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El INAPA gastó más de RD$700 millones en nóminas “ocultas”
Gastos calculados hasta la fecha en unos 718.2 millones de pesos para el pago de nóminas ocultas han sido identificadas por la actual administración del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y reconocidas por su pasado director, Horacio Mazara,
La institución, sin embargo, también ha contratado a casi 2,000 personas en los cuatro meses de la nueva gestión, llevando las nóminas actuales a 6,643 empleados.
En una mirada a cómo opera el servicio de personal en el Inapa, se destacan hallazgos cuestionables sobre contrataciones de servicio de camiones cisternas, pagos excesivos de viáticos y licencias permanentes a empleados.
Así lo expusieron a Diario Libre las ejecutivas del Inapa Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, al explicar el aparente incremento de la nómina durante la actual gestión que encabeza el abogado Wellington Arnaud, designado por el presidente Luis Abinader.
Hasta diciembre de este 2020, el Inapa contaba con 6,643 empleados, distribuidos en nueve nóminas distintas: Nómina Nivel Central, Contratados, Acueductos, Personal en Trámites de Pensión, Provincia Santiago, Provincia San Cristóbal, Personal Contratado e Igualado Provincia San Cristóbal, Ocasional Seguridad Militar y otra de Personal en Trámites de Pensión.
La cifra representa un incremento de 376 empleados más que los 6,267 que se reportaban en las mismas nóminas hasta agosto pasado, aunque inferior si se toma en cuenta los de las nóminas “ocultas”.
“La pasada gestión no publicaba todas las nóminas que pagaba, entonces, hay una serie de nóminas que nosotros ahora las estamos subiendo (a la web) para que el público tenga conocimiento de todo lo que se pagaba en la institución”, expone Chevalier ante los cuestionamientos de Diario Libre.
Afirma que una vez entró la actual gestión, el 17 de agosto pasado, empezaron a hacer las adecuaciones de los empleados y que fue cuando se percataron de que, en lugar de 6,267 empleados a ese mes, había 7,742.
“Había unas nóminas que estaban ocultas y que fueron mandadas a desactivar para que esta gestión no se enterara de que existían, pues si tú no sabías lo que andabas buscando, no las ibas a ver, y esa nómina tenía 1,475 personas”, enfatiza Chevalier.
De la existencia de esas nóminas se enteraron, en primer lugar, por los pagos y las auditorías. “Cuando tú encuentras pagos que no están sustentados, te pones a investigar el por qué ocurren, cuál es la razón que da a esos pagos. Entonces, unos peritos en tecnología entraron al sistema y encontraron que había unas nóminas que estaban desactivadas”, agrega la asesora financiera.
Consultado sobre esta situación, el exdirector del Inapa, Horacio Mazara, admite la existencia de esas nóminas y explica que, si estaban separadas del resto de los empleados, se debía al carácter de temporalidad de los contratados.
“Eran nóminas especiales, se varía mucho el personal, a veces entraban y salían y a veces, parte de ese personal, dependiendo de su eficiencia, pues se pasaba a las nóminas oficiales. A veces… pues eran trabajos de operativos especiales, no fijos”, explica,
Dice que a su arribo al Inapa (en 2015) ya había algunas de esas nóminas y que en su gestión se le dio seguimiento, con la intención de bajar las conexiones ilegales, que eran muy altas, y aumentar las recaudaciones.
Al revisar una de esas nóminas “ocultas”, se observa que la gran mayoría tiene el cargo de inspector o supervisor. Varios de los que figuran en ella al mes de agosto, también estaban en otra nómina, con la misma descripción, pero de 2018, aunque para ese año figuraban con estatus de cancelado, una situación que Mazara dice no saber explicar.
Lo que sí explica es que esas personas se empleaban casi siempre como “inspectores de campo” en los pueblos y zonas rurales, así como en barrios de difícil acceso.
“Teníamos 24 provincias y andar todas esas zonas, a veces a las que solo se podía llegar a pie o caballo, era un tema difícil y entendíamos que eso era lo correcto. Lo entendimos, puede que sea correcto o no, pero eso fue lo que entendimos y nos dio resultado”, dijo.
El exfuncionario resalta que gracias a esa estrategia lograron incrementar, año tras año, las recaudaciones del Inapa y que, a su salida de la entidad, en agosto pasado, dejó esas personas para que fuera la siguiente administración quien decidiera qué hacer con ellas.
Actualmente, el caso está en manos de la Contraloría General de la República que inició una auditoría y debe determinar lo que procede al respecto.
Casi 3 mil cancelados
Tanto Binet como Chevalier aseguran que el total de empleados de las nóminas ocultas fueron cancelados, y que con ellos suman unos 2,927 las personas desvinculadas de la institución desde que llegó Arnaud a dirigirla.
Sin embargo, también han contratado a casi 2,000. Si se resta el total de cancelaciones a los 7,742 empleados que encontró la actual administración, debía haber 4,818 personas, pero las nóminas actuales suman 6,643 empleados, lo que indican que en los cuatro meses de gestión se han contratado a unos 1,828 empleados.
Aunque ahora tienen en total unos 1,099 empleados menos, el valor de las nóminas, sin embargo, es superior, y en lugar de 128.7 millones que se destinaban en agosto pasado, en diciembre se pagaron RD$132.7 millones en sueldos a empleados, unos cuatro millones adicionales.
“Lo que pasa es que es un proceso de transformación y entonces, cuando llegamos encontramos una institución con muchas situaciones y un sistema de suministro de agua colapsado. Nuestro director se pasó los primeros meses viajando y visitando los 243 sistema que hay a nivel nacional uno por uno, y ahí descubrió cómo estaba la infraestructura y habló con su equipo y armó un plan de rescate de esas instalaciones”, expone Ruth Chevalier.
Resalta que en los últimos cuatro meses ya se ha logrado poner en funcionamiento 8 sistemas de acueductos que estaban totalmente fuera de operación en Monte Plata, además de otros 22 que funcionaban al mínimo en otros diez municipios del país.
La puesta en operación de esos sistemas hace imposible –afirma– trabajar con menor cantidad de empleados.
“Si tú tienes, por ejemplo, un acueducto donde no estaba funcionando, no había gente, pero sí tú lo pones a funcionar, necesitas personas para eso. Igual a nivel de las estructuras que no funcionaban, como, por ejemplo, Planificación, la cual necesitaba reforma porque la estructura está totalmente obsoleta. También el área Comercial y el área de Licitaciones”, agrega Binet.
Como parte de su Plan Nacional de Rescate de las Instalaciones, el Inapa pretende generar unos 2,137 litros de agua por segundo, para llevar el líquido a unos 600,000 hogares, además de generar al menos 42,500 empleos directos.
Otro plan que dicen tener en ejecución es el de Crecimiento de Usuario, cuya estrategia les ha permitido, afirman, aumentar las recaudaciones de RD$54,932,988 en agosto a RD$84,664,777 en diciembre pasado.
“Para este Plan de Crecimiento de Usuario fue necesario contratar personas con gestión de venta para poder alcanzar la meta proyectada de aquí a diciembre de 2021, la cual busca que, de aquí a marzo lleguemos a RD$120 millones de recaudación; entre mayo y julio a RD$150 millones y a diciembre unos RD$200 millones de pesos”.
Otro detalle del personal que destaca son unos 130 empleados que habrían encontrado con licencia permanente.
“Gente que trae una licencia por un año y todos los años la renueva: busco un médico para que certifique que tengo equis situación y que no puedo trabajar, y si una gente está de licencia no se puede desvincular. Y esa es otra situación que nos encontramos, pues probablemente tú dirás, bueno, vamos a sustituir uno por otro, pero, cuando tú tienes a una gente de licencia no lo puedes desvincular, pero no te asiste y tú tienes que operativamente funcionar”.
A esas personas se les estaría conminando a presentar una certificación actualizada sobre su condición de salud, además de buscar una verificación a través de las administradoras de fondos de pensiones para determinar si aplican para una pensión.
Si bien las recaudaciones han aumentado, las ejecutivas del Inapa destacan también los ahorros logrados en la institución, entre ellos, en combustible y en viáticos.
“Aquí había unas nóminas de viáticos que eran un escándalo, que era la forma en que se disfrazaban salarios como si fueran viáticos por servicio. Tú podías encontrar a un soldador, que parece era el que andaban todo el país, que tenía sueldo de RD$10,000 y te cobraba RD$97,000 en viáticos. Todas esas prácticas se han eliminado porque esas nóminas podían representar más de 17 millones de pesos mensuales en viáticos, nada más”, dice Binet.
Asegura que también han bajado el consumo de combustible en más de un 50 por ciento, eso debido a que, una merma en el uso de los camiones cisternas.
“Una práctica que había era que, en coordinación con los operadores de los acueductos, cerraban las llaves de paso para obligar a tener que mandar el agua en camiones cisterna, porque esos son contratados. Cuando llegamos encontramos 188 contratos de camiones cisternas y nosotros con las soluciones de agua que hemos llevado, ya se han bajado a 67 al día de hoy”, sostiene Chevalier.
Asegura que ello ha implicado un ahorro de RD$13, 472, 375 en distribución de agua en camiones cisterna. En combustible el ahorro es de RD$2,461,000 mensuales, dice.
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Tribunal decidirá el 2 de noviembre sobre 21 incidentes planteados por Jean Alain Rodríguez y otros acusados
La Pepca solicita rechazar los cuestionamientos de la defensa y plantea que algunos pedimentos sean resueltos junto con el fondo del proceso por presunta corrupción administrativa.
SANTO DOMINGO, RD. – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá el próximo lunes 2 de noviembre su decisión sobre 21 incidentes procesales presentados por el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros imputados en el juicio por presunta corrupción administrativa.
Las juezas Yissel Soto, quien preside el tribunal, Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López deberán pronunciarse sobre los planteamientos de las defensas, entre ellos las solicitudes de exclusión de pruebas documentales y periciales aportadas por el Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) rechazó los cuestionamientos y sostuvo que no se han demostrado las irregularidades denunciadas por los acusados durante la investigación.
Defensa cuestiona incorporación de pruebas
Entre los principales argumentos presentados por Jean Alain Rodríguez figura la alegada incorporación irregular de miles de elementos probatorios al expediente.
El exfuncionario sostiene que determinadas pruebas fueron depositadas fuera de los plazos establecidos y que existen otras irregularidades procesales que, a juicio de su defensa, justifican su exclusión.
Estos planteamientos forman parte de una estrategia de defensa dirigida a cuestionar la admisibilidad de los elementos de prueba que sustentan la acusación.
No obstante, corresponderá al tribunal determinar si las objeciones tienen fundamento jurídico y si procede excluir alguno de los medios probatorios cuestionados.
Ministerio Público rechaza alegatos
La Pepca, encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, calificó los incidentes como improcedentes y defendió la legalidad de las actuaciones desarrolladas durante la investigación.
El órgano acusador solicitó, además, que la decisión sobre determinados incidentes sea diferida para resolverlos conjuntamente con el fondo del proceso, con el propósito de evitar retrasos en el desarrollo del juicio.
En representación del Ministerio Público también participaron los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Melbin Romero.
La decisión sobre ese pedimento dependerá de la valoración que realicen las magistradas respecto de la naturaleza de los incidentes y las disposiciones procesales aplicables.
Audiencia del miércoles queda sin efecto
El tribunal dispuso continuar el conocimiento del expediente el lunes 2 de noviembre, por lo que no se celebrará la audiencia que estaba prevista para este miércoles 28 de octubre.
La próxima jornada judicial será determinante para establecer cuáles cuestionamientos serán resueltos de inmediato y cuáles, si el tribunal acoge la solicitud correspondiente, podrán ser examinados junto con el fondo del juicio.
Acusación involucra más de RD$6,000 millones
Jean Alain Rodríguez enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre los años 2016 y 2020.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, las operaciones investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$6,000 millones.
El expediente incluye imputaciones relacionadas con supuestos actos de corrupción administrativa, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos.
Estas acusaciones deberán ser demostradas durante el juicio, bajo el respeto de la presunción de inocencia y las demás garantías procesales de los imputados.
Otros procesados en el expediente
Entre las personas sometidas a juicio figuran el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de Tecnología de la Información y la Comunicación, Javier Alejandro Forteza Ibarra; y el exsubdirector financiero, Alfredo Alexander Solano Augusto.
También aparecen como imputados Jonathan Loanders Medina, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte e Isis Tapia Stefanni.
El expediente incluye a otros particulares y entidades comerciales que, según el Ministerio Público, habrían participado en las operaciones investigadas.
Decisión podría influir en el desarrollo del juicio
La resolución que adopte el Segundo Tribunal Colegiado tendrá importancia para la continuación del proceso, especialmente en lo relativo a la admisibilidad y valoración posterior de las pruebas presentadas por el órgano acusador.
Desde el punto de vista procesal, la controversia enfrenta dos posiciones: por un lado, el derecho de los imputados a cuestionar la legalidad de los medios probatorios y, por otro, la facultad del Ministerio Público de sustentar su acusación mediante pruebas sometidas al control judicial.
La presentación de incidentes constituye un mecanismo reconocido dentro del proceso penal, pero corresponde a los jueces determinar su procedencia conforme a la legislación vigente.
La audiencia del próximo lunes definirá el tratamiento de los incidentes planteados y marcará una nueva etapa en el juicio contra el exprocurador y los demás acusados por presunta corrupción administrativa.
Alejandra Rojas Saldaña, conocida como “Yolaska”, deberá cumplir un año de prisión preventiva en Rafey Mujeres, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otro presunto implicado en el hecho.
PUERTO PLATA, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso este martes doce meses de prisión preventiva contra Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, investigada por su presunta participación en el secuestro y robo agravado de un ciudadano alemán ocurrido el pasado 22 de octubre en esa provincia.
La decisión fue adoptada por el juez Ronaldy Marcelino Henríquez, quien ordenó que la imputada cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en Santiago.
Rojas Saldaña es señalada por el Ministerio Público como una de las personas involucradas en el rapto de Uwe Kindervater, ciudadano de nacionalidad alemana que habría sido sometido a amenazas, agresiones físicas y despojado de sus pertenencias durante el incidente.
La medida fue impuesta después de que la Fiscalía de Puerto Plata presentara los elementos que, a su juicio, justifican mantener a la imputada privada de libertad mientras continúa la investigación.
Investigación revela cómo ocurrió el secuestro
De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el hecho se produjo alrededor de las 8:00 de la noche del jueves 22 de octubre, cuando Rojas Saldaña presuntamente ingresó a la residencia del extranjero acompañada de otro hombre que permanece prófugo.
La investigación establece que ambos habrían sometido a la víctima mediante amenazas con un arma de fuego, obligándola a permanecer inmovilizada con las manos y los pies atados.
Posteriormente, los presuntos agresores sustrajeron dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular pertenecientes al ciudadano alemán.
Según el Ministerio Público, los involucrados también intentaron realizar transferencias electrónicas utilizando los medios financieros de la víctima.
Extranjero logró escapar en una estación de combustible
Las autoridades sostienen que, después de sustraer las pertenencias, los implicados trasladaron al ciudadano alemán contra su voluntad utilizando el vehículo de este.
Durante el recorrido, la víctima logró escapar cuando se encontraban en una estación de combustible del municipio Villa Montellano, en Puerto Plata.
Su huida permitió que el caso fuera puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables.
El extranjero recibió atención médica tras el incidente.
Evaluación médica estableció lesiones
De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, el ciudadano alemán sufrió múltiples lesiones como consecuencia de las agresiones.
La evaluación médico-legal practicada a Kindervater estableció una incapacidad de 21 días, circunstancia incorporada al expediente como parte de los elementos que sustentan la investigación.
Las autoridades consideran que las condiciones en las que se produjo el hecho evidencian la gravedad de las conductas atribuidas a los imputados.
Fiscalía mantiene búsqueda de otro sospechoso
La investigación está a cargo del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Puerto Plata, bajo la coordinación del procurador fiscal Julio César Gómez.
Las diligencias investigativas fueron desarrolladas con la participación de Pedro Antonio Melo, mientras que el fiscal litigante Marcos Wilkins Díaz representó al Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción.
Rojas Saldaña fue arrestada el 23 de octubre de 2026, mediante la orden judicial núm. 2026-AJ0093267.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar al segundo hombre señalado como participante en el secuestro.
Enfrenta varias imputaciones penales
La Fiscalía de Puerto Plata atribuye provisionalmente a la imputada conductas relacionadas con robo agravado, secuestro, asociación de malhechores, tortura y barbarie.
El expediente también contempla presuntas infracciones a la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Estas calificaciones jurídicas son provisionales y podrían ser modificadas conforme avancen las investigaciones y se incorporen nuevos elementos probatorios.
El Ministerio Público sostuvo que la prisión preventiva resultaba necesaria para garantizar la comparecencia de la imputada durante el procedimiento y proteger a la víctima.
Proceso continuará bajo investigación
Con la imposición de los doce meses de prisión preventiva, las autoridades judiciales continuarán las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades individuales de las personas investigadas.
La Fiscalía deberá reunir y presentar los elementos probatorios que sustenten las acusaciones formuladas.
Por su parte, la defensa de Rojas Saldaña conserva el derecho de ejercer los mecanismos procesales establecidos en la legislación dominicana.
La prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena. En consecuencia, la imputada mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal competente determine su responsabilidad mediante una sentencia definitiva.
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Abinader reclama acciones conjuntas contra el narcotráfico y advierte que el crimen organizado supera las fronteras nacionales
República Dominicana y Estados Unidos encabezan una conferencia hemisférica con representantes de 19 países para definir estrategias militares, intercambiar inteligencia y fortalecer la cooperación frente a las organizaciones criminales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El presidente Luis Abinader hizo este martes un llamado a los países del continente americano para transformar los compromisos diplomáticos en acciones concretas contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales, al considerar que las respuestas aisladas resultan insuficientes frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras.
El mandatario formuló sus declaraciones durante la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), celebrada en Santo Domingo con representantes de defensa y seguridad de 19 naciones.
La iniciativa, coordinada por República Dominicana y Estados Unidos, procura establecer mecanismos de cooperación militar, intercambio de información y operaciones conjuntas para enfrentar las amenazas que representan los carteles de drogas y otras redes del crimen organizado.
Presidente advierte que las organizaciones criminales actúan con mayor coordinación
El jefe del Estado dominicano sostuvo que las redes criminales han desarrollado estructuras internacionales capaces de aprovechar las debilidades de los sistemas de seguridad y las diferencias entre las legislaciones de los países.
En ese contexto, consideró indispensable fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones militares, policiales y de inteligencia.
Abinader advirtió que las organizaciones criminales continúan desarrollando sus actividades mientras los gobiernos discuten acuerdos y estrategias de cooperación.
Por esa razón, exhortó a las delegaciones participantes a establecer objetivos específicos y mecanismos que permitan medir los avances en la lucha contra el crimen organizado.
El mandatario también planteó que las diferencias políticas entre los países no deben impedir el reconocimiento de responsabilidades compartidas frente a amenazas que afectan la seguridad del hemisferio.
Preparan estrategia militar regional para el período 2026-2031
Uno de los principales propósitos de la conferencia es avanzar en la elaboración de un plan de campaña conjunto para el período 2026-2031, destinado a coordinar las acciones de los países participantes.
El ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que las delegaciones trabajan en varios componentes considerados esenciales para el funcionamiento de la coalición.
Entre ellos figuran:
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La elaboración de un plan estratégico de operaciones conjuntas.
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La definición de un marco de gobernanza para la coalición.
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La integración de seis equipos multinacionales de trabajo.
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El establecimiento de mecanismos de cooperación y seguimiento.
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La distribución de responsabilidades entre los países participantes.
Estas iniciativas buscan crear una estructura de coordinación que permita desarrollar respuestas regionales frente al tráfico de drogas, el narcoterrorismo y otras actividades ilícitas.
Cooperación militar sin renunciar a la soberanía
Abinader defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, al señalar que la participación de los países en estrategias comunes no implica necesariamente una pérdida de soberanía.
Por el contrario, consideró que la coordinación entre Estados puede contribuir a ejercer con mayor eficacia las responsabilidades nacionales frente a organizaciones que operan simultáneamente en diferentes territorios.
El mandatario sostuvo que las fronteras no deben convertirse en espacios utilizados por integrantes de redes criminales para evadir las actuaciones de la justicia.
En ese sentido, planteó la importancia de establecer mecanismos que permitan compartir informaciones, fortalecer las investigaciones y facilitar la actuación de las autoridades competentes.
República Dominicana y Estados Unidos encabezan iniciativa
La conferencia se desarrolla con la participación del Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
La Coalición de las Américas contra los Carteles fue anunciada en marzo de 2026, como parte de los esfuerzos para ampliar la cooperación regional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Posteriormente, los países participantes avanzaron en conversaciones destinadas a definir su estructura operativa y sus principales objetivos.
El encuentro celebrado en Santo Domingo los días 26 y 27 de octubre busca establecer las bases para una coordinación más estrecha entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad pública.
México y Brasil no participan en la coalición
Entre los aspectos que llaman la atención figura la ausencia de México y Brasil, dos países de considerable importancia geográfica, económica y estratégica dentro del continente americano.
Ambas naciones enfrentan desafíos relacionados con la actuación de organizaciones criminales, aunque presentan realidades y políticas de seguridad diferentes.
Su ausencia plantea interrogantes sobre el alcance que podrá tener una estrategia hemisférica contra el narcotráfico sin la participación de algunos de los territorios más relevantes para comprender las rutas, mercados y estructuras del crimen organizado en la región.
La conferencia reúne delegaciones de países como Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, además de República Dominicana y Estados Unidos.
Narcotráfico representa amenaza para la estabilidad institucional
El ministro de Defensa advirtió que las actividades de las organizaciones criminales no se limitan al comercio ilegal de sustancias controladas.
También pueden involucrar tráfico de armas, lavado de activos, corrupción y otras operaciones que afectan el funcionamiento de las instituciones públicas.
Estas estructuras representan un desafío para la estabilidad política, económica y social de los países, especialmente cuando logran establecer conexiones internacionales y mecanismos de financiamiento ilícito.
Por esta razón, los participantes consideran necesario desarrollar estrategias que incluyan prevención, inteligencia, investigación y cooperación operativa.
El desafío será convertir los acuerdos en resultados
La conferencia representa un nuevo esfuerzo de coordinación hemisférica frente a organizaciones criminales que han demostrado capacidad para adaptarse a los controles fronterizos y a las operaciones de las autoridades.
Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la implementación de los compromisos, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los Estados para mantener una cooperación sostenida.
El principal desafío de la coalición será demostrar que los acuerdos internacionales pueden traducirse en resultados verificables, mediante la reducción de las actividades criminales, el debilitamiento de las redes de narcotráfico y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Para República Dominicana, que ocupa una posición geográfica estratégica en el Caribe, la participación en estos mecanismos representa una oportunidad de ampliar la cooperación internacional frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.