Editorial
Si la letalidad Aumenta en Proporción a la Positividad el Gobierno Tendría Serias Dificultades.
El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader había entrado en un proceso en que la gente hacía uso del dejar pasar y dejar hacer, mientras la pandemia toma cuerpo en el país, principalmente en lo que respecta al aumento de la positividad.
Ese crecimiento de los niveles de contagios está explicado por el hecho de que la gente no respeta el distanciamiento social y las demás medidas que evitan que el Covid-19 se expanda entre los dominicanos.
Ha habido una tolerancia peligrosa, por decirlo de alguna manera, pero por suerte el nivel de letalidad no ha ido de la mano de la positividad, que pudiera ser que una estuviera proporcionalmente igual que la otra.
Esa indulgencia frente a los factores que propician el contagio constituye un problema muy serio para el Gobierno, ya que la continuación de la tendencia de los niveles de positividad podría convertir la enfermedad, pero muy concretamente la letalidad, en un problema, ya que no sólo se amenaza la vida de la gente y lo económico, sino también lo social y lo político.
Todo el mundo sabe que en la República Dominicana y en muchos otros lugares del mundo la política es un negocio y que resulta muy difícil que la oposición esté verdaderamente interesada en que las autoridades de turno manejen con idoneidad las complicaciones de salud derivadas del coronavirus.
Probablemente hagan lo indecible para torpedear cualquier buena medida de las autoridades, pero que quede claro que esa actitud es propia de cualquiera que esté en la oposición, porque de lo que se trata es desacreditar al que tiene el poder, dado que es una lucha de quítate tú para ponerme yo.
Sin embargo, debe admitirse que la tolerancia del PRM o del Gobierno de Luis Abinader con la pandemia podría convertirse en una arma de doble filo, porque en esto hay mucho de populismo, lo cual podría ser una gran trampa política para los que ostentan el poder.
El asunto había tomado un giro preocupante hasta que se tomó la decisión de endurecer las medidas de restricción para controlar la propagación de la pandemia, por el riesgo que se corre de que la misma se pueda tornar en un problema político en razón de que el aumento de las muertes por esta causa puede ser atribuido a un mal manejo de los instrumentos cientٕíficos para combatir la enfermedad.
El aumento significativo de la letalidad generaría la pérdida de la confianza en un Gobierno que en algún momento ha dado la impresión de dar palos a ciegas y peor aun con la tendencia que hubo en las autoridades competentes de no hablar con claridad sobre el curso que toma en el país el Covid-19, sobre todo después de la aparición de nuevas cepas del patógeno en diferentes países del mundo, principalmente en Inglaterra.
La deficiencia comunicacional del Gobierno para informar a la gente con transparencia sobre la pandemia inició lo que parecería ser un proceso de atribuir a la irresponsabilidad y la incapacidad de las autoridades el aumento de los contagios y de las muertes que se produjeran en el proceso.
Lo único que sirve de atenuante al Gobierno es el hecho de que se trata de un virus que ha afectado a la mayoría de los países con una gran secuela de contagios y de muertes, pero el déficit acumulado en la eficiencia del sistema sanitario dominicano podría ser una causa más que suficiente para que convertido el asunto en político ello pueda generar una pérdida de la confianza de los ciudadanos en unas autoridades que todavía está por verse cuál es su aptitud para asumir el presente reto.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.