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Pesquisa en casa de exdirector de Edenorte es parte de la Operación Antipulpo.
La requisa de la vivienda donde reside el exdirector de la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE), Julio Cesar Correa, contemplaba el secuestro de bienes y documentos como parte de las investigaciones de la Operación Anti Pulpo.
El documento, del que tiene copia Diario Libre, se refiere a la necesidad de allanar dos viviendas en el residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, en la provincia La Vega, las que se presume son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, al que se acusa de ser la cabeza visible de un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano.
Por la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó el 8 de diciembre pasado medidas de coerción contra familiares y exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, entre ellos, los dos hermanos del exmandatario, Juan Alexis y Magalys Medina Sánchez.
En su solicitud de allanamiento ante el juez Vargas, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expone que Juan Alexis Medina posee inmuebles de su propiedad donde presumiblemente el presunto entramado societario oculta evidencias.
Cita la residencia del imputado, el apartamento No.T3-29-A, en el vigésimo noveno nivel de la Torre 3, del Malecón Center. También señala el apartamento B-6, Condominio Torre Mediterránea, ubicada en la Calle Manuel De Jesús Troncoso No. 20, en el Distrito Nacional, y el apartamento 2-Sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la Calle Federico Geraldino esquina. Erwin Walter Palm No. 94, Ensanche Paraíso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., R.D.
Sin embargo, indica que, de acuerdo con el resultado de las diligencias de investigación, se determinó que documentaciones y equipos electrónicos que se almacenaban en distintos lugares propiedad del imputado Juan Alexis Medina, fueron movilizados a diferentes residencias pertenecientes al mismo y a sus relacionados, entre estos, familiares.
“En base a lo anterior, el Ministerio Público entiende que es fundamental practicar allanamiento en: 1. Casa color blanco de dos niveles verjas color verde oscuro con cristales y 2. Casa color blanca de dos niveles color blanco con cristales ubicadas en el Residencial Don Bartolo calle Chefito Batista, provincia La Vega, los cuales de acuerdo a las diligencias de inteligencia son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus testaferros y de uno de sus familiares no identificado hasta el momento”.
Dice además que esas residencias constituyen lugares de acopio de la asociación de malhechores, a través de sus testaferros físicos y jurídicos.
La Pepca procuró el secuestro de bienes y documentos, tales como: Informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos, servicios, transferencias, descargos, actas de constitución o modificación de compañías, dispositivos de almacenamiento de datos, electrónicos, informáticos, pero sin hacer referencia al nombre de Julio César Correa ni a arresto de personas.
“No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, cuestión que no es así”, declaró Rodríguez.
“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón, y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez ni a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”, insistió la abogada.
Sin embargo, en uno de los videos que circulan sobre el allanamiento, se escucha a un personal actuante que se identifica como el fiscal Pedro Frías decir que se habían encontrado varias cosas, y que seguían indagando, aunque no entró en detalles alegando que se afectan las indagatorias.
Tras indicar que son respetuosos de los derechos de las personas, Frías respondió con un “posiblemente” a las preguntas de que si seguirán allanando a otras personas y que si había más vinculados a Correa en La Vega.
Este lunes, al ser cuestionado sobre las vinculaciones del Correa en el caso Antipulpo, Wilson Camacho declaró que ese caso tiene muchos tentáculos y que ellos siguen buscando información para llegar hasta el último de ellos y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad.
“Hemos dicho que hay vasos comunicantes entre diferentes entramados que han asaltado el erario en República Dominicana y esto es un rompe cabeza que el Ministerio Público va a armar y, en la medida que vaya saliendo cada pieza, la estará presentando ante los tribunales”, declaró Camacho.
Además de los hermanos del expresidente, por la Operación Antipulpo tienen medidas de coerción el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar.
También el exencargado de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como los empresarios Julián Esteban Suriel Suazo, a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, a quienes se les señala como testaferros de Juan Alexis Medina. El grupo guarda prisión en San Cristóbal, con excepción de Carmen Magalys, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén que tienen arresto domiciliario.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.