Editorial
Una Solución que no se ve tan clara en el horizonte.
Los dominicanos, podría decirse, han nacido con el ADN de la corrupción administrativa, si se hace un estudio minucioso del fenómeno no sólo desde el nacimiento de la República, sino incluso desde cuando era una colonia de España.
La corrupción como plaga no sólo ha distorsionado el devenir histórico de la República Dominicana, sino su pasado y su presente, la cual ha sido el principal instrumento de movilidad social, entre cuyos protagonistas está el sector privado.
El empresariado nacional se ha asociado a personas que ocupan posiciones públicas para promover el lavado de activos, el contrabando y otras acciones al margen de la ley, para cuyo propósito ha contado con una total impunidad.
Podría decirse que todo el tejido social dominicano está contaminado con esta plaga que destruyó el pasado y crea grandes dificultades al presente y al futuro de la nación, sin que existan los mecanismos de conciencia social y ética del ciudadano para evitar la continuación del flagelo.
Son denuncias por doquier, pero lo más grave del asunto es que el país no tiene las herramientas para contrarrestar un fenómeno muy peligroso para una buena parte de las riquezas nacionales vayan a obras de bien social y que propicien la fortaleza económica del país.
La cuestión es que en el país ya nadie se quiere robar cien o doscientos millones de pesos, sino miles, lo cual es comprobable con todos los casos en que están envueltos pasados funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, cuyos montos son realmente impresionantes.
La pregunta que se impone es si será posible recuperar esas fortunas robadas, las cuales podrían servir para mejorar el sistema sanitario nacional y otros muchos servicios públicos que adolecen de grandes deficiencias.
La fiesta que se ha hecho con el patrimonio publico es de un alcance realmente peligroso para la propia estabilidad económica, política y social del país, porque la corrupción ha estado soportada en una política fiscal cuestionable y un endeudamiento externo que amenaza la salud de la nación.
Sin embargo, lo positivo del actual proceso es que el ciudadano ha hecho mucha conciencia de su presión para enderezar el camino equivocado que ha escogido la República Dominicana y además habría que agregar que el propio hecho de que los que tienen la misión de manejar el patrimonio publico escuchen los reclamos al respecto constituye un elemento esperanzador.
Porque la verdad es que el país ha sufrido un cambio en cuanto a la forma de la participación de la población en la fiscalización de los que tienen el control del Estado, lo cual ha hecho que muchas medidas equivocadas sean corregidas o anuladas.
Pero nadie puede negar que el país atraviesa por una situación muy difícil por los ataques que sufre de los depredadores del patrimonio nacional y que son los que mantienen viva la plaga de que se habla y ahí se agregan los efectos demoledores del coronavirus.
A Dios que reparta suerte!
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.