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Tribunal Constitucional advierte que sus sentencias deben ser respetadas
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), advirtió ayer que las decisiones emitidas por esta alta corte deben ser respetadas y acatadas, pues su incumplimiento es un asunto “particularmente grave”.
En ese sentido, llamó a todas las instituciones y a todos los funcionarios competentes, a que, sin dilaciones innecesarias, cumplan las sentencias constitucionales, dentro de sus respectivos ámbitos, ya que, afirmó, “las autoridades están obligadas a dar el ejemplo”.
“El cumplimiento oportuno de las sentencias, en especial las dictadas en materia de justicia constitucional, es un imperativo del principio de seguridad jurídica y permite asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales”, expresó Ray Guevara durante una audiencia solemne de rendición de cuentas.
Recordó que la Alta Corte cuenta con la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias, encargada de investigar y tramitar las solicitudes constitucionales tendentes a resolver las dificultades o incumplimiento de sus decisiones.
Jueces no están para complacer intereses particulares
En otro orden, Ray Guevara aseguró que los jueces constitucionales no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Sobre quienes cuestionan si los tribunales constitucionales no están sometidos a algún tipo de control, el magistrado afirmó que estos organismos están sujetos a la Constitución, no están por encima de ella, y que la legitimidad de los jueces responde al respeto que muestran a la Carta Magna.
“Estos (jueces) no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Hacer esto equivaldría a reinstaurar un vicio contra el cual ha luchado el constitucionalismo: el veneno de la arbitrariedad y la desviación del poder”, afirmó en su discurso que duró más de una hora.
Resaltó que ese órgano constitucional se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes y respetadas del país.
Dictan más de 500 sentencias
Al rendir cuentas de la labor jurisdiccional, el magistrado presidente informó que en el 2020, el Tribunal Constitucional tuvo un gran avance en materia constitucional, dictando 504 sentencias, superando así la cantidad de las dictadas en los años 2012, 2013 y 2014.
Precisó que la pandemia no fue un obstáculo para que el pasado año se avanzara en materia constitucional y se adopten precedentes que marquen y moldeen el orden constitucional dominicano.
Ray Guevara destacó que, a pesar de la COVID-19, el Tribunal Constitucional logró reinventarse y no se detuvieron los trabajos.
“Aun agobiados por una pandemia de extrema gravedad, el Tribunal Constitucional logró reinventarse seguir contribuyendo a la protección del orden constitucional, la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia”, dijo.
Refiriéndose al impacto que ha tenido el TC a nivel nacional, Ray Guevara destacó que este organismo ha sido un factor clave en la evolución del derecho en temas relacionados con la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional.
El magistrado agregó, también, que la gestión del Tribunal Constitucional siempre ha sido eficiente y transparente de los recursos públicos que le son asignados.
Nuevos jueces deben ser apóstoles de la justicia
Para el magistrado presidente, esta rendición de cuentas correspondiente al noveno aniversario tuvo la particularidad de que coincide con la segunda renovación de la matrícula de los jueces de esa alta corte, a la que se unen José Alejandro Vargas, Manuel Ulises Bonnelly Vega, María Santana de Cabrera y Eunisis Vásquez Acosta.
Al dar la bienvenida a los nuevos magistrados constitucionales, Ray Guevara indicó que los jueces entrantes deben saber que la toga color vino de esta Alta Corte, que por primera vez usaron ayer, simboliza “el solemne compromiso de ser apóstoles de la justicia y la cultura constitucional”.
También destacó el trabajo de los salientes magistrados Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez Ramírez, de quienes destacó que culminan su período con la santificación del deber cumplido.
Ray Guevara recordó que al ver el camino trillado durante estos nueve años desde la puesta en funcionamiento de esta corte, puede afirmar que el TC se ha legitimado en el corazón de los dominicanos y dominicanas, “contribuyendo a colocar la Constitución en el pedestal más sagrado del noble templo de la democracia dominicana”.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.