Más Noticias
Pesquisa en casa de exdirector de Edenorte es parte de la Operación Antipulpo.
La requisa de la vivienda donde reside el exdirector de la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE), Julio Cesar Correa, contemplaba el secuestro de bienes y documentos como parte de las investigaciones de la Operación Anti Pulpo.
El documento, del que tiene copia Diario Libre, se refiere a la necesidad de allanar dos viviendas en el residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, en la provincia La Vega, las que se presume son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, al que se acusa de ser la cabeza visible de un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano.
Por la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó el 8 de diciembre pasado medidas de coerción contra familiares y exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, entre ellos, los dos hermanos del exmandatario, Juan Alexis y Magalys Medina Sánchez.
En su solicitud de allanamiento ante el juez Vargas, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expone que Juan Alexis Medina posee inmuebles de su propiedad donde presumiblemente el presunto entramado societario oculta evidencias.
Cita la residencia del imputado, el apartamento No.T3-29-A, en el vigésimo noveno nivel de la Torre 3, del Malecón Center. También señala el apartamento B-6, Condominio Torre Mediterránea, ubicada en la Calle Manuel De Jesús Troncoso No. 20, en el Distrito Nacional, y el apartamento 2-Sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la Calle Federico Geraldino esquina. Erwin Walter Palm No. 94, Ensanche Paraíso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., R.D.
Sin embargo, indica que, de acuerdo con el resultado de las diligencias de investigación, se determinó que documentaciones y equipos electrónicos que se almacenaban en distintos lugares propiedad del imputado Juan Alexis Medina, fueron movilizados a diferentes residencias pertenecientes al mismo y a sus relacionados, entre estos, familiares.
“En base a lo anterior, el Ministerio Público entiende que es fundamental practicar allanamiento en: 1. Casa color blanco de dos niveles verjas color verde oscuro con cristales y 2. Casa color blanca de dos niveles color blanco con cristales ubicadas en el Residencial Don Bartolo calle Chefito Batista, provincia La Vega, los cuales de acuerdo a las diligencias de inteligencia son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus testaferros y de uno de sus familiares no identificado hasta el momento”.
Dice además que esas residencias constituyen lugares de acopio de la asociación de malhechores, a través de sus testaferros físicos y jurídicos.
La Pepca procuró el secuestro de bienes y documentos, tales como: Informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos, servicios, transferencias, descargos, actas de constitución o modificación de compañías, dispositivos de almacenamiento de datos, electrónicos, informáticos, pero sin hacer referencia al nombre de Julio César Correa ni a arresto de personas.
“No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, cuestión que no es así”, declaró Rodríguez.
“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón, y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez ni a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”, insistió la abogada.
Sin embargo, en uno de los videos que circulan sobre el allanamiento, se escucha a un personal actuante que se identifica como el fiscal Pedro Frías decir que se habían encontrado varias cosas, y que seguían indagando, aunque no entró en detalles alegando que se afectan las indagatorias.
Tras indicar que son respetuosos de los derechos de las personas, Frías respondió con un “posiblemente” a las preguntas de que si seguirán allanando a otras personas y que si había más vinculados a Correa en La Vega.
Este lunes, al ser cuestionado sobre las vinculaciones del Correa en el caso Antipulpo, Wilson Camacho declaró que ese caso tiene muchos tentáculos y que ellos siguen buscando información para llegar hasta el último de ellos y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad.
“Hemos dicho que hay vasos comunicantes entre diferentes entramados que han asaltado el erario en República Dominicana y esto es un rompe cabeza que el Ministerio Público va a armar y, en la medida que vaya saliendo cada pieza, la estará presentando ante los tribunales”, declaró Camacho.
Además de los hermanos del expresidente, por la Operación Antipulpo tienen medidas de coerción el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar.
También el exencargado de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como los empresarios Julián Esteban Suriel Suazo, a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, a quienes se les señala como testaferros de Juan Alexis Medina. El grupo guarda prisión en San Cristóbal, con excepción de Carmen Magalys, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén que tienen arresto domiciliario.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
Más Noticias
Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.