Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Nacionales
Otra vez en la palestra pública Investigaciones sobre declaraciones juradas.
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Esta semana arranca activa, con la continuación del interrogatorio al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien comenzó a ser investigado el pasado viernes sobre su patrimonio y su desempeño en esa institución durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El ex funcionario tiene que volver este lunes, a las 3:00 de la tarde, según informó él mismo a la salida de la PGR el viernes pasado, cuando acudió por primera vez, en respuesta a una citación del ministerio público.
Sobre el motivo de su interrogatorio, solo adelantó que empezaron a ver los temas sobre su declaración jurada de su patrimonio, que según reportó a la Cámara de Cuentas, asciende a RD$768,321,216. Empero ha trascendido que forma parte de una investigación más amplia que desarrolla la PGR que conciernen a irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio de Hacienda.
Se espera que esta semana, las autoridades del ministerio público den más detalles sobre los interrogatorios al ex funcionario y de otras investigaciones en curso.
Los interrogatorios son realizados por la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que dirige la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
El ex ministro de Hacienda no ha sido el único exfuncionario que ha tenido que acudir a la Procuraduría para aclarar sobre su patrimonio y sobre su desempeño en un ente de la administración pública.
Los interrogatorios tampoco se limitan al ámbito de la declaración jurada de bienes, sino también a otros delitos relacionados con la corrupción en la administración pública.
En la lista de interrogados por las declaraciones juradas figuran la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el senador Félix Bautista; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; el asistente del exmandatario Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y el exalcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
De la actual administración, se incluye la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien primero fue suspendida por el presidente Luis Abinader, a solicitud de ella, y luego renunció del puesto para enfrentar cualquier acusación en su contra que presente el ministerio público.
Mientras, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, tuvo que acudir varias veces a la PGR para explicar sobre irregularidades en la licitación para la adquisición de kits de alimentos en la cuarentena por el Covid-19 en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Los propios miembros de la Cámara de Cuentas fueron llamados por la PRG, inicialmente por obstrucción a la justicia, y luego por actos líticos en la institución.
Desde septiembre del 2020, un mes después de asumir el cargo, la procuradora Mirian Germán Brito, dejó claro que el ministerio público investigará a actuales y anteriores funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, que exhiban un patrimonio injustificado o que falseen datos.
Luego, la procuradora dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, advirtió en septiembre, en una entrevista, que “no quedará sin investigar ninguna denuncia que tenga que ver con la desaparición o sustracción de un peso del Estado”.
Y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, dijo que será a su “debido tiempo” que el ministerio público procesará penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas.
A final de noviembre del 2020, la exdirectora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que el presidente Luis Abinader suspendió, de forma provisional, a 36 funcionarios, por no presentar sus declaraciones juradas de bienes en el plazo que le impone la ley.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.