Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Nacionales
Chequeos de pasajeros fruto de acuerdo entre EEUU y RD crea disgustos.
Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Las inspecciones de inmigración, aduanas y agricultura que harían los agentes estadounidenses en el país fueron sometidas al Tribunal Constitucional (TC) por el expresidente Danilo Medina el 8 de diciembre del 2016, para determinar si violaba la Constitución dominicana.
Ante la escogencia de los cuatro nuevos miembros en el TC por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversas personalidades han manifestado su apoyo y rechazo a que el tema sea acogido con una sentencia a favor del acuerdo.
A través de su cuenta de Twitter, el ex embajador dominicano en los Estados Unidos, José Tomas Pérez, pidió este domingo que el Tribunal Constitucional de curso al acuerdo, que según entiende fue archivado por jueces ultranacionalistas.
“¡Atención Cancillería! Esperemos que el TC, ya renovado, finalmente le de curso al acuerdo de “preclearance” entre EEUU Y RD, archivado por unos jueces ultranacionalistas que veían agresión a la soberanía nacional hasta en la sopa”, escribió en su cuenta de Twitter.
Mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también expresó su apoyo a que el tema sea conocido por las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, para que el país esté al nivel de otras naciones.
“Una tarea de alta prioridad nacional pendiente en @TribunalConstRD es el acuerdo “preclearence” entre USA y RD, instrumento que generaría más de 1 millón de turistas al año. Estaríamos a tono con Bahamas, Canadá, Abu Dhabi, entre otros países, que han accesado a 160 nuevos destinos”, también posteo en Twitter.
Sin embargo, personalidades como el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras; el exministro de Energías y Minas y miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo y el exdiputado y también miembro de la FNP, Vinicio Castillo, manifestaron su rechazo al acuerdo al entender que uno de sus anexos viola la soberanía dominicana.
Para ellos el anexo agregado sobre los refugiados cambia la soberanía establecida en el país sobre este tema para adoptar la que imponga los Estados Unidos.
“Acuerdo de Preautorizacion, con anexo que se le agregó, convierte a RD en país de refugio y asilo…Los que EEUU no quiera recibir allá…se los endosa a RD…Presidente @luisabinader tiene oportunidad de renegociarlo…como debe rechazar formalmente el Plan de Ocupación @INM_RD”, dijo Pelegrin Castillo.
“El debate No es sobre acuerdo pre-autorización o preclearence firmado con EU. En eso estamos plenamente de acuerdo. El debate es que se nos exija a cambio, renunciar a nuestra soberanía en materia política refugiados. Eso es inaceptable. Y todo dominicano debe rechazarlo”, escribió Vinicito.
Sobre el acuerdo
En diciembre de 2016 la República Dominicana, encabezada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y los Estados Unidos, representado por el embajador James W. Brewster firmaron un acuerdo para implementar las operaciones de pre-autorización en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Esto permite que los agentes de la CBP estacionados en el extranjero inspeccionen y tomen decisiones de admisibilidad sobre pasajeros y sus mercancías o equipaje a los Estados Unidos antes de salir de un puerto extranjero.
En las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, el pasado 17 de enero, el presidente Luis Abinader también trajo el tema de la pre-autorización al preguntarle a uno de los entrevistados, el joven Argenis García del Rosario, que opinaba del tema.
De acuerdo al periódico El Tiempo, en una visita al distrito municipal de Verón-Punta Cana, el ministro de Turismo David Collado, expresó que esperaban que antes de diciembre este acuerdo sea aplicado en el aeropuerto.
“Dentro de los puntos discutidos está conseguir antes de diciembre el preclearance del aeropuerto, ya que eso es una ventaja competitiva contra todos los países de la región”, explica el periódico que explicó Collado en una entrevista.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.