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El INAPA gastó más de RD$700 millones en nóminas “ocultas”

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Gastos calculados hasta la fecha en unos 718.2 millones de pesos para el pago de nóminas ocultas  han sido identificadas por la actual administración del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA)  y reconocidas por su pasado director, Horacio Mazara,

La institución, sin embargo, también ha contratado a casi 2,000 personas en los cuatro meses de la nueva gestión, llevando las nóminas actuales a 6,643 empleados.

En una mirada a cómo opera el servicio de personal en el Inapa, se destacan hallazgos cuestionables sobre contrataciones de servicio de camiones cisternas, pagos excesivos de viáticos y licencias permanentes a empleados.

Así lo expusieron a Diario Libre las ejecutivas del Inapa Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, al explicar el aparente incremento de la nómina durante la actual gestión que encabeza el abogado Wellington Arnaud, designado por el presidente Luis Abinader.

Hasta diciembre de este 2020, el Inapa contaba con 6,643 empleados, distribuidos en nueve nóminas distintas: Nómina Nivel Central, Contratados, Acueductos, Personal en Trámites de Pensión, Provincia Santiago, Provincia San Cristóbal, Personal Contratado e Igualado Provincia San Cristóbal, Ocasional Seguridad Militar y otra de Personal en Trámites de Pensión.

La cifra representa un incremento de 376 empleados más que los 6,267 que se reportaban en las mismas nóminas hasta agosto pasado, aunque inferior si se toma en cuenta los de las nóminas “ocultas”.

“La pasada gestión no publicaba todas las nóminas que pagaba, entonces, hay una serie de nóminas que nosotros ahora las estamos subiendo (a la web) para que el público tenga conocimiento de todo lo que se pagaba en la institución”, expone Chevalier ante los cuestionamientos de Diario Libre.

Afirma que una vez entró la actual gestión, el 17 de agosto pasado, empezaron a hacer las adecuaciones de los empleados y que fue cuando se percataron de que, en lugar de 6,267 empleados a ese mes, había 7,742.

“Había unas nóminas que estaban ocultas y que fueron mandadas a desactivar para que esta gestión no se enterara de que existían, pues si tú no sabías lo que andabas buscando, no las ibas a ver, y esa nómina tenía 1,475 personas”, enfatiza Chevalier.

De la existencia de esas nóminas se enteraron, en primer lugar, por los pagos y las auditorías. “Cuando tú encuentras pagos que no están sustentados, te pones a investigar el por qué ocurren, cuál es la razón que da a esos pagos. Entonces, unos peritos en tecnología entraron al sistema y encontraron que había unas nóminas que estaban desactivadas”, agrega la asesora financiera.

Binet, la directora de Recursos Humanos, asegura que, aunque han hecho búsquedas, no encuentran registros de expedientes de esas personas, ni físico ni digital, por lo que no saben a quién respondían. “Simplemente están las nóminas”, insiste.

Consultado sobre esta situación, el exdirector del Inapa, Horacio Mazara, admite la existencia de esas nóminas y explica que, si estaban separadas del resto de los empleados, se debía al carácter de temporalidad de los contratados.

“Eran nóminas especiales, se varía mucho el personal, a veces entraban y salían y a veces, parte de ese personal, dependiendo de su eficiencia, pues se pasaba a las nóminas oficiales. A veces… pues eran trabajos de operativos especiales, no fijos”, explica,

Dice que a su arribo al Inapa (en 2015) ya había algunas de esas nóminas y que en su gestión se le dio seguimiento, con la intención de bajar las conexiones ilegales, que eran muy altas, y aumentar las recaudaciones.

Al revisar una de esas nóminas “ocultas”, se observa que la gran mayoría tiene el cargo de inspector o supervisor. Varios de los que figuran en ella al mes de agosto, también estaban en otra nómina, con la misma descripción, pero de 2018, aunque para ese año figuraban con estatus de cancelado, una situación que Mazara dice no saber explicar.

Lo que sí explica es que esas personas se empleaban casi siempre como “inspectores de campo” en los pueblos y zonas rurales, así como en barrios de difícil acceso.

“Teníamos 24 provincias y andar todas esas zonas, a veces a las que solo se podía llegar a pie o caballo, era un tema difícil y entendíamos que eso era lo correcto. Lo entendimos, puede que sea correcto o no, pero eso fue lo que entendimos y nos dio resultado”, dijo.

El exfuncionario resalta que gracias a esa estrategia lograron incrementar, año tras año, las recaudaciones del Inapa y que, a su salida de la entidad, en agosto pasado, dejó esas personas para que fuera la siguiente administración quien decidiera qué hacer con ellas.

Actualmente, el caso está en manos de la Contraloría General de la República que inició una auditoría y debe determinar lo que procede al respecto.

Casi 3 mil cancelados

Tanto Binet como Chevalier aseguran que el total de empleados de las nóminas ocultas fueron cancelados, y que con ellos suman unos 2,927 las personas desvinculadas de la institución desde que llegó Arnaud a dirigirla.

Sin embargo, también han contratado a casi 2,000. Si se resta el total de cancelaciones a los 7,742 empleados que encontró la actual administración, debía haber 4,818 personas, pero las nóminas actuales suman 6,643 empleados, lo que indican que en los cuatro meses de gestión se han contratado a unos 1,828 empleados.

Aunque ahora tienen en total unos 1,099 empleados menos, el valor de las nóminas, sin embargo, es superior, y en lugar de 128.7 millones que se destinaban en agosto pasado, en diciembre se pagaron RD$132.7 millones en sueldos a empleados, unos cuatro millones adicionales.

Las ejecutivas del Inapa aseguran que se requiere contratar a mucho más personal y que las diferencias en los montos de la nómina se deben a que han hecho ajustes de sueldos a empleados que ganaban por debajo de la escala establecida.

“Lo que pasa es que es un proceso de transformación y entonces, cuando llegamos encontramos una institución con muchas situaciones y un sistema de suministro de agua colapsado. Nuestro director se pasó los primeros meses viajando y visitando los 243 sistema que hay a nivel nacional uno por uno, y ahí descubrió cómo estaba la infraestructura y habló con su equipo y armó un plan de rescate de esas instalaciones”, expone Ruth Chevalier.

Resalta que en los últimos cuatro meses ya se ha logrado poner en funcionamiento 8 sistemas de acueductos que estaban totalmente fuera de operación en Monte Plata, además de otros 22 que funcionaban al mínimo en otros diez municipios del país.

La puesta en operación de esos sistemas hace imposible –afirma– trabajar con menor cantidad de empleados.

“Si tú tienes, por ejemplo, un acueducto donde no estaba funcionando, no había gente, pero sí tú lo pones a funcionar, necesitas personas para eso. Igual a nivel de las estructuras que no funcionaban, como, por ejemplo, Planificación, la cual necesitaba reforma porque la estructura está totalmente obsoleta. También el área Comercial y el área de Licitaciones”, agrega Binet.

Como parte de su Plan Nacional de Rescate de las Instalaciones, el Inapa pretende generar unos 2,137 litros de agua por segundo, para llevar el líquido a unos 600,000 hogares, además de generar al menos 42,500 empleos directos.

Otro plan que dicen tener en ejecución es el de Crecimiento de Usuario, cuya estrategia les ha permitido, afirman, aumentar las recaudaciones de RD$54,932,988 en agosto a RD$84,664,777 en diciembre pasado.

“Para este Plan de Crecimiento de Usuario fue necesario contratar personas con gestión de venta para poder alcanzar la meta proyectada de aquí a diciembre de 2021, la cual busca que, de aquí a marzo lleguemos a RD$120 millones de recaudación; entre mayo y julio a RD$150 millones y a diciembre unos RD$200 millones de pesos”.

Otro detalle del personal que destaca son unos 130 empleados que habrían encontrado con licencia permanente.

“Gente que trae una licencia por un año y todos los años la renueva: busco un médico para que certifique que tengo equis situación y que no puedo trabajar, y si una gente está de licencia no se puede desvincular. Y esa es otra situación que nos encontramos, pues probablemente tú dirás, bueno, vamos a sustituir uno por otro, pero, cuando tú tienes a una gente de licencia no lo puedes desvincular, pero no te asiste y tú tienes que operativamente funcionar”.

A esas personas se les estaría conminando a presentar una certificación actualizada sobre su condición de salud, además de buscar una verificación a través de las administradoras de fondos de pensiones para determinar si aplican para una pensión.

Sueldo de 10 y viático de 90

Si bien las recaudaciones han aumentado, las ejecutivas del Inapa destacan también los ahorros logrados en la institución, entre ellos, en combustible y en viáticos.

“Aquí había unas nóminas de viáticos que eran un escándalo, que era la forma en que se disfrazaban salarios como si fueran viáticos por servicio. Tú podías encontrar a un soldador, que parece era el que andaban todo el país, que tenía sueldo de RD$10,000 y te cobraba RD$97,000 en viáticos. Todas esas prácticas se han eliminado porque esas nóminas podían representar más de 17 millones de pesos mensuales en viáticos, nada más”, dice Binet.

Asegura que también han bajado el consumo de combustible en más de un 50 por ciento, eso debido a que, una merma en el uso de los camiones cisternas.

“Una práctica que había era que, en coordinación con los operadores de los acueductos, cerraban las llaves de paso para obligar a tener que mandar el agua en camiones cisterna, porque esos son contratados. Cuando llegamos encontramos 188 contratos de camiones cisternas y nosotros con las soluciones de agua que hemos llevado, ya se han bajado a 67 al día de hoy”, sostiene Chevalier.

Asegura que ello ha implicado un ahorro de RD$13, 472, 375 en distribución de agua en camiones cisterna. En combustible el ahorro es de RD$2,461,000 mensuales, dice.

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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio

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El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones

Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.

Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.

El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.

Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes

El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.

Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.

La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.

La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.

Así habría ocurrido la entrega del dinero

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.

Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.

Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.

Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.

Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.

Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.

Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa

El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.

Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.

La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.

Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.

Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.

Permanece recluido en Najayo

Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.

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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA

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La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida

Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.

El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento

De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.

La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.

Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.

Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.

Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares

Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.

La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.

Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.

Era vigilado desde hacía meses

La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.

La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Le atribuyen varios delitos

Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.

Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.

La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.

Migración inicia proceso de desvinculación

La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.

La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.

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Se entrega hombre vinculado a asalto a punta de pistola en Villa María

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La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso

Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.

El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.

De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.

El asalto ocurrió luego de un seguimiento

Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.

El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.

Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.

Policía reporta recuperación de pertenencias

La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.

Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.

Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.

La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.

Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima

Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.

De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.

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