Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Nacionales
Chequeos de pasajeros fruto de acuerdo entre EEUU y RD crea disgustos.
Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Las inspecciones de inmigración, aduanas y agricultura que harían los agentes estadounidenses en el país fueron sometidas al Tribunal Constitucional (TC) por el expresidente Danilo Medina el 8 de diciembre del 2016, para determinar si violaba la Constitución dominicana.
Ante la escogencia de los cuatro nuevos miembros en el TC por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversas personalidades han manifestado su apoyo y rechazo a que el tema sea acogido con una sentencia a favor del acuerdo.
A través de su cuenta de Twitter, el ex embajador dominicano en los Estados Unidos, José Tomas Pérez, pidió este domingo que el Tribunal Constitucional de curso al acuerdo, que según entiende fue archivado por jueces ultranacionalistas.
“¡Atención Cancillería! Esperemos que el TC, ya renovado, finalmente le de curso al acuerdo de “preclearance” entre EEUU Y RD, archivado por unos jueces ultranacionalistas que veían agresión a la soberanía nacional hasta en la sopa”, escribió en su cuenta de Twitter.
Mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también expresó su apoyo a que el tema sea conocido por las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, para que el país esté al nivel de otras naciones.
“Una tarea de alta prioridad nacional pendiente en @TribunalConstRD es el acuerdo “preclearence” entre USA y RD, instrumento que generaría más de 1 millón de turistas al año. Estaríamos a tono con Bahamas, Canadá, Abu Dhabi, entre otros países, que han accesado a 160 nuevos destinos”, también posteo en Twitter.
Sin embargo, personalidades como el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras; el exministro de Energías y Minas y miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo y el exdiputado y también miembro de la FNP, Vinicio Castillo, manifestaron su rechazo al acuerdo al entender que uno de sus anexos viola la soberanía dominicana.
Para ellos el anexo agregado sobre los refugiados cambia la soberanía establecida en el país sobre este tema para adoptar la que imponga los Estados Unidos.
“Acuerdo de Preautorizacion, con anexo que se le agregó, convierte a RD en país de refugio y asilo…Los que EEUU no quiera recibir allá…se los endosa a RD…Presidente @luisabinader tiene oportunidad de renegociarlo…como debe rechazar formalmente el Plan de Ocupación @INM_RD”, dijo Pelegrin Castillo.
“El debate No es sobre acuerdo pre-autorización o preclearence firmado con EU. En eso estamos plenamente de acuerdo. El debate es que se nos exija a cambio, renunciar a nuestra soberanía en materia política refugiados. Eso es inaceptable. Y todo dominicano debe rechazarlo”, escribió Vinicito.
Sobre el acuerdo
En diciembre de 2016 la República Dominicana, encabezada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y los Estados Unidos, representado por el embajador James W. Brewster firmaron un acuerdo para implementar las operaciones de pre-autorización en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Esto permite que los agentes de la CBP estacionados en el extranjero inspeccionen y tomen decisiones de admisibilidad sobre pasajeros y sus mercancías o equipaje a los Estados Unidos antes de salir de un puerto extranjero.
En las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, el pasado 17 de enero, el presidente Luis Abinader también trajo el tema de la pre-autorización al preguntarle a uno de los entrevistados, el joven Argenis García del Rosario, que opinaba del tema.
De acuerdo al periódico El Tiempo, en una visita al distrito municipal de Verón-Punta Cana, el ministro de Turismo David Collado, expresó que esperaban que antes de diciembre este acuerdo sea aplicado en el aeropuerto.
“Dentro de los puntos discutidos está conseguir antes de diciembre el preclearance del aeropuerto, ya que eso es una ventaja competitiva contra todos los países de la región”, explica el periódico que explicó Collado en una entrevista.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.