Santo Domingo, R.D.-La tarde este jueves el Gobierno entregó  442 títulos de propiedad a familias del sector Hato Nuevo, en el municipio Los Alcarrizos.

Durante el acto, el mandatario hizo un llamado a los dueños de terrenos a ponerse de acuerdo con sus familiares y así se pueda completar con la titulación de las propiedades pendientes.

“En este sector hay alrededor de 200 títulos en Bóveda, que están pendientes solamente del arreglo entre las familias para ver el nombre”, expresó el Abinader al tiempo que les pidió a los residentes a que ayuden para poder completar con la titulación.

El jefe de Estado manifestó que la entrega de títulos de propiedad garantiza tranquilidad y seguridad jurídica a las familias, al tiempo que evita que terceros intenten apropiarse de terrenos ocupados por décadas por los comunitarios.

Explicó que con este proceso, el Gobierno entrega directamente las propiedades a quienes han vivido durante décadas en esos terrenos. Destacó que muchas de las familias beneficiadas tienen 25, 30 y hasta 40 años viviendo en estos terrenos, por lo que la entrega representa el reconocimiento a su derecho de propiedad.

Abinader anunció que serán entregados 4,500 títulos en los sectores El Progreso, Santa Rosa y Buenas Noches, para “llevar todavía mucha más paz y mucha más tranquilidad” a Los Alcarrizos.

Más de 16 mil titulaciones

Subrayó que a la fecha se han entregado 16,773 títulos de propiedad en el municipio y señaló que la meta es continuar ampliando el programa de titulación hasta alcanzar 25,000 en la demarcación.

Otras obras en Los Alcarrizos

El presidente adelantó que además de preocuparse por obras de transporte masivo en la zona, el Gobierno iniciarán trabajos de asfaltado, la creación de pequeños puentes y otros proyectos en coordinación con Obras Públicas y la Alcaldía.

Destacó que el municipio tiene muchos pendientes aún, y dijo que tienen un plan de desarrollo para mejorar la calidad de los alcarricenses.

Detalles técnicos

En tanto, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez, explicó que los trabajos de titulación se desarrollaron en la parcela No. 10, del D.C. 31, abarcando un área geográfica de 200,000.26 metros cuadrados.

• Méndez resaltó que la entrega de este jueves permitió que cientos de familias puedan contar con su título de propiedad de manera gratuita, generando un ahorro conjunto de 55,040,000 pesos.

Estuvieron presentes el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, y los diputados Pablo Adón y Sandro Sánchez.

Santo Domingo, R.D.-Una operación internacional contra la explotación sexual infantil dejó al descubierto en República Dominicana un caso particularmente grave: la detención de una madre acusada de participar en los abusos sexuales cometidos contra sus propias hijas.

El arresto ocurrió en el marco de la Operación Eclipse, un operativo coordinado por la Interpol que permitió rescatar a 65 menores y detener a 60 sospechosos en nueve países de América Latina y el Caribe.

La investigación se desarrolló durante 11 meses y concluyó en enero de este año con la participación de autoridades de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Según informó Interpol a través de datos divulgados por la agencia Agencia EFE, en territorio dominicano fueron arrestadas dos personas vinculadas con el abuso sexual de dos menores de 10 y 13 años.

Entre los detenidos figura la madre de las niñas, señalada por las autoridades como una de las personas que facilitaba y participaba en los abusos sexuales cometidos contra sus hijas.

El segundo arrestado es un hombre identificado como un delincuente sexual que residía con las menores, quien también está acusado de cometer los abusos.

Las autoridades incautaron durante el operativo material relacionado con explotación sexual infantil, evidencia que permitió abrir nuevas líneas de investigación y avanzar en la identificación de posibles víctimas adicionales.

La Operación Eclipse se centró en desmantelar redes dedicadas a la producción y distribución de material de explotación sexual infantil, así como en localizar a los menores afectados.

De acuerdo con Interpol, la mayoría de las víctimas rescatadas tenían entre cinco y 13 años, y aproximadamente el 80 % eran niñas.

Las investigaciones revelaron que los agresores no siempre eran desconocidos para las víctimas. En muchos casos se trataba de familiares, vecinos, amigos o personas cercanas al entorno de los menores, además de delincuentes que utilizaban internet para contactar a las víctimas o que viajaban entre países para cometer los delitos.

El operativo también incluyó cooperación entre autoridades dominicanas y panameñas.

Ese intercambio de información permitió localizar en República Dominicana a dos sospechosos buscados por Panamá por delitos sexuales. Tras su identificación, se inició el proceso de extradición para que enfrenten cargos ante la justicia de ese país.

Interpol señaló que la coordinación entre los organismos de seguridad de los países participantes fue determinante para identificar a los responsables, rastrear el material ilícito y ubicar a las víctimas.

Los menores rescatados durante la operación recibieron protección y asistencia de las autoridades de los países involucrados.

Uno de los casos destacados ocurrió en Panamá, donde los investigadores lograron identificar a una víctima que había permanecido sin identificar durante más de diez años en la base de datos de Interpol.

En Costa Rica, los agentes localizaron a una menor cuyo agresor se había hecho pasar por una celebridad en internet para ganarse su confianza. Posteriormente utilizó amenazas contra su familia para mantener el control sobre la víctima.

Santo Domingo.– Una furrte contrtoversia ha provocado la aprobación del uso de suelo para la construcción de un parque cementerio privado en el municipio Santo Domingo Este, tras de que el Concejo de Regidores adoptara la decisión en medio de un procedimiento calificado como irregular y apresurado que habría ignorado requisitos técnicos y administrativos fundamentales.

La resolución, aprobada durante una sesión del Concejo, incluyó además una enmienda, propuesta por el regidor Luis Flores, que impediría la construcción de otro cementerio en el municipio durante los próximos cinco años, una disposición cuestionable por su impacto sobre el principio de libre competencia.

Asimismo, la abogada Anyelina Olivo afirmó que en el expediente no consta la certificación de uso de suelo emitida por la Dirección de Planeamiento Urbano, instancia que debe evaluar previamente la viabilidad territorial del proyecto antes de que el Concejo de Regidores pueda tomar una decisión.

Durante la sesión, varios regidores solicitaron la palabra para intervenir en el debate; sin embargo, no se les concedió el turno antes de proceder a la votación. La regidora Aileen Decamps lo calificó como una limitación al proceso deliberativo que debe regir las decisiones del órgano municipal.

La justista Olivo advirtió que este tipo de actuaciones vulnerar principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública, que exige legalidad, transparencia, coherencia procesal y equidad en las actuaciones del Estado.