Santo Domingo, RD.-La República Dominicana se avoca a la modificación de su normativa jurídica de partidos y electoral, las cuales sufrieron su primer revés luego de transcurrido 5 meses de la promulgación de la Ley 15-19, orgánica de régimen electoral, cuando el 30 de julio de 2019 el Tribunal Constitucional declaró la primera nulidad de una de sus disposiciones, por chocar con la Carta Magna.Más Noticias
Ley de partidos y electoral en vía de modificación.
Santo Domingo, RD.-La República Dominicana se avoca a la modificación de su normativa jurídica de partidos y electoral, las cuales sufrieron su primer revés luego de transcurrido 5 meses de la promulgación de la Ley 15-19, orgánica de régimen electoral, cuando el 30 de julio de 2019 el Tribunal Constitucional declaró la primera nulidad de una de sus disposiciones, por chocar con la Carta Magna.El fallo, que en principio fue dado en dispositivo, y luego motivado en la sentencia TC-348-19, del 16 de septiembre de 2019, eliminó el numeral 18 del artículo 284 de la ley electoral, del 18 de febrero del 2019.
Aconteció un año antes de las elecciones del nivel municipal establecidas en la Constitución para el tercer domingo de febrero y a un año y cinco meses de las presidenciales y legislativas, pautada el tercer domingo de mayo del 2020 (artículo 209 de la Constitución).
El texto legal castigaba con penas de 3 a 10 años de prisión la violación a “las normas constitucionales, éticas y legales sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, elaborando, financiando, promoviendo o compartiendo campañas falsas o denigrante con piezas propagandísticas y contenidos difamantes o injuriosos contra el honor y la intimidad de candidatos o del personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos, o agrupaciones participantes en los procesos electorales”. Anteriormente, el 5 de abril del 2019, la Corte Constitucional había abolido el numeral 6 del artículo 44 de la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, otra norma de reciente aprobación.
La nulidad fue dictada a solo 8 meses de la promulgación de la legislación, el 13 de agosto de 2018. Recayó también en la disposición que penalizó la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales durante la precampaña electoral.
Acogiendo una acción de inconstitucionalidad interpuesta por varios partidos políticos, fueron anulados diversos preceptos de la ley 33-18, mediante la sentencia TC-441-19, del 10 de octubre del 2019.
Fue anulado el artículo 43 de la Ley de Partidos, que limitó la precampaña política al ámbito interno, a la participación de los candidatos y voceros en medios de comunicación, reuniones en recintos cerrados, visitas casa por casa, uso de camisetas, gorras, banderas, distintivos, adhesivos y cintas, y divulgación de mensajes por teléfonos, facsímiles, correo, internet y otros medios digitales, con excepción de la radio y televisión.
Se eliminó el numeral 12 del artículo 25, que prohibió a los partidos “concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentan, debiendo entonces postular candidaturas propias en ese certamen, de cualquier nivel que se trate”. Invalidó también los numerales 4 y 7 del artículo 44, y su párrafo tercero. En el numeral 4, la ley prohibió “Toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional, en el orden religioso, racial, de preferencia sexual, o de cualquier otra naturaleza que contravenga las buenas costumbres”.
En el 7 impidió “la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisiva”. El párrafo III sancionó las violaciones al artículo 44 con la retención de los fondos públicos que entrega el Estado a los partidos.
Otra inconstitucionalidad fue la del numeral 3 del artículo 49 de la Ley 33-18, que exigió tener un tiempo de militancia o permanencia mínimo en un partido que consignen los estatutos para ostentar una candidatura o precandidatura.
Fue anulada, además, una parte del párrafo III del artículo 45 de la Ley 33-18, que facultaba a los organismos de dirección de los partidos a decidir la modalidad y método de selección de los candidatos. El TC dispuso que el organismo competente será el que señalen sus estatutos. (TC-214-19).
El TC anuló el párrafo IV del artículo 104 de la Ley 15-19, que impuso el sistema de arrastre electoral en el nivel municipal, además del congresual. Ya el arrastre de diputados a senadores había sido anulado antes de la ley 157-13, que también lo contenía.
En enero del 2020 se eliminó el artículo 131 de la ley 15-19, que prohibió a entidades políticas municipales y provinciales establecer alianzas con los partidos políticos, que tienen alcance nacional. Ese artículo también dispuso que si las agrupaciones políticas pactan con otra agrupación se considerarán fusionadas en una sola.
Se espera otros fallos, incluyendo de 4 impugnaciones a la Ley Electoral sobre el transfuguismo, contenidas en el artículo 134 de la Ley 15-19, y el numeral 4, artículo 49, Ley 33-18.
En octubre el TC decidió una acción contra el transfuguismo, pero solo se limitó a declarar inadmisible una instancia.
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Tráfico de inmigrantes genera detención de cuatro personas, incluido un teniente retirado de la Policía Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Un haitiano y tres dominicanos, incluido un segundo teniente retirado de la Policía Nacional, fueron arrestados por el Ejército de la República Dominicana (ERD) por ingresar indocumentados por diferentes puntos de las provincias Montecristi, Valverde y San Juan de la Maguana.
Una de las detenciones se produjo en la comunidad Martín García en Montecristi, donde un nacional haitiano, identificado por las autoridades dominicanas como Lico Pie, de unos 30 años de edad, fue atrapado con un grupo de 11 indocumentados.
En un comunicado de prensa, el ERD señaló a Pie como «uno de los denominados poteas», el equivalente criollo de los coyotes mexicanos que se encargan de transportar a los migrantes irregulares a través de la frontera entre Haití y República Dominicana.
En ese sentido, la nota señala que el haitiano guiaba al grupo de indocumentados por una zona boscosa de Montecristi.Además de las detenciones, las unidades del ERD que actuaron ocuparon un arma de las denominadas chilena y una cápsula para la misma, a Pie, quien será enviado a la justicia, agrega la nota del Ejército.
Segundo teniente retirado y otros traficantes de indocumentados
También en Montecristi, miembros del Ejército dominicano en el puesto de chequeo Mangá detuvieron a José Amado Vargas Guzmán, cuando salía de un callejón en las inmediaciones de Cerro Gordo conduciendo un carro marca Toyota Camry, color dorado, transportando un grupo de 16 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.
Mientras que en Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, fueron detenidos dos hombres intentando evadir un puesto de chequeo en la salida Las Matas-Elías Piña, por un callejón del barrio el Cajuil, también mientras transportaban a indocumentados.
Los detenidos, quienes transitaban en un carro marca Kia, color blanco, con tres nacionales haitianos sin documentos, fueron identificados como Roque Guzmán Paulino y el segundo teniente retirado de la Policía, Arcadio Ramón García, este último portaba una pistola marca Tauro, calibre 9 milímetro con numeración ilegible.
Más indocumentados detenidos en Valverde
En otro operativo militar realizado en Mao, Valverde, fueron interceptados dos vehículos que transportaban a nacionales haitianos en situación irregular.
Próximo al Distrito Municipal Boca de Mao, miembros del Ejército ordenaron parar dos minivans, ambas marca Toyota Previa, de color blanca y roja, cuyos conductores hicieron caso omiso, por lo que fue necesario darle seguimiento.
Cuando lograron alcanzarlos, fueron detenidos siete nacionales haitianos sin documentación, mientras que los conductores y otros indocumentados emprendieron la huida.
Los detenidos, los vehículos y un arma de fabricación casera fueron llevados a la 4ta. Brigada de Infantería ERD, para los fines procedentes.
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Miles de católicos participan en la caminata “Un Paso por mi Familia” en el Gran Santo Domingo y Santiago
«Un Paso por mi Familia» es el título de una serie de caminatas que se han celebrado este domingo en parroquias de la Iglesia Católica del Gran Santo Domingo y Santiago, en la que miles de personas se reúnen en una actividad que busca promover la unidad y el fortalecimiento de los valores familiares en la sociedad.
En la capital, los participantes se congregan en la intersección de la avenida George Washington con Abraham Lincoln, donde comenzaron su recorrido en un ambiente de alegría y confraternidad. Mientras tanto, en Santiago, la caminata partió desde la Catedral de Santiago Apóstol y culminó en el Parque Central, en el corazón de la ciudad.
Ambos eventos se marcan por la participación de familias completas, quienes caminaron juntas en una manifestación de apoyo a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Los organizadores destacan la importancia de esta actividad como un llamado a la reflexión sobre el rol de las familias en la construcción de una sociedad más solidaria y cohesionada.
Durante las caminatas, los asistentes llevan pancartas con mensajes sobre la paz, la unidad y la protección de los derechos familiares, mientras disfrutan de una mañana llena de espiritualidad y convivencia.
La actividad, organizada por la Iglesia Católica y apoyada por diversas instituciones locales, se consideran uno de los eventos más importantes del año en cuanto a la promoción de los valores cristianos y la integración familiar.
SANTO DOMINGO.- Por violaciones de seguridad y salud, el Ministerio de Trabajo ordenó paralizar la construcción de una torre en el exclusivo sector de Piantini, en esta capital tras el fallecimiento de un obrero de nacionalidad haitiana.
En un documento remitido a medios de comunicacion el organismo oficial dice que una exhaustiva inspección técnica, encabezada por el director de Coordinación de Inspectoría de Trabajo del Ministerio, Juan Ramón Ventura, confirmó que la constructora involucrada incumplió importantes regulaciones legales. No especificó el nombre de esta compañía ni tampoco los de sus ejecutivos.
Entre ellas menciona los artículos 436 del Código de Trabajo, 13 del Reglamento 522-06 y 13 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), normativas que –según resalta- son esenciales para garantizar condiciones laborales seguras y dignas.
Ventura destacó que esta medida tiene como objetivo principal reafirmar el compromiso del Ministerio de Trabajo con la protección de los derechos y la seguridad de la clase trabajadora.
“Es fundamental que las empresas del sector construcción cumplan de manera estricta las normativas vigentes para asegurar un entorno laboral seguro y respetuoso de los derechos de sus empleados”, subrayó.
Asimismo, el funcionario aseguró que las actividades de la constructora podrán reanudarse únicamente después de que se corrijan las irregularidades detectadas y se garantice el cumplimiento pleno de las leyes y reglamentos que velan por la seguridad de los trabajadores.
“Con acciones como esta, el Ministerio de Trabajo reafirma su compromiso con la promoción de un ambiente laboral seguro, que priorice la vida y la dignidad de los trabajadores en todos los sectores productivos”, dijo.