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Editorial

El Desistimiento Como Arma de Doble Filo .

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La supuesta víctima de una denunciada violación sexual, alegadamente cometida por el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (AID), Leonardo Faña, ha decidido retirar la denuncia para, según ha dicho, gozar de una cierta tranquilidad.

La decisión no parece que haya sido la mejor, porque ante la narración de lo ocurrido son muy pocos los que dudan que los hechos no hayan acontecido, sobre todo cuando la denuncia de agresión sexual proviene de una funcionaria pública que fue nombrada por el mismo inculpado, lo cual supone un cierto agradecimiento de ella hacia él.

El desistimiento en si mismo lo que hace es crear mayor confusión y aumentar los daños en contra de la víctima y también del supuesto agresor, porque entonces  no son pocos los que deducen que en el caso ha intervenido algún tipo de paga para dejar sin efecto la denuncia.

Aunque sea o no así, lo cierto es que la denunciante debió valorar a la hora de tomar esa decisión en virtud  de que ya hay daños para ambas partes, porque el nombre de ese funcionario público ha quedado de todos modos muy mancillado y si bien se busca con el desistimiento que las cosas se queden a ese nivel, el Código Procesal Penal manda la continuación de la investigación por parte del Ministerio Público, como exactamente ha ocurrido.

En realidad, es inverosímil que una persona tome la decisión de denunciar un crimen de esa envergadura y luego decida retirar la acusación, a menos que no haya intervenido alguna paga, lo cual podría devenir por parte del supuesto victimario en una demanda en daños y perjuicios.

Naturalmente, ella está en su derecho de retirar la denuncia, porque también se entiende lo que la víctima ha alegado de que quiere paz entre los suyos, pero parece que ella no sabe que el proceso sigue su curso y que los resultados tendrán que arrojar la verdad de lo ocurrido y que además tendrán que publicarse por los medios de comunicación social.

 El desistimiento no implica que los hechos no ocurrieron e incluso la víctima no ha dicho que la historia fue inventada ni nada parecido, lo cual quiere decir que aun con la decisión tomada,  la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tendrá que establecer la verdad de los hechos.

De manera, que si lo que la víctima buscaba con el desistimiento es tener tranquilidad porque el caso no se ventilaría en los medios de comunicación, está muy equivocada, porque el Ministerio Público independientemente del retiro de la denuncia tiene que seguir con el curso de la investigación porque ya tomó un carácter público.

Es importante dejar sentado que si es verdad que los hechos ocurrieron como fueron narrados por la supuesta víctima de agresión sexual, la sanción para el responsable no van a disminuir por el desistimiento, sino que podría agregarse otro elemento, que es la negociación, es decir, que para que se retirara la denuncia intervino algún tipo de acuerdo monetario, naturalmente ello también tendría que ser probado jurídicamente, aunque en el imaginario popular ya esto ha ocurrido, lo cual empeora la situación del imputado en el presente caso, ya que es otro ilícito penal.

Por esta razón, el desistimiento, aunque parezca una solución, en realidad se trata de una arma de doble filo si se parte del hecho de que en el país se ha producido lo que se ha dado en llamar la independencia del Ministerio Público y en virtud de que la Procuraduría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  está obligada a acogerse al mandato de la ley y si se comprueba que los hechos realmente ocurrieron, entonces el caso podría derivar en una sanción penal luego de demostrarse en el tribunal, pero igual podría ocurrir si la denuncia se trata de un invento,  porque de ser así la victima pasa a ser la victimaria y lo contrario, con lo cual le causa un gran daño al ahora imputado y  a la sociedad.

El desistimiento en favor del supuesto  abusador permite que  éste  siga  en sus andanzas sin recibir el castillo que establecen las leyes.

Sólo hay que esperar que salga a la superficie la verdad de lo ocurrido, pero de cualquier modo que se vea el retiro de la denuncia constituye una arma de doble filo para la supuesta víctima y también  para el victimario, ya que ninguno de ellos se beneficia con la decisión tomada, porque parece haberse   agregado la figura de la negociación en la imaginación de la gente en la que siempre está presente la mercancía llamada dinero, lo cual daña mucho la dignidad de ambos involucrados.

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Editorial

En hora buena.

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En todo el mundo la televisión digital y los medios de comunicación en general han pasado a jugar, aun con sus falencias, un rol protagónico en los procesos democráticos que viven los pueblos, porque de alguna manera las redes sociales están abiertas a todas las corrientes del pensamiento político, social y económico.

Ha sido una forma de cumplir con el sueño de que los receptores de los mensajes puedan reaccionar en contra o en favor de aquellas cosas que rechazan o comparten, es decir, que se produzca el famoso feedback.

Los medios digitales son una herramienta que rompe con la comunicación vertical para convertirla en horizontal, lo que en pocas palabras no es otra cosa que democratizar el mensaje que llega a los lectores o televidentes.

Por esta y muchas más razones tiene que ser motivo de satisfacción que muchos medios surjan para fortalecer la corriente de la democratización de la información y la comunicación, sobre todo si ello implica una mejoría de su calidad.

Todo el mundo sabe que antes del surgimiento o empoderamiento de las redes sociales los medios de comunicación tradicionales a través de las empresas periodísticas que son controladas por grupos económicos que manejan la información en función de los intereses que representan y por esa razón no se puede tener la certeza de que lo que dicen o dejan de decir obedezca a una verdad indiscutible.

La manipulación de la información no sólo tiene que ver con lo semiótico y semántico, sino también con la colocación o no de lo que ocurre, lo que ha provocado que los medios digitales hayan cambiado esa regla del juego.

De manera, que independientemente de la post verdad los medios digitales han traído más cosas buenas que malas, pero además en la medida en que lleguen propuestas en este campo que mejoren lo que no está bien, el papel de éstos será de mucho mayor importancia en favor de la sociedad.

Entonces, la llegada de los medios pertenecientes al Grupo Nacional Azul responde al propósito de sacarle el mayor provecho a la era digital y para que los medios de comunicación sean un instrumento para la mejoría de la democracia, ya que la República Dominicana atraviesa por un momento de una profunda crisis de credibilidad, lo cual ha dejado como consecuencia una falta de legitimidad, lo que desde cualquier perspectiva que se vea es una especie de bomba de tiempo.

Los dominicanos de aquí y los de allá, es decir, los que viven en el territorio nacional y los que están fuera del país pueden tener la seguridad de que seguiremos haciendo un periodismo que promueva el Estado Social Democrático de Derecho, exactamente como está consignado en el artículo 7 de la Constitución de la República.

Somos enemigos de la manipulación periodística para defender y proteger los intereses de grupos económicos que no ven más allá de la ganancia que obtienen y que representan, sin que les importe el dolor que causan a la sociedad dominicana, una retranca para el logro de una verdadera democracia.

En el país hay que revertir todo aquello que vende la idea de que las cosas tienen que verse desde una visión monetaria o material, sino que los medios como los de la Fundación Grupo Nacional Azul deben velar porque no prevalezca en la información un interés personal y grupal, porque al final los más indefensos son los que pierden, como las mujeres, los niños y los envejecientes.

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Editorial

Tres flagelos que nos golpean muy fuerte.

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Los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción pública dejan huellas inborrables en la sociedad dominicana.

La consternación que ha traído consigo el asesinato de la joven modelo y locutora Shantal Jiménez es una expresión fiel del impacto de un fenómeno que deja heridas insanables en la sociedad dominicana.

Son heridas lacerantes que nadie podrá borrar del escenario nacional, porque la irracionalidad se ha apropiado de una buena parte de los hombres que se niegan a dejar volar libremente a la mujer que busca mejores horizontes.

Estos feminicidios se producen y dejan una estela de dolor, no sólo en el seno de los seres queridos de las mujeres asesinadas, sino también de las madres de los hombres que incurren en el error de eliminar físicamente a aquellas que también muchas de ellas son las progenitoras de sus hijos.

Es un drama que parece insuperable, que deja una secuela de heridas emocionales que difícilmente puedan superar los afectados  en el curso de sus vidas.

Todo ello requiere que el Estado tome las medidas pertinentes para enfrentar el mal, pese a que se entiende que el esfuerzo demanda de la inversión de muchos sacrificios para contrarrestar un flagelo que daña a toda la sociedad.

El problema se expresa cuando ocurre con niñas que se embarazan sin todavía estar preparadas para tener hijos, cuyo futuro se vuelve incierto, amén de que el fenómeno causa daños terribles, porque hay expertos que consideran que los embarazos en adolescentes es una fuente generadora de delincuencia y de otros problemas sociales.

Pero podría asumirse que todo ello, es decir los tres flagelos de que se habla en este editorial, tienen su razón de ser, máxime su aumento, en la irresponsabilidad con que los partidos políticos manejan el presupuesto general de la nación, cuyo punto 1-a es la corrupción administrativa, la cual también alimenta el mal a nivel privado, ya que arruina oportunidades de crecimiento a las niñas que pasan por el drama de engendrar un hijo a temprana edad.

No no se puede ser muy optimista con las medidas que puedan surgir desde el sector público para enfrentar estos flagelos, porque una de las cosas que alimentan estas distorsiones es precisamente la falta de planificación y la poca formación de los que tienen el control del Estado.

Nadie puede negar que como se ven las cosas, el país podría entrar en una verdadera crisis de violencia con el camino que llevan los tres flagelos escogidos por la República para intentar hacer sentir su voz de alarma al respecto.

La verdad es que la gente de buena voluntad y que realmente quiere lo mejor para el país no puede dormir tranquila con los efectos que producen los tres flagelos que se abordan en el presente editorial, los cuales tienen como agravantes la falta de planificación y el desorden que caracteriza al Estado dominicano.

Cualquiera podría preguntarse si realmente el país está preparado para elaborar una receta que vaya más allá del diagnóstico para, sino solucionar, por lo menos disminuir, el impacto destructor de los flagelos de los feminicidios, los embarazos en adolescentes y la corrupción administrativa.

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Editorial

República Dominicana en el “ojo del huracán”.

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Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.

Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.

La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.

Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.

Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.

De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.

Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.

Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.

El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.

Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.

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