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Pesquisa en casa de exdirector de Edenorte es parte de la Operación Antipulpo.
La requisa de la vivienda donde reside el exdirector de la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE), Julio Cesar Correa, contemplaba el secuestro de bienes y documentos como parte de las investigaciones de la Operación Anti Pulpo.
El documento, del que tiene copia Diario Libre, se refiere a la necesidad de allanar dos viviendas en el residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, en la provincia La Vega, las que se presume son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, al que se acusa de ser la cabeza visible de un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano.
Por la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó el 8 de diciembre pasado medidas de coerción contra familiares y exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, entre ellos, los dos hermanos del exmandatario, Juan Alexis y Magalys Medina Sánchez.
En su solicitud de allanamiento ante el juez Vargas, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expone que Juan Alexis Medina posee inmuebles de su propiedad donde presumiblemente el presunto entramado societario oculta evidencias.
Cita la residencia del imputado, el apartamento No.T3-29-A, en el vigésimo noveno nivel de la Torre 3, del Malecón Center. También señala el apartamento B-6, Condominio Torre Mediterránea, ubicada en la Calle Manuel De Jesús Troncoso No. 20, en el Distrito Nacional, y el apartamento 2-Sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la Calle Federico Geraldino esquina. Erwin Walter Palm No. 94, Ensanche Paraíso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., R.D.
Sin embargo, indica que, de acuerdo con el resultado de las diligencias de investigación, se determinó que documentaciones y equipos electrónicos que se almacenaban en distintos lugares propiedad del imputado Juan Alexis Medina, fueron movilizados a diferentes residencias pertenecientes al mismo y a sus relacionados, entre estos, familiares.
“En base a lo anterior, el Ministerio Público entiende que es fundamental practicar allanamiento en: 1. Casa color blanco de dos niveles verjas color verde oscuro con cristales y 2. Casa color blanca de dos niveles color blanco con cristales ubicadas en el Residencial Don Bartolo calle Chefito Batista, provincia La Vega, los cuales de acuerdo a las diligencias de inteligencia son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus testaferros y de uno de sus familiares no identificado hasta el momento”.
Dice además que esas residencias constituyen lugares de acopio de la asociación de malhechores, a través de sus testaferros físicos y jurídicos.
La Pepca procuró el secuestro de bienes y documentos, tales como: Informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos, servicios, transferencias, descargos, actas de constitución o modificación de compañías, dispositivos de almacenamiento de datos, electrónicos, informáticos, pero sin hacer referencia al nombre de Julio César Correa ni a arresto de personas.
“No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, cuestión que no es así”, declaró Rodríguez.
“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón, y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez ni a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”, insistió la abogada.
Sin embargo, en uno de los videos que circulan sobre el allanamiento, se escucha a un personal actuante que se identifica como el fiscal Pedro Frías decir que se habían encontrado varias cosas, y que seguían indagando, aunque no entró en detalles alegando que se afectan las indagatorias.
Tras indicar que son respetuosos de los derechos de las personas, Frías respondió con un “posiblemente” a las preguntas de que si seguirán allanando a otras personas y que si había más vinculados a Correa en La Vega.
Este lunes, al ser cuestionado sobre las vinculaciones del Correa en el caso Antipulpo, Wilson Camacho declaró que ese caso tiene muchos tentáculos y que ellos siguen buscando información para llegar hasta el último de ellos y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad.
“Hemos dicho que hay vasos comunicantes entre diferentes entramados que han asaltado el erario en República Dominicana y esto es un rompe cabeza que el Ministerio Público va a armar y, en la medida que vaya saliendo cada pieza, la estará presentando ante los tribunales”, declaró Camacho.
Además de los hermanos del expresidente, por la Operación Antipulpo tienen medidas de coerción el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar.
También el exencargado de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como los empresarios Julián Esteban Suriel Suazo, a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, a quienes se les señala como testaferros de Juan Alexis Medina. El grupo guarda prisión en San Cristóbal, con excepción de Carmen Magalys, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén que tienen arresto domiciliario.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.