Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Nacionales
Chequeos de pasajeros fruto de acuerdo entre EEUU y RD crea disgustos.
Santo Domingo, RD.-Otra vez ha creado disgustos en el país la aplicación del acuerdo de preclearense o de pre-autorización que dispone que los viajeros se sometan a inspecciones por parte de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), por sus siglas en ingles, antes de abordar un vuelo hacia la unión americana desde el aeropuerto de Punta Cana, el cual data de cinco años atrás.Las inspecciones de inmigración, aduanas y agricultura que harían los agentes estadounidenses en el país fueron sometidas al Tribunal Constitucional (TC) por el expresidente Danilo Medina el 8 de diciembre del 2016, para determinar si violaba la Constitución dominicana.
Ante la escogencia de los cuatro nuevos miembros en el TC por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversas personalidades han manifestado su apoyo y rechazo a que el tema sea acogido con una sentencia a favor del acuerdo.
A través de su cuenta de Twitter, el ex embajador dominicano en los Estados Unidos, José Tomas Pérez, pidió este domingo que el Tribunal Constitucional de curso al acuerdo, que según entiende fue archivado por jueces ultranacionalistas.
“¡Atención Cancillería! Esperemos que el TC, ya renovado, finalmente le de curso al acuerdo de “preclearance” entre EEUU Y RD, archivado por unos jueces ultranacionalistas que veían agresión a la soberanía nacional hasta en la sopa”, escribió en su cuenta de Twitter.
Mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también expresó su apoyo a que el tema sea conocido por las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional, para que el país esté al nivel de otras naciones.
“Una tarea de alta prioridad nacional pendiente en @TribunalConstRD es el acuerdo “preclearence” entre USA y RD, instrumento que generaría más de 1 millón de turistas al año. Estaríamos a tono con Bahamas, Canadá, Abu Dhabi, entre otros países, que han accesado a 160 nuevos destinos”, también posteo en Twitter.
Sin embargo, personalidades como el exdirector general de Migración, José Ricardo Taveras; el exministro de Energías y Minas y miembro de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo y el exdiputado y también miembro de la FNP, Vinicio Castillo, manifestaron su rechazo al acuerdo al entender que uno de sus anexos viola la soberanía dominicana.
Para ellos el anexo agregado sobre los refugiados cambia la soberanía establecida en el país sobre este tema para adoptar la que imponga los Estados Unidos.
“Acuerdo de Preautorizacion, con anexo que se le agregó, convierte a RD en país de refugio y asilo…Los que EEUU no quiera recibir allá…se los endosa a RD…Presidente @luisabinader tiene oportunidad de renegociarlo…como debe rechazar formalmente el Plan de Ocupación @INM_RD”, dijo Pelegrin Castillo.
“El debate No es sobre acuerdo pre-autorización o preclearence firmado con EU. En eso estamos plenamente de acuerdo. El debate es que se nos exija a cambio, renunciar a nuestra soberanía en materia política refugiados. Eso es inaceptable. Y todo dominicano debe rechazarlo”, escribió Vinicito.
Sobre el acuerdo
En diciembre de 2016 la República Dominicana, encabezada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y los Estados Unidos, representado por el embajador James W. Brewster firmaron un acuerdo para implementar las operaciones de pre-autorización en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Esto permite que los agentes de la CBP estacionados en el extranjero inspeccionen y tomen decisiones de admisibilidad sobre pasajeros y sus mercancías o equipaje a los Estados Unidos antes de salir de un puerto extranjero.
En las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura, el pasado 17 de enero, el presidente Luis Abinader también trajo el tema de la pre-autorización al preguntarle a uno de los entrevistados, el joven Argenis García del Rosario, que opinaba del tema.
De acuerdo al periódico El Tiempo, en una visita al distrito municipal de Verón-Punta Cana, el ministro de Turismo David Collado, expresó que esperaban que antes de diciembre este acuerdo sea aplicado en el aeropuerto.
“Dentro de los puntos discutidos está conseguir antes de diciembre el preclearance del aeropuerto, ya que eso es una ventaja competitiva contra todos los países de la región”, explica el periódico que explicó Collado en una entrevista.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.