Editorial
Si la letalidad Aumenta en Proporción a la Positividad el Gobierno Tendría Serias Dificultades.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader había entrado en un proceso en que la gente hacía uso del dejar pasar y dejar hacer, mientras la pandemia toma cuerpo en el país, principalmente en lo que respecta al aumento de la positividad.
Ese crecimiento de los niveles de contagios está explicado por el hecho de que la gente no respeta el distanciamiento social y las demás medidas que evitan que el Covid-19 se expanda entre los dominicanos.
Ha habido una tolerancia peligrosa, por decirlo de alguna manera, pero por suerte el nivel de letalidad no ha ido de la mano de la positividad, que pudiera ser que una estuviera proporcionalmente igual que la otra.
Esa indulgencia frente a los factores que propician el contagio constituye un problema muy serio para el Gobierno, ya que la continuación de la tendencia de los niveles de positividad podría convertir la enfermedad, pero muy concretamente la letalidad, en un problema, ya que no sólo se amenaza la vida de la gente y lo económico, sino también lo social y lo político.
Todo el mundo sabe que en la República Dominicana y en muchos otros lugares del mundo la política es un negocio y que resulta muy difícil que la oposición esté verdaderamente interesada en que las autoridades de turno manejen con idoneidad las complicaciones de salud derivadas del coronavirus.
Probablemente hagan lo indecible para torpedear cualquier buena medida de las autoridades, pero que quede claro que esa actitud es propia de cualquiera que esté en la oposición, porque de lo que se trata es desacreditar al que tiene el poder, dado que es una lucha de quítate tú para ponerme yo.
Sin embargo, debe admitirse que la tolerancia del PRM o del Gobierno de Luis Abinader con la pandemia podría convertirse en una arma de doble filo, porque en esto hay mucho de populismo, lo cual podría ser una gran trampa política para los que ostentan el poder.
El asunto había tomado un giro preocupante hasta que se tomó la decisión de endurecer las medidas de restricción para controlar la propagación de la pandemia, por el riesgo que se corre de que la misma se pueda tornar en un problema político en razón de que el aumento de las muertes por esta causa puede ser atribuido a un mal manejo de los instrumentos cientٕíficos para combatir la enfermedad.
El aumento significativo de la letalidad generaría la pérdida de la confianza en un Gobierno que en algún momento ha dado la impresión de dar palos a ciegas y peor aun con la tendencia que hubo en las autoridades competentes de no hablar con claridad sobre el curso que toma en el país el Covid-19, sobre todo después de la aparición de nuevas cepas del patógeno en diferentes países del mundo, principalmente en Inglaterra.
La deficiencia comunicacional del Gobierno para informar a la gente con transparencia sobre la pandemia inició lo que parecería ser un proceso de atribuir a la irresponsabilidad y la incapacidad de las autoridades el aumento de los contagios y de las muertes que se produjeran en el proceso.
Lo único que sirve de atenuante al Gobierno es el hecho de que se trata de un virus que ha afectado a la mayoría de los países con una gran secuela de contagios y de muertes, pero el déficit acumulado en la eficiencia del sistema sanitario dominicano podría ser una causa más que suficiente para que convertido el asunto en político ello pueda generar una pérdida de la confianza de los ciudadanos en unas autoridades que todavía está por verse cuál es su aptitud para asumir el presente reto.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.