Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Más Noticias
El sistema 911 no “escucha” las llamadas para denunciar ruidos
Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Hasta hace unas semanas, usted llamaba al 911 y conversaba con un operador, quien le aseguraba que irían a controlar los ruidos en su sector o residencial. Ahora, cuando usted marca, la contestadora automática le dice que para denunciar ruidos debe darle a la opción dos, la cual según Máximo Cabrera, nunca atienden. Él ha vivido esta experiencia en más de una ocasión y nunca le han dado solución al problema. Vive cerca de El Bolsillo, un barrio pequeño del Ensanche Quisqueya.
Ante la alta incidencia de ruidos en el país, LISTÍN DIARIO se interesó en conocer cuáles medidas adoptarán las autoridades para combatir el problema que cada vez se torna más inquietante. La respuesta la tiene el magistrado Francisco Contreras, procurador general de Cortes, y titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa y Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien anunció que, a partir de mañana, iniciarán un plan de trabajo en coordinación con el Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional para dar una solución.
“Realmente, nos hemos mantenido trabajando en esto, pero ha sido bien difícil porque con el confinamiento, la contaminación sonora ha aumentado, y el Sistema Nacional 911 no ha podido dar respuesta como se quisiera porque tienen que atender muchos casos de salud”, explica Contreras.
Sostiene que para controlar los ruidos realizan operativos, charlas, clausuras y allanamientos de establecimientos, y visitan viviendas donde se esté perturbando la paz social. “De nuevo solicitaremos a los jueces las órdenes para volver a arreciar este tipo de trabajo y lograr controlar la situación. El ciudadano tiene derecho a vivir en paz y vamos a trabajar en eso con nuevos mecanismos, porque a veces reciben a nuestros agentes con botellazos y mucha violencia. Pero vamos a ser más drásticos con esto”.
El magistrado dice que reciben denuncias de esta índole en todas las procuradurías del país y que siempre tratan de dar respuesta. Facilitó estos números para quienes deseen hacer sus denuncias por ruidos, vía WhatsApp 809-480-9525 y llamando a la oficina al 809-533-3522, opción 3.
El 911 ante los ruidos
Según la Ley 184-17 que modifica el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, su función en lo que tiene que ver con la contaminación sonora, consiste en que, tras recibir los llamados de los ciudadanos por in fraganti a las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente; la 42-01, de Salud y la 287-04, sobre Prevención y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, los agentes del Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional se presentan a los lugares donde proceden legalmente ante los infractores, quienes son sometidos a la justicia.
Pero, a pesar de todo esto, que a simple lectura, se escucha muy bien, usuarios del servicio se quejan de la poca atención que se les presta a la hora de llamar para denunciar los ruidos en su sector. “Ahora mismo, con la situación que estamos viviendo de tensión por el coronavirus, uno quiere estar tranquilo, pero hay gente que no lo entiende, y las autoridades se han descuidado con esto. Si la cosa sigue como va, quedaremos todos sordos o locos”.
Ese es el pensar de un maestro de escuela que asegura que ya no aguanta más la bulla a todas las horas del día que hacen por su sector de Las Caobas. Comenta que, ante la “inoperancia”, como le llama a la actitud de los operadores del 911 o de Antirruidos, él llamó a la línea 311 que según tiene entendido es para denunciar la ineficiencia de los servidores públicos. “Y adivine qué… Tampoco me hicieron caso, me tomaron unos datitos y ahí quedó todo. Los que tienen que velar porque no se haga ruido siguen sin hacer caso, y por supuesto, por mi casa siguen haciendo más bulla que nunca, con todo y toque de queda”, comenta Roberto García.
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Otra línea que no “dice nada”
Pero esta no es la única línea que parece no estar dando respuesta a las necesidades del ciudadano.
La *462 (GOB), creada en el mes de marzo del pasado 2020 para asistir a la población sobre todo lo relacionado al Covid-19, tampoco está surtiendo el efecto. Múltiples quejas de los usuarios dejan saber que no han obtenido la atención buscada.
“Yo hace mucho que llamé para hacer una cita en el Laboratorio Nacional para hacerme la prueba de Covid-19. Te digo que fue como en noviembre y todavía estoy esperando que me llamen para decirme qué día es. Si me hubiese estado muriendo, ya estuviera enterrado”. El testimonio de Antonio Lara, quien no pierde la oportunidad de recomendarle al presidente Luis Abinader que le pida a las autoridades de Salud Pública que presten más atención a esta desastrosa situación.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.