Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.Más Noticias
Empresario solicitó a la Procuraduría invalidar concurso de brazaletes
Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.El empresario indicó que el concurso fue realizado en medio de las elecciones del 5 de julio y la pandemia del Covid-19 (entre el 29 de junio al 10 de julio 2020), donde las empresas tenían 11 días para presentar sus propuestas y estaban trabajando a media capacidad.
“Es evidente que el concurso fue diseñado a la medida, y para favorecer personas de mucha influencia en las alturas del Palacio Nacional y el Procurador General de la República saliente, pues solo así se explica que se obviara la mala experiencia vivida con la empresa Monitoreo Dominicana”, dijo en la comunicación.
Indicó que la única empresa que hizo una propuesta y ganó la licitación fue Datrasolt, propiedad de Yuacal Leonel Elsevyf Báez, empezando los trabajos 18 días después de cerrado el concurso.
“Hacemos esta solicitud en vista de que dicho concurso fue realizado de manera apresurada, sospechosa y poco transparente en plenas elecciones nacionales presidenciales, congresuales y el subsiguiente período de transición del nuevo gobierno, afirmación que hacemos basados en el cronograma contenido en las bases del concurso aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de junio 2020, y publicadas rápidamente el 26 de junio del 2020”, aseguró.
La comunicación recibida a las 12: 50 de la tarde advierte que la empresa era de carpeta y tenía domicilio en la Eduardo Vicioso 87 donde estaban las oficinas de Global Monitoring Tracker.
“Según tenemos entendido ésta es una empresa de carpeta registrada con la misma dirección Eduardo Vicioso 87, y en el mismo local que funciona la empresa Global Monitoring Tracker que sí cuenta con las capacidades que demandan las bases para ofrecer el servicio y tiene cierto tiempo operando. Lo que evidencia es una suplantación de empresas, lo cual amerita ser investigado por las nuevas autoridades”, explicó.
Rivera señaló, además, varios de los procesos que desde el 2016 ocurrieron en la Procuraduría con la contratación de otras empresas para la adquisición de brazaletes, donde señala que Monitoreo Dominicana, cobraba los servicios a 500 dólares al mes, por imputado y tenía serias debilidades con el monitoreo de los imputados, había deficiencia en la supervisión de las personas que estaban como presos domiciliarios y la violación de las áreas de confinamiento por la deficiencias con los grilletes.
CONTROVERSIA
Alexis Medina.
En el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que los grilletes de localización que utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) eran vendidos por empresas de Alexis Medina.
Oposición.
“No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes de la PGR, nuestra institución de trabajo, eran de Alexis Medina”, dijo Berenice.
listindiario.com
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
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Propietarios de Vidal Plast, acusados de explosión en San Cristóbal, son declarados no culpables
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
“Que caigan los verdaderos culpables, que nuestros familiares puedan por lo menos descansar en paz. La fiscalía elaboró una narrativa equivocada y de mala fe. Los Vidal no tenían nada que ver con eso, a los demás que estaban involucrados nunca los mencionaron”, expresaron los familiares.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
En ese entonces, la empresa detalló que no usaba combustibles ni productos para reciclar plásticos que pudieran provocar la explosión en San Cristóbal. Además, indicaron que en el lugar solo quedaba material plástico y que no había nada que pudiera provocar la explosión.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
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El destituido director de la PN sólo duró seis meses en la dirección de la Policía Nacional
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Durante las horas de protesta se presenció un ambiente marcado por la tensión, la presencia polical, neumáticos incendiados y obstáculos en algunas vías.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Los hechos ocurrieron el viernes 3 de julio de este año, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia requisaba al ciudadano Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Este lunes el presidente Luis Abinader designó, por medio del decreto 558-26, a Ernesto Rodríguez García como nuevo director de la entidad.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Como parte de su formación académica, el ex director de la Policía Nacional realizó una maestría en Defensa y Seguridad Nacional, diplomados en liderazgos, derechos humanos, investigación criminal, seguridad estratégica, gestión institucional y liderazgo transformacional.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.