Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Nacionales
Otra vez en la palestra pública Investigaciones sobre declaraciones juradas.
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República ha retomado Las indagatorias sobre el origen de los bienes declarados ante la Cámara de Cuentas por funcionarios actuales y pasados, y otros delitos vinculados a actos de corrupción administrativa.Esta semana arranca activa, con la continuación del interrogatorio al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien comenzó a ser investigado el pasado viernes sobre su patrimonio y su desempeño en esa institución durante el gobierno del expresidente Danilo Medina.
El ex funcionario tiene que volver este lunes, a las 3:00 de la tarde, según informó él mismo a la salida de la PGR el viernes pasado, cuando acudió por primera vez, en respuesta a una citación del ministerio público.
Sobre el motivo de su interrogatorio, solo adelantó que empezaron a ver los temas sobre su declaración jurada de su patrimonio, que según reportó a la Cámara de Cuentas, asciende a RD$768,321,216. Empero ha trascendido que forma parte de una investigación más amplia que desarrolla la PGR que conciernen a irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el Ministerio de Hacienda.
Se espera que esta semana, las autoridades del ministerio público den más detalles sobre los interrogatorios al ex funcionario y de otras investigaciones en curso.
Los interrogatorios son realizados por la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que dirige la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
El ex ministro de Hacienda no ha sido el único exfuncionario que ha tenido que acudir a la Procuraduría para aclarar sobre su patrimonio y sobre su desempeño en un ente de la administración pública.
Los interrogatorios tampoco se limitan al ámbito de la declaración jurada de bienes, sino también a otros delitos relacionados con la corrupción en la administración pública.
En la lista de interrogados por las declaraciones juradas figuran la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; el senador Félix Bautista; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho; el asistente del exmandatario Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, y el exalcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.
De la actual administración, se incluye la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien primero fue suspendida por el presidente Luis Abinader, a solicitud de ella, y luego renunció del puesto para enfrentar cualquier acusación en su contra que presente el ministerio público.
Mientras, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, tuvo que acudir varias veces a la PGR para explicar sobre irregularidades en la licitación para la adquisición de kits de alimentos en la cuarentena por el Covid-19 en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en la gestión de Berlinesa Franco.
Los propios miembros de la Cámara de Cuentas fueron llamados por la PRG, inicialmente por obstrucción a la justicia, y luego por actos líticos en la institución.
Desde septiembre del 2020, un mes después de asumir el cargo, la procuradora Mirian Germán Brito, dejó claro que el ministerio público investigará a actuales y anteriores funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, que exhiban un patrimonio injustificado o que falseen datos.
Luego, la procuradora dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario.
La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, advirtió en septiembre, en una entrevista, que “no quedará sin investigar ninguna denuncia que tenga que ver con la desaparición o sustracción de un peso del Estado”.
Y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho, dijo que será a su “debido tiempo” que el ministerio público procesará penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas.
A final de noviembre del 2020, la exdirectora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que el presidente Luis Abinader suspendió, de forma provisional, a 36 funcionarios, por no presentar sus declaraciones juradas de bienes en el plazo que le impone la ley.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.