Editorial
El Desistimiento Como Arma de Doble Filo .
La supuesta víctima de una denunciada violación sexual, alegadamente cometida por el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (AID), Leonardo Faña, ha decidido retirar la denuncia para, según ha dicho, gozar de una cierta tranquilidad.
La decisión no parece que haya sido la mejor, porque ante la narración de lo ocurrido son muy pocos los que dudan que los hechos no hayan acontecido, sobre todo cuando la denuncia de agresión sexual proviene de una funcionaria pública que fue nombrada por el mismo inculpado, lo cual supone un cierto agradecimiento de ella hacia él.
El desistimiento en si mismo lo que hace es crear mayor confusión y aumentar los daños en contra de la víctima y también del supuesto agresor, porque entonces no son pocos los que deducen que en el caso ha intervenido algún tipo de paga para dejar sin efecto la denuncia.
Aunque sea o no así, lo cierto es que la denunciante debió valorar a la hora de tomar esa decisión en virtud de que ya hay daños para ambas partes, porque el nombre de ese funcionario público ha quedado de todos modos muy mancillado y si bien se busca con el desistimiento que las cosas se queden a ese nivel, el Código Procesal Penal manda la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, como exactamente ha ocurrido.
En realidad, es inverosímil que una persona tome la decisión de denunciar un crimen de esa envergadura y luego decida retirar la acusación, a menos que no haya intervenido alguna paga, lo cual podría devenir por parte del supuesto victimario en una demanda en daños y perjuicios.
Naturalmente, ella está en su derecho de retirar la denuncia, porque también se entiende lo que la víctima ha alegado de que quiere paz entre los suyos, pero parece que ella no sabe que el proceso sigue su curso y que los resultados tendrán que arrojar la verdad de lo ocurrido y que además tendrán que publicarse por los medios de comunicación social.
El desistimiento no implica que los hechos no ocurrieron e incluso la víctima no ha dicho que la historia fue inventada ni nada parecido, lo cual quiere decir que aun con la decisión tomada, la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tendrá que establecer la verdad de los hechos.
De manera, que si lo que la víctima buscaba con el desistimiento es tener tranquilidad porque el caso no se ventilaría en los medios de comunicación, está muy equivocada, porque el Ministerio Público independientemente del retiro de la denuncia tiene que seguir con el curso de la investigación porque ya tomó un carácter público.
Es importante dejar sentado que si es verdad que los hechos ocurrieron como fueron narrados por la supuesta víctima de agresión sexual, la sanción para el responsable no van a disminuir por el desistimiento, sino que podría agregarse otro elemento, que es la negociación, es decir, que para que se retirara la denuncia intervino algún tipo de acuerdo monetario, naturalmente ello también tendría que ser probado jurídicamente, aunque en el imaginario popular ya esto ha ocurrido, lo cual empeora la situación del imputado en el presente caso, ya que es otro ilícito penal.
Por esta razón, el desistimiento, aunque parezca una solución, en realidad se trata de una arma de doble filo si se parte del hecho de que en el país se ha producido lo que se ha dado en llamar la independencia del Ministerio Público y en virtud de que la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional está obligada a acogerse al mandato de la ley y si se comprueba que los hechos realmente ocurrieron, entonces el caso podría derivar en una sanción penal luego de demostrarse en el tribunal, pero igual podría ocurrir si la denuncia se trata de un invento, porque de ser así la victima pasa a ser la victimaria y lo contrario, con lo cual le causa un gran daño al ahora imputado y a la sociedad.
El desistimiento en favor del supuesto abusador permite que éste siga en sus andanzas sin recibir el castillo que establecen las leyes.
Sólo hay que esperar que salga a la superficie la verdad de lo ocurrido, pero de cualquier modo que se vea el retiro de la denuncia constituye una arma de doble filo para la supuesta víctima y también para el victimario, ya que ninguno de ellos se beneficia con la decisión tomada, porque parece haberse agregado la figura de la negociación en la imaginación de la gente en la que siempre está presente la mercancía llamada dinero, lo cual daña mucho la dignidad de ambos involucrados.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.