloom, será cumplida en una penitenciaría de Florida, tras una petición de Durán Jerez y que fue eventualmente concedida.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
El expolicía realizó un acuerdo con la fiscalía del Estado de la Florida, a través del cual se comprometió a colaborar con las autoridades estadounidenses, facilitando informaciones sobre el caso de envío de drogas que comparte con Herrera Silvestre.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Los narcos operaban desde un resort en Puerto Plata, cuya identidad no fue revelada en los documentos.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
La red reunió a varios inversionistas que unían sus narcóticos para hacer envíos sustanciales. La droga movilizada ascendería a al menos 376 kilogramos en tan solo dos años, con un valor estimado de más de siete millones de dólares al precio de mercado estadounidense para 2022.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.
Ahora, se está a la espera del juicio de Herrera Silvestre, que será el próximo 8 de enero.