Nacionales
Rechazan tres causales frente al Congreso Nacional.
La no penalización del aborto fue exigido mediante una concentración frente al Congreso Nacional por ciudadanos, legisladores y diferentes organizaciones religiosas y civiles, la cual la culminación de la Caravana Celeste por la Vida.
En un manifiesto leído por los organizadores del evento, objetaron todas las causales y solicitaron a los legisladores respetar el artículo 37 de la Constitución Dominicana, que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
“Nada ni nadie puede legalizar la muerte de un ser humano, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano o enfermo, incurable o agonizante”, dijeron.
En el caso de que un embarazo sea producto de violación o incesto, dijeron que las autoridades “deberían no castigar al inocente, sino al violador por el crimen, pues es el verdadero culpable”. Además, alegaron que estos embarazos son extremadamente raros y que un aborto en estos casos aumenta el trauma sobre la madre.
La causal que permitiría el aborto en caso de malformaciones genéticas incompatibles con la vida fue rechazada por los manifestantes porque supuestamente pretende establecer el postulado de que solo la vida de los sanos tiene valor y porque las pruebas prenatales no son 100% certeras.
Denunciaron también que el aborto daña física y psicológicamente a la mujer que pasa por este proceso.
Legisladores en contra de las tres causales
El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, aseguró que en el Congreso no existe debate sobre las tres causales, ya que la causa solo es promovida por una minoría, pero que más del 90% de los legisladores se oponen. Su compañero de partido, el senador Ramón Rogelio Genao, afirmó que ya 19 senadores y 101 diputados han firmado el manifiesto Legisladores por la Vida en contra de la aprobación del aborto.
Sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, entiende que la posición que defiende la inclusión de las causales en el Código Penal tiene una representación importante en el Congreso.
“La discusión de las causas eximentes de responsabilidad penal en tres estadios tiene una expresión importante del Congreso que refleja un sentimiento de una parte de la sociedad que nosotros respetamos y toleramos. Sin embargo, la representación mayoritaria es a favor de la vida en todas sus manifestaciones”, dijo.
Díaz es el artífice de la iniciativa que buscaría someter las causales a un referendo con vinculación constitucional y afirma que se sometería a lo que diga la mayoría en ese caso. El proyecto de ley de referendo, fue enviado el pasado 17 de marzo por el Senado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
No obstante, Botello afirma que ni un referendo ni una ley especial lograrían la aprobación de las causales. Mientras que Genao entiende que estas vías carecen de sustento legal.
“Ese es un tema constitucional. Los que quieran legalizar el aborto tienen dos caminos: promover una reforma o elevar un recurso al Tribunal Constitucional”, dijo Genao.
Genao agregó que una de las excepciones ya está contemplada en la Constitución Dominicana, pues el artículo 42 en su numeral 3 dice que nadie puede ser obligado someterse a procedimientos médicos, salvo cuando entra en juego su vida.
De proceder la penalización del aborto, las mujeres que se sometan al procedimiento podrían enfrentar penas de uno o dos años de prisión y quienes la asistan podrían enfrentar penas de entre dos y tres años.
Los manifestantes avanzaron por el centro de la ciudad capital.
Botello manifestó su apoyo a la medida, considerando que quien aborta “es un criminal tan criminal como quien apuñala a una persona”. Por su parte, Genao negó que haya mujeres o doctores presos por verse involucrados en abortos y, aunque admitió que están las condiciones para que suceda, insistió en que no hay formas de que mueran mujeres por falta de un aborto.
“Existe la posibilidad, pero no existe la posibilidad de que se mueran por un embarazo”, afirmó.
Opiniones encontradas
El presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista concedida al periódico español El País, expresó su apoyo por la despenalización de las tres causales y dijo que esta es la posición oficial de su partido, el PRM. No obstante, ha dicho que no impondrá su postura al Congreso.
Aníbal Díaz, diputado por el partido del presidente, dice que respeta su opinión a pesar de no compartirla y entiende que esta diferencia es un síntoma de una democracia funcional. Además, agregó que esto no implica un cambio de ánimo en el PRM con respecto a las tres causales.
“Es un sofisma. La gente votó por un cambio en la corrupción y del modelo del PLD de 16 años de no escuchar a la gente. Hoy tenemos lo que queríamos: un presidente que piensa a favor de las causales y un Congreso que piensa diferente, y esa es la democracia”, explicó.
Por su parte, el diputado Pedro Botello aseguró que la promoción de las causales es equivalente a la promoción de la muerte, lo que no excluye al presidente, a quien instó a reflexionar y reconsiderar su posición.
“Si el presidente promueve las causales, promueve la muerte y será responsable de sus hechos personales. Yo, Pedro Botello, le aconsejaría que reflexione y desista de sus pretensiones abortistas”, dijo Botello.
Mientras tanto, el senador Rogelio Ramón Genao aseguro que el Código Penal sería aprobado sin causales y confía en que el presidente guardará su promesa de no imponerse y lo aprobará así.
A la manifestación también asistieron otras organizaciones como 40 Días por la Vida, un movimiento internacional en contra del aborto que tiene presencia en 63 países, que desde el 17 de febrero realiza un plantón frente al Congreso Nacional, con la meta de llegar a 40 días el domingo 28 de marzo.
“Las tres causales es la vida y la vida no la hicimos ninguno de nosotros y no tenemos derechos a quitarle la vida a nadie”, dijo Sandra Vidal, parte del movimiento.
Cristian Martínez dirigente del ministerio pentecostal Red de Familia Saludable y la organización Teología, Familia y Cultura, considera las tres causales como “excusas para seguir matando y perpetrar el crimen del aborto” y como la puerta de entrada al aborto libre.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.