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Pesquisa en casa de exdirector de Edenorte es parte de la Operación Antipulpo.

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La requisa de la vivienda donde reside el exdirector de la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE), Julio Cesar Correa, contemplaba el secuestro de bienes y documentos como parte de las investigaciones de la Operación Anti Pulpo.

El documento, del que tiene copia Diario Libre, se refiere a la necesidad de allanar dos viviendas en el residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, en la provincia La Vega, las que se presume son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, al que se acusa de ser la cabeza visible de un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano.

Por la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó el 8 de diciembre pasado medidas de coerción contra familiares y exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, entre ellos, los dos hermanos del exmandatario, Juan Alexis y Magalys Medina Sánchez.

En su solicitud de allanamiento ante el juez Vargas, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expone que Juan Alexis Medina posee inmuebles de su propiedad donde presumiblemente el presunto entramado societario oculta evidencias.

Cita la residencia del imputado, el apartamento No.T3-29-A, en el vigésimo noveno nivel de la Torre 3, del Malecón Center. También señala el apartamento B-6, Condominio Torre Mediterránea, ubicada en la Calle Manuel De Jesús Troncoso No. 20, en el Distrito Nacional, y el apartamento 2-Sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la Calle Federico Geraldino esquina. Erwin Walter Palm No. 94, Ensanche Paraíso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., R.D.

Sin embargo, indica que, de acuerdo con el resultado de las diligencias de investigación, se determinó que documentaciones y equipos electrónicos que se almacenaban en distintos lugares propiedad del imputado Juan Alexis Medina, fueron movilizados a diferentes residencias pertenecientes al mismo y a sus relacionados, entre estos, familiares.

“En base a lo anterior, el Ministerio Público entiende que es fundamental practicar allanamiento en: 1. Casa color blanco de dos niveles verjas color verde oscuro con cristales y 2. Casa color blanca de dos niveles color blanco con cristales ubicadas en el Residencial Don Bartolo calle Chefito Batista, provincia La Vega, los cuales de acuerdo a las diligencias de inteligencia son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus testaferros y de uno de sus familiares no identificado hasta el momento”.

Dice además que esas residencias constituyen lugares de acopio de la asociación de malhechores, a través de sus testaferros físicos y jurídicos.

La Pepca procuró el secuestro de bienes y documentos, tales como: Informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos, servicios, transferencias, descargos, actas de constitución o modificación de compañías, dispositivos de almacenamiento de datos, electrónicos, informáticos, pero sin hacer referencia al nombre de Julio César Correa ni a arresto de personas.

Luego de los allanamientos que se llevaron a cabo el pasado sábado por unas nueve horas, la abogada Emery Rodríguez, quien habló en representación de Correa, indicó que el Ministerio Público no había encontrado nada que lo vinculara con el hecho investigado.

“No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, cuestión que no es así”, declaró Rodríguez.

“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón, y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez ni a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”, insistió la abogada.

Sin embargo, en uno de los videos que circulan sobre el allanamiento, se escucha a un personal actuante que se identifica como el fiscal Pedro Frías decir que se habían encontrado varias cosas, y que seguían indagando, aunque no entró en detalles alegando que se afectan las indagatorias.

Tras indicar que son respetuosos de los derechos de las personas, Frías respondió con un “posiblemente” a las preguntas de que si seguirán allanando a otras personas y que si había más vinculados a Correa en La Vega.

Este lunes, al ser cuestionado sobre las vinculaciones del Correa en el caso Antipulpo, Wilson Camacho declaró que ese caso tiene muchos tentáculos y que ellos siguen buscando información para llegar hasta el último de ellos y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad.

“Hemos dicho que hay vasos comunicantes entre diferentes entramados que han asaltado el erario en República Dominicana y esto es un rompe cabeza que el Ministerio Público va a armar y, en la medida que vaya saliendo cada pieza, la estará presentando ante los tribunales”, declaró Camacho.

Procesados por la Operación Antipulpo

Además de los hermanos del expresidente, por la Operación Antipulpo tienen medidas de coerción el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar.

También el exencargado de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como los empresarios Julián Esteban Suriel Suazo, a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, a quienes se les señala como testaferros de Juan Alexis Medina. El grupo guarda prisión en San Cristóbal, con excepción de Carmen Magalys, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén que tienen arresto domiciliario.

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Gobierno dominicano declara terroristas a organizaciones de Irán y el Líbano.

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Por EFE

Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.

Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.

En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.

Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.

an/am

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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.

La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.

«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.

«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Laura SeguraProcuradora fiscal de San Cristóbal

Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.

Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.

En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.

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Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. 

El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.

En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).

Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.

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Infografía
La residencia donde fue encontrada sin vida la niña de seis años en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal. 

Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.

A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.

Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.

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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.

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Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha»,  quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta  ilegal en que ha incurrido.

Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica,  acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.

Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.

“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.

No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.

El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.

Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa

¿Cómo funciona la depuración?

“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.

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