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Poder Ejecutivo promulga la Ley de Proindustria que otorga estímulos al sector industrial del país.
Santo Domingo.- Las modificaciones introducidas a la Ley de Proindustria fueron promulgadas hoy por el presidente Luis Abinader, las cuales procuran incrementar la competitividad de la industria nacional, fortalecer las cadenas de valor y estimular las exportaciones nacionales a través de una serie de medidas orientadas a la renovación y modernización del sector manufacturero nacional.
Esta nueva ley modifica los artículos 4, 9 y 17 de la Ley 542-14 sobre Innovación y Competitividad Industrial y a partir de ahora se extiende por quince años los incentivos fiscales contemplados en la misma. Además corrige distorsiones fiscales, hará más fácil producir, estimulará las exportaciones de la industria local, permitirá la compensación del pago del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) y facilitará el encadenamiento productivo entre el sector industrial y las zonas francas, lo que deberá de reflejar mayor ventas de las industrias locales a las Zonas Francas instaladas en el país que a la fecha importan más de US 3,600 millones de dólares anuales en insumos para su producción.
El Presidente Abinader reiteró la importancia de esta pieza legislativa, al indicar que el sector industrial “será estimulado con los incentivos que crea esta ley, los cuales permitirán la generación de más plazas de trabajo en un contexto de recuperación económica producto de la covid-19”. De igual manera, precisó que el sacrificio fiscal que hará el estado dominicano es en procura de dar apoyo y fortalecer la competitividad de todas las industrias del País para un nuevo ciclo industrial que tiene que colocar a nuestra nación en la capacidad de servir sus mejores productos al mundo entero.
Además, esta nueva ley procura sustentar la competitividad y motivar la innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas locales para lograr el posicionamiento de la producción nacional en los mercados internacionales.
Esta ley, sobre Competitividad e Innovación Industrial, permitirá a los industriales reinvertir sus utilidades y descontar las mismas del pago del impuesto sobre la renta, ósea que permite descontar lo invertido en maquinarias nuevas en el ejercicio fiscal del año anterior hasta un 50% de la renta neta imponible, también contratar consultorías internacionales en materia de innovación sin retención de impuestos del ISR al consultor internacional e importar materias primas, maquinarias y bienes de capital pagando solo el 50% del ITBIS ante la Dirección General de Aduanas.
Esta pieza legislativa será una herramienta para incentivar la producción en el país, propiciando las condiciones necesarias para promover la modernización y la renovación en la industria nacional a través de la corrección de distorsiones fiscales que limitaban la competitividad de nuestros sectores productivos.
En ese sentido, el texto señala de forma específica los tipos de materias primas, maquinarias y bienes de capital cuya renovación y modernización se incentiva, evitando además que los beneficios contemplados para el sector industrial sean canalizados y utilizados para otros fines.
Esta ley procura motivar la producción en todo el aparato industrial dominicano, destacándose los sectores de alimentos y bebidas, construcción, cosméticos, plásticos, Farmacéuticos, entre otros, que podrán beneficiarse de estos incentivos a partir de la fecha.
La promulgación de esta ley se produce en el marco del Decreto 588-20 del presidente Abinader, que declara la industrialización como prioridad nacional, articulada con acciones desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, como pieza clave en la reactivación de la economía dominicana, tras los efectos del covid-19.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.