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El INAPA gastó más de RD$700 millones en nóminas “ocultas”
Gastos calculados hasta la fecha en unos 718.2 millones de pesos para el pago de nóminas ocultas han sido identificadas por la actual administración del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) y reconocidas por su pasado director, Horacio Mazara,
La institución, sin embargo, también ha contratado a casi 2,000 personas en los cuatro meses de la nueva gestión, llevando las nóminas actuales a 6,643 empleados.
En una mirada a cómo opera el servicio de personal en el Inapa, se destacan hallazgos cuestionables sobre contrataciones de servicio de camiones cisternas, pagos excesivos de viáticos y licencias permanentes a empleados.
Así lo expusieron a Diario Libre las ejecutivas del Inapa Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, al explicar el aparente incremento de la nómina durante la actual gestión que encabeza el abogado Wellington Arnaud, designado por el presidente Luis Abinader.
Hasta diciembre de este 2020, el Inapa contaba con 6,643 empleados, distribuidos en nueve nóminas distintas: Nómina Nivel Central, Contratados, Acueductos, Personal en Trámites de Pensión, Provincia Santiago, Provincia San Cristóbal, Personal Contratado e Igualado Provincia San Cristóbal, Ocasional Seguridad Militar y otra de Personal en Trámites de Pensión.
La cifra representa un incremento de 376 empleados más que los 6,267 que se reportaban en las mismas nóminas hasta agosto pasado, aunque inferior si se toma en cuenta los de las nóminas “ocultas”.
“La pasada gestión no publicaba todas las nóminas que pagaba, entonces, hay una serie de nóminas que nosotros ahora las estamos subiendo (a la web) para que el público tenga conocimiento de todo lo que se pagaba en la institución”, expone Chevalier ante los cuestionamientos de Diario Libre.
Afirma que una vez entró la actual gestión, el 17 de agosto pasado, empezaron a hacer las adecuaciones de los empleados y que fue cuando se percataron de que, en lugar de 6,267 empleados a ese mes, había 7,742.
“Había unas nóminas que estaban ocultas y que fueron mandadas a desactivar para que esta gestión no se enterara de que existían, pues si tú no sabías lo que andabas buscando, no las ibas a ver, y esa nómina tenía 1,475 personas”, enfatiza Chevalier.
De la existencia de esas nóminas se enteraron, en primer lugar, por los pagos y las auditorías. “Cuando tú encuentras pagos que no están sustentados, te pones a investigar el por qué ocurren, cuál es la razón que da a esos pagos. Entonces, unos peritos en tecnología entraron al sistema y encontraron que había unas nóminas que estaban desactivadas”, agrega la asesora financiera.
Consultado sobre esta situación, el exdirector del Inapa, Horacio Mazara, admite la existencia de esas nóminas y explica que, si estaban separadas del resto de los empleados, se debía al carácter de temporalidad de los contratados.
“Eran nóminas especiales, se varía mucho el personal, a veces entraban y salían y a veces, parte de ese personal, dependiendo de su eficiencia, pues se pasaba a las nóminas oficiales. A veces… pues eran trabajos de operativos especiales, no fijos”, explica,
Dice que a su arribo al Inapa (en 2015) ya había algunas de esas nóminas y que en su gestión se le dio seguimiento, con la intención de bajar las conexiones ilegales, que eran muy altas, y aumentar las recaudaciones.
Al revisar una de esas nóminas “ocultas”, se observa que la gran mayoría tiene el cargo de inspector o supervisor. Varios de los que figuran en ella al mes de agosto, también estaban en otra nómina, con la misma descripción, pero de 2018, aunque para ese año figuraban con estatus de cancelado, una situación que Mazara dice no saber explicar.
Lo que sí explica es que esas personas se empleaban casi siempre como “inspectores de campo” en los pueblos y zonas rurales, así como en barrios de difícil acceso.
“Teníamos 24 provincias y andar todas esas zonas, a veces a las que solo se podía llegar a pie o caballo, era un tema difícil y entendíamos que eso era lo correcto. Lo entendimos, puede que sea correcto o no, pero eso fue lo que entendimos y nos dio resultado”, dijo.
El exfuncionario resalta que gracias a esa estrategia lograron incrementar, año tras año, las recaudaciones del Inapa y que, a su salida de la entidad, en agosto pasado, dejó esas personas para que fuera la siguiente administración quien decidiera qué hacer con ellas.
Actualmente, el caso está en manos de la Contraloría General de la República que inició una auditoría y debe determinar lo que procede al respecto.
Casi 3 mil cancelados
Tanto Binet como Chevalier aseguran que el total de empleados de las nóminas ocultas fueron cancelados, y que con ellos suman unos 2,927 las personas desvinculadas de la institución desde que llegó Arnaud a dirigirla.
Sin embargo, también han contratado a casi 2,000. Si se resta el total de cancelaciones a los 7,742 empleados que encontró la actual administración, debía haber 4,818 personas, pero las nóminas actuales suman 6,643 empleados, lo que indican que en los cuatro meses de gestión se han contratado a unos 1,828 empleados.
Aunque ahora tienen en total unos 1,099 empleados menos, el valor de las nóminas, sin embargo, es superior, y en lugar de 128.7 millones que se destinaban en agosto pasado, en diciembre se pagaron RD$132.7 millones en sueldos a empleados, unos cuatro millones adicionales.
“Lo que pasa es que es un proceso de transformación y entonces, cuando llegamos encontramos una institución con muchas situaciones y un sistema de suministro de agua colapsado. Nuestro director se pasó los primeros meses viajando y visitando los 243 sistema que hay a nivel nacional uno por uno, y ahí descubrió cómo estaba la infraestructura y habló con su equipo y armó un plan de rescate de esas instalaciones”, expone Ruth Chevalier.
Resalta que en los últimos cuatro meses ya se ha logrado poner en funcionamiento 8 sistemas de acueductos que estaban totalmente fuera de operación en Monte Plata, además de otros 22 que funcionaban al mínimo en otros diez municipios del país.
La puesta en operación de esos sistemas hace imposible –afirma– trabajar con menor cantidad de empleados.
“Si tú tienes, por ejemplo, un acueducto donde no estaba funcionando, no había gente, pero sí tú lo pones a funcionar, necesitas personas para eso. Igual a nivel de las estructuras que no funcionaban, como, por ejemplo, Planificación, la cual necesitaba reforma porque la estructura está totalmente obsoleta. También el área Comercial y el área de Licitaciones”, agrega Binet.
Como parte de su Plan Nacional de Rescate de las Instalaciones, el Inapa pretende generar unos 2,137 litros de agua por segundo, para llevar el líquido a unos 600,000 hogares, además de generar al menos 42,500 empleos directos.
Otro plan que dicen tener en ejecución es el de Crecimiento de Usuario, cuya estrategia les ha permitido, afirman, aumentar las recaudaciones de RD$54,932,988 en agosto a RD$84,664,777 en diciembre pasado.
“Para este Plan de Crecimiento de Usuario fue necesario contratar personas con gestión de venta para poder alcanzar la meta proyectada de aquí a diciembre de 2021, la cual busca que, de aquí a marzo lleguemos a RD$120 millones de recaudación; entre mayo y julio a RD$150 millones y a diciembre unos RD$200 millones de pesos”.
Otro detalle del personal que destaca son unos 130 empleados que habrían encontrado con licencia permanente.
“Gente que trae una licencia por un año y todos los años la renueva: busco un médico para que certifique que tengo equis situación y que no puedo trabajar, y si una gente está de licencia no se puede desvincular. Y esa es otra situación que nos encontramos, pues probablemente tú dirás, bueno, vamos a sustituir uno por otro, pero, cuando tú tienes a una gente de licencia no lo puedes desvincular, pero no te asiste y tú tienes que operativamente funcionar”.
A esas personas se les estaría conminando a presentar una certificación actualizada sobre su condición de salud, además de buscar una verificación a través de las administradoras de fondos de pensiones para determinar si aplican para una pensión.
Si bien las recaudaciones han aumentado, las ejecutivas del Inapa destacan también los ahorros logrados en la institución, entre ellos, en combustible y en viáticos.
“Aquí había unas nóminas de viáticos que eran un escándalo, que era la forma en que se disfrazaban salarios como si fueran viáticos por servicio. Tú podías encontrar a un soldador, que parece era el que andaban todo el país, que tenía sueldo de RD$10,000 y te cobraba RD$97,000 en viáticos. Todas esas prácticas se han eliminado porque esas nóminas podían representar más de 17 millones de pesos mensuales en viáticos, nada más”, dice Binet.
Asegura que también han bajado el consumo de combustible en más de un 50 por ciento, eso debido a que, una merma en el uso de los camiones cisternas.
“Una práctica que había era que, en coordinación con los operadores de los acueductos, cerraban las llaves de paso para obligar a tener que mandar el agua en camiones cisterna, porque esos son contratados. Cuando llegamos encontramos 188 contratos de camiones cisternas y nosotros con las soluciones de agua que hemos llevado, ya se han bajado a 67 al día de hoy”, sostiene Chevalier.
Asegura que ello ha implicado un ahorro de RD$13, 472, 375 en distribución de agua en camiones cisterna. En combustible el ahorro es de RD$2,461,000 mensuales, dice.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am