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RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán alias «Jochi Gómez» y demás imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana.
El proceso inicia luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y ordenará la apertura a juicio contra los encartados.
Al emitir el auto de apertura a juicio, el tribunal de la fase preliminar introdujo ajustes a la acusación original, y mantuvo de manera definitiva los cargos por asociación de malhechores, estafa, desfalco y lavado de activos.
Mientras que fueron descartadas las imputaciones de terrorismo y contrabando formuladas inicialmente contra dos de los principales encartados, al considerarse que existían inconsistencias técnicas en su formulación.
El juicio de fondo sentará en el banquillo de los acusados a los implicados, quienes cuentan con un amplio equipo de abogados para sus medios de defensa.
Gómez Canaán , Aurix S.A.S. y OML Inversiones S.R.L, serán defendidos por Carlos Balcácer, Juan Hirohito Reyes Cruz y Johanny Elizabeth Castillo Sabari.
Mientras que Hugo Beras, será asistido por Laura Acosta Lora, Nassef Roberto Perdomo Cordero, Luis Rivas, Olianna García Mateo, Jennifer Gómez Caraballo e Ivan Chevaleár.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Excoordinador de Despacho del Intrant), asistido por Nolasco Rivas Fermín y Michelle Pérez.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Exdirector de Tecnología del Intrant), defendido por Ingrid Melania Hidalgo Martínez y Joaquín Jáquez.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia (Exdirector Administrativo del Intrant), asistid por Juan Francisco Álvarez Guzmán, Jhon Manuel Frías Frías y Jossy Mariel Pimentel Rodríguez.
Pedro Vinicio Padovani Báez y Transcore Latam S.R.L, defendidos por Cristian Jesús Cabrera Heredia y Jorge Abraham Morilla Holguín.
Mariano Gustini Ponce, Manuel Eduardo Mora Vázquez y PagoRD Xchange S.R.L, asistidos por Eduardo Núñez, Mario Guilera y Nicole Espinal.
Carlos José Peguero Vargas e Inprosol S.R.L.: representados por Ricardo Alcántara Méndez y Milagros Reyes Rocha.
Henry Darío Féliz Casso, asistido por Emmanuel Martínez Acevedo y Carlos Olivares.
Empresa Dekolor S.R.L, defendida por Vicmary García y Marino Féliz Rodríguez.
Santo Domingo.- La acusacion formal y solicitud de apertura a juicio presentó el Ministerio Público en contra de Aurelio Valdez Alcántara, el fiscal procesado por pedir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.
El Ministerio Público, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, depositó la acusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El órgano acusador solicitó fijar la audiencia preliminar a los fines de conocer el acto conclusivo consistente en acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra del acusado Valdez Alcántara por su participación en el hecho punible al que se contrae la acusación.
También, que se mantenga la medida de coerción impuesta al acusado Aurelio Valdez Alcántara, a través de la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001 y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Aurelio Valdez Alcántara al momento en que ocurrieron los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Señala que en el marco del proceso judicial la persona que hizo la entrega controlada fue interrogada por el ahora acusado Aurelio Valdez en el mes de diciembre del pasado año. Después de concluido el interrogatorio el ahora acusado le solicitó el número de teléfono al investigado, procediendo después a escribirle un mensaje vía la aplicación WhatsApp.
Establece que, luego de una serie de acciones intimidatorias relacionadas al proceso judicial, el acusado le dijo al investigado que podía ayudarlo y a estos fines le propuso de manera explícita que le buscara 200 mil dólares, suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz. Posteriormente, acordaron la entrega de los 10 mil dólares el pasado mes de marzo, tras lo cual se le ejecutó una orden de arresto.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia y le fue impuesta el pasado mes de mayo prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La prisión le fue ratificada el pasado mes de julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.
El Ministerio Público establece en la acusación que Valdez Alcántara incurrió en conducta típica a las disposiciones de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9 numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Santo Domingo, R.D.-Muchas expectativas hay entre los funcionarios del Gobierno por la llegada del 16 de agosto, fecha en la que regularmente se producen cambios en el tren gubernamental.
Una de las miradas está puesta en el canal de WhatsApp del mandatario, que actualmente cuenta con 278,038 seguidores, una plataforma que el jefe de Estado ha utilizado para mantener comunicación directa con la ciudadanía y divulgar informaciones de interés. El uso de este canal forma parte de la estrategia digital desarrollada por Abinader para conectar directamente con la población.
Y hay un antecedente reciente que alimenta las expectativas. El 17 de agosto de 2025, un día después de la conmemoración de la Restauración, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 461-25, mediante el cual realizó importantes cambios en instituciones estratégicas del Gobierno.
Fue entonces cuando, como se dice popularmente, “se remeneó la mata”.
Entre los movimientos estuvo la designación de Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas, mientras que Samuel Pereyra Rojas, quien hasta ese momento encabezaba Banreservas, pasó a presidir el Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).
Los cambios también alcanzaron áreas sensibles de la administración pública. Rafael Adolfo Pérez de León fue designado director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), posición en la que fue juramentado al día siguiente de emitirse el decreto.
En el área de comunicación, Abinader nombró a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) y a Carlos Alberto Caminero Sánchez al frente de la Dirección de Prensa del Presidente.
Otro de los movimientos de mayor impacto fue la designación de Edward Rafael Guzmán Padilla como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El decreto también incluyó cambios en otras dependencias gubernamentales.
La experiencia de agosto de 2025 explica por qué, al llegar nuevamente este mes, aumenta la atención sobre cualquier señal procedente del Palacio Nacional y, especialmente, sobre las publicaciones que puedan aparecer en las plataformas oficiales del mandatario.
Por ahora, no existe confirmación de que el presidente Abinader vaya a realizar nuevos cambios en agosto de 2026. Sin embargo, el antecedente inmediato mantiene viva la expectativa y convierte cada publicación en su canal de WhatsApp, especialmente al caer la tarde, en motivo de atención para quienes siguen de cerca los movimientos del Gobierno.
Agosto apenas comienza su segunda semana y, en los pasillos políticos, vuelve la misma pregunta: ¿se remeneará otra vez la mata?