Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Más Noticias
El sistema 911 no “escucha” las llamadas para denunciar ruidos
Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Hasta hace unas semanas, usted llamaba al 911 y conversaba con un operador, quien le aseguraba que irían a controlar los ruidos en su sector o residencial. Ahora, cuando usted marca, la contestadora automática le dice que para denunciar ruidos debe darle a la opción dos, la cual según Máximo Cabrera, nunca atienden. Él ha vivido esta experiencia en más de una ocasión y nunca le han dado solución al problema. Vive cerca de El Bolsillo, un barrio pequeño del Ensanche Quisqueya.
Ante la alta incidencia de ruidos en el país, LISTÍN DIARIO se interesó en conocer cuáles medidas adoptarán las autoridades para combatir el problema que cada vez se torna más inquietante. La respuesta la tiene el magistrado Francisco Contreras, procurador general de Cortes, y titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa y Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien anunció que, a partir de mañana, iniciarán un plan de trabajo en coordinación con el Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional para dar una solución.
“Realmente, nos hemos mantenido trabajando en esto, pero ha sido bien difícil porque con el confinamiento, la contaminación sonora ha aumentado, y el Sistema Nacional 911 no ha podido dar respuesta como se quisiera porque tienen que atender muchos casos de salud”, explica Contreras.
Sostiene que para controlar los ruidos realizan operativos, charlas, clausuras y allanamientos de establecimientos, y visitan viviendas donde se esté perturbando la paz social. “De nuevo solicitaremos a los jueces las órdenes para volver a arreciar este tipo de trabajo y lograr controlar la situación. El ciudadano tiene derecho a vivir en paz y vamos a trabajar en eso con nuevos mecanismos, porque a veces reciben a nuestros agentes con botellazos y mucha violencia. Pero vamos a ser más drásticos con esto”.
El magistrado dice que reciben denuncias de esta índole en todas las procuradurías del país y que siempre tratan de dar respuesta. Facilitó estos números para quienes deseen hacer sus denuncias por ruidos, vía WhatsApp 809-480-9525 y llamando a la oficina al 809-533-3522, opción 3.
El 911 ante los ruidos
Según la Ley 184-17 que modifica el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, su función en lo que tiene que ver con la contaminación sonora, consiste en que, tras recibir los llamados de los ciudadanos por in fraganti a las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente; la 42-01, de Salud y la 287-04, sobre Prevención y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, los agentes del Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional se presentan a los lugares donde proceden legalmente ante los infractores, quienes son sometidos a la justicia.
Pero, a pesar de todo esto, que a simple lectura, se escucha muy bien, usuarios del servicio se quejan de la poca atención que se les presta a la hora de llamar para denunciar los ruidos en su sector. “Ahora mismo, con la situación que estamos viviendo de tensión por el coronavirus, uno quiere estar tranquilo, pero hay gente que no lo entiende, y las autoridades se han descuidado con esto. Si la cosa sigue como va, quedaremos todos sordos o locos”.
Ese es el pensar de un maestro de escuela que asegura que ya no aguanta más la bulla a todas las horas del día que hacen por su sector de Las Caobas. Comenta que, ante la “inoperancia”, como le llama a la actitud de los operadores del 911 o de Antirruidos, él llamó a la línea 311 que según tiene entendido es para denunciar la ineficiencia de los servidores públicos. “Y adivine qué… Tampoco me hicieron caso, me tomaron unos datitos y ahí quedó todo. Los que tienen que velar porque no se haga ruido siguen sin hacer caso, y por supuesto, por mi casa siguen haciendo más bulla que nunca, con todo y toque de queda”, comenta Roberto García.
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Otra línea que no “dice nada”
Pero esta no es la única línea que parece no estar dando respuesta a las necesidades del ciudadano.
La *462 (GOB), creada en el mes de marzo del pasado 2020 para asistir a la población sobre todo lo relacionado al Covid-19, tampoco está surtiendo el efecto. Múltiples quejas de los usuarios dejan saber que no han obtenido la atención buscada.
“Yo hace mucho que llamé para hacer una cita en el Laboratorio Nacional para hacerme la prueba de Covid-19. Te digo que fue como en noviembre y todavía estoy esperando que me llamen para decirme qué día es. Si me hubiese estado muriendo, ya estuviera enterrado”. El testimonio de Antonio Lara, quien no pierde la oportunidad de recomendarle al presidente Luis Abinader que le pida a las autoridades de Salud Pública que presten más atención a esta desastrosa situación.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Detalló que entre las pruebas figuran evidencias documentales, audiovisuales y testimoniales. Asimismo, mencionó entrevistas, interrogatorios e imágenes de video analizadas como parte de los elementos presentados en el caso.
«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Procuradora fiscal de San Cristóbal
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
«Como coartada posterior a la comisión de los hechos, salir unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingir encontrar a la víctima sin signos vitales tirada en el suelo en el interior del baño, simulando una causa distinta de la muerte«, señala el expediente.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
Según determinó la institución a través de las pruebas balísticas, una de estas fue robada en 2018 a un miembro de la Policía.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Además de los dispositivos, los agentes que realizaron el registro aseguran haber confiscado en el interior del automóvil dos cargadores de balas, uno de ellos con capacidad para 30, teniendo en total 14 proyectiles.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Asimismo, considera que los tres detenidos deben ser juzgados por porte ilegal de armas de fuego, tipificación penal contemplada en los artículos 43, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.