Nacionales
Rechazan tres causales frente al Congreso Nacional.
La no penalización del aborto fue exigido mediante una concentración frente al Congreso Nacional por ciudadanos, legisladores y diferentes organizaciones religiosas y civiles, la cual la culminación de la Caravana Celeste por la Vida.
En un manifiesto leído por los organizadores del evento, objetaron todas las causales y solicitaron a los legisladores respetar el artículo 37 de la Constitución Dominicana, que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
“Nada ni nadie puede legalizar la muerte de un ser humano, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano o enfermo, incurable o agonizante”, dijeron.
En el caso de que un embarazo sea producto de violación o incesto, dijeron que las autoridades “deberían no castigar al inocente, sino al violador por el crimen, pues es el verdadero culpable”. Además, alegaron que estos embarazos son extremadamente raros y que un aborto en estos casos aumenta el trauma sobre la madre.
La causal que permitiría el aborto en caso de malformaciones genéticas incompatibles con la vida fue rechazada por los manifestantes porque supuestamente pretende establecer el postulado de que solo la vida de los sanos tiene valor y porque las pruebas prenatales no son 100% certeras.
Denunciaron también que el aborto daña física y psicológicamente a la mujer que pasa por este proceso.
Legisladores en contra de las tres causales
El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, aseguró que en el Congreso no existe debate sobre las tres causales, ya que la causa solo es promovida por una minoría, pero que más del 90% de los legisladores se oponen. Su compañero de partido, el senador Ramón Rogelio Genao, afirmó que ya 19 senadores y 101 diputados han firmado el manifiesto Legisladores por la Vida en contra de la aprobación del aborto.
Sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, entiende que la posición que defiende la inclusión de las causales en el Código Penal tiene una representación importante en el Congreso.
“La discusión de las causas eximentes de responsabilidad penal en tres estadios tiene una expresión importante del Congreso que refleja un sentimiento de una parte de la sociedad que nosotros respetamos y toleramos. Sin embargo, la representación mayoritaria es a favor de la vida en todas sus manifestaciones”, dijo.
Díaz es el artífice de la iniciativa que buscaría someter las causales a un referendo con vinculación constitucional y afirma que se sometería a lo que diga la mayoría en ese caso. El proyecto de ley de referendo, fue enviado el pasado 17 de marzo por el Senado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
No obstante, Botello afirma que ni un referendo ni una ley especial lograrían la aprobación de las causales. Mientras que Genao entiende que estas vías carecen de sustento legal.
“Ese es un tema constitucional. Los que quieran legalizar el aborto tienen dos caminos: promover una reforma o elevar un recurso al Tribunal Constitucional”, dijo Genao.
Genao agregó que una de las excepciones ya está contemplada en la Constitución Dominicana, pues el artículo 42 en su numeral 3 dice que nadie puede ser obligado someterse a procedimientos médicos, salvo cuando entra en juego su vida.
De proceder la penalización del aborto, las mujeres que se sometan al procedimiento podrían enfrentar penas de uno o dos años de prisión y quienes la asistan podrían enfrentar penas de entre dos y tres años.
Los manifestantes avanzaron por el centro de la ciudad capital.
Botello manifestó su apoyo a la medida, considerando que quien aborta “es un criminal tan criminal como quien apuñala a una persona”. Por su parte, Genao negó que haya mujeres o doctores presos por verse involucrados en abortos y, aunque admitió que están las condiciones para que suceda, insistió en que no hay formas de que mueran mujeres por falta de un aborto.
“Existe la posibilidad, pero no existe la posibilidad de que se mueran por un embarazo”, afirmó.
Opiniones encontradas
El presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista concedida al periódico español El País, expresó su apoyo por la despenalización de las tres causales y dijo que esta es la posición oficial de su partido, el PRM. No obstante, ha dicho que no impondrá su postura al Congreso.
Aníbal Díaz, diputado por el partido del presidente, dice que respeta su opinión a pesar de no compartirla y entiende que esta diferencia es un síntoma de una democracia funcional. Además, agregó que esto no implica un cambio de ánimo en el PRM con respecto a las tres causales.
“Es un sofisma. La gente votó por un cambio en la corrupción y del modelo del PLD de 16 años de no escuchar a la gente. Hoy tenemos lo que queríamos: un presidente que piensa a favor de las causales y un Congreso que piensa diferente, y esa es la democracia”, explicó.
Por su parte, el diputado Pedro Botello aseguró que la promoción de las causales es equivalente a la promoción de la muerte, lo que no excluye al presidente, a quien instó a reflexionar y reconsiderar su posición.
“Si el presidente promueve las causales, promueve la muerte y será responsable de sus hechos personales. Yo, Pedro Botello, le aconsejaría que reflexione y desista de sus pretensiones abortistas”, dijo Botello.
Mientras tanto, el senador Rogelio Ramón Genao aseguro que el Código Penal sería aprobado sin causales y confía en que el presidente guardará su promesa de no imponerse y lo aprobará así.
A la manifestación también asistieron otras organizaciones como 40 Días por la Vida, un movimiento internacional en contra del aborto que tiene presencia en 63 países, que desde el 17 de febrero realiza un plantón frente al Congreso Nacional, con la meta de llegar a 40 días el domingo 28 de marzo.
“Las tres causales es la vida y la vida no la hicimos ninguno de nosotros y no tenemos derechos a quitarle la vida a nadie”, dijo Sandra Vidal, parte del movimiento.
Cristian Martínez dirigente del ministerio pentecostal Red de Familia Saludable y la organización Teología, Familia y Cultura, considera las tres causales como “excusas para seguir matando y perpetrar el crimen del aborto” y como la puerta de entrada al aborto libre.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.