Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.
El empresario indicó que el concurso fue realizado en medio de las elecciones del 5 de julio y la pandemia del Covid-19 (entre el 29 de junio al 10 de julio 2020), donde las empresas tenían 11 días para presentar sus propuestas y estaban trabajando a media capacidad.
“Es evidente que el concurso fue diseñado a la medida, y para favorecer personas de mucha influencia en las alturas del Palacio Nacional y el Procurador General de la República saliente, pues solo así se explica que se obviara la mala experiencia vivida con la empresa Monitoreo Dominicana”, dijo en la comunicación.
Indicó que la única empresa que hizo una propuesta y ganó la licitación fue Datrasolt, propiedad de Yuacal Leonel Elsevyf Báez, empezando los trabajos 18 días después de cerrado el concurso.
“Hacemos esta solicitud en vista de que dicho concurso fue realizado de manera apresurada, sospechosa y poco transparente en plenas elecciones nacionales presidenciales, congresuales y el subsiguiente período de transición del nuevo gobierno, afirmación que hacemos basados en el cronograma contenido en las bases del concurso aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de junio 2020, y publicadas rápidamente el 26 de junio del 2020”, aseguró.
La comunicación recibida a las 12: 50 de la tarde advierte que la empresa era de carpeta y tenía domicilio en la Eduardo Vicioso 87 donde estaban las oficinas de Global Monitoring Tracker.
“Según tenemos entendido ésta es una empresa de carpeta registrada con la misma dirección Eduardo Vicioso 87, y en el mismo local que funciona la empresa Global Monitoring Tracker que sí cuenta con las capacidades que demandan las bases para ofrecer el servicio y tiene cierto tiempo operando. Lo que evidencia es una suplantación de empresas, lo cual amerita ser investigado por las nuevas autoridades”, explicó.
Rivera señaló, además, varios de los procesos que desde el 2016 ocurrieron en la Procuraduría con la contratación de otras empresas para la adquisición de brazaletes, donde señala que Monitoreo Dominicana, cobraba los servicios a 500 dólares al mes, por imputado y tenía serias debilidades con el monitoreo de los imputados, había deficiencia en la supervisión de las personas que estaban como presos domiciliarios y la violación de las áreas de confinamiento por la deficiencias con los grilletes.
CONTROVERSIA
Alexis Medina.
En el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que los grilletes de localización que utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) eran vendidos por empresas de Alexis Medina.
Oposición.
“No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes de la PGR, nuestra institución de trabajo, eran de Alexis Medina”, dijo Berenice.
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