Editorial
Una Solución que no se ve tan clara en el horizonte.
Los dominicanos, podría decirse, han nacido con el ADN de la corrupción administrativa, si se hace un estudio minucioso del fenómeno no sólo desde el nacimiento de la República, sino incluso desde cuando era una colonia de España.
La corrupción como plaga no sólo ha distorsionado el devenir histórico de la República Dominicana, sino su pasado y su presente, la cual ha sido el principal instrumento de movilidad social, entre cuyos protagonistas está el sector privado.
El empresariado nacional se ha asociado a personas que ocupan posiciones públicas para promover el lavado de activos, el contrabando y otras acciones al margen de la ley, para cuyo propósito ha contado con una total impunidad.
Podría decirse que todo el tejido social dominicano está contaminado con esta plaga que destruyó el pasado y crea grandes dificultades al presente y al futuro de la nación, sin que existan los mecanismos de conciencia social y ética del ciudadano para evitar la continuación del flagelo.
Son denuncias por doquier, pero lo más grave del asunto es que el país no tiene las herramientas para contrarrestar un fenómeno muy peligroso para una buena parte de las riquezas nacionales vayan a obras de bien social y que propicien la fortaleza económica del país.
La cuestión es que en el país ya nadie se quiere robar cien o doscientos millones de pesos, sino miles, lo cual es comprobable con todos los casos en que están envueltos pasados funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, cuyos montos son realmente impresionantes.
La pregunta que se impone es si será posible recuperar esas fortunas robadas, las cuales podrían servir para mejorar el sistema sanitario nacional y otros muchos servicios públicos que adolecen de grandes deficiencias.
La fiesta que se ha hecho con el patrimonio publico es de un alcance realmente peligroso para la propia estabilidad económica, política y social del país, porque la corrupción ha estado soportada en una política fiscal cuestionable y un endeudamiento externo que amenaza la salud de la nación.
Sin embargo, lo positivo del actual proceso es que el ciudadano ha hecho mucha conciencia de su presión para enderezar el camino equivocado que ha escogido la República Dominicana y además habría que agregar que el propio hecho de que los que tienen la misión de manejar el patrimonio publico escuchen los reclamos al respecto constituye un elemento esperanzador.
Porque la verdad es que el país ha sufrido un cambio en cuanto a la forma de la participación de la población en la fiscalización de los que tienen el control del Estado, lo cual ha hecho que muchas medidas equivocadas sean corregidas o anuladas.
Pero nadie puede negar que el país atraviesa por una situación muy difícil por los ataques que sufre de los depredadores del patrimonio nacional y que son los que mantienen viva la plaga de que se habla y ahí se agregan los efectos demoledores del coronavirus.
A Dios que reparta suerte!
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.