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Rechazan tres causales frente al Congreso Nacional.
La no penalización del aborto fue exigido mediante una concentración frente al Congreso Nacional por ciudadanos, legisladores y diferentes organizaciones religiosas y civiles, la cual la culminación de la Caravana Celeste por la Vida.
En un manifiesto leído por los organizadores del evento, objetaron todas las causales y solicitaron a los legisladores respetar el artículo 37 de la Constitución Dominicana, que establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
“Nada ni nadie puede legalizar la muerte de un ser humano, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano o enfermo, incurable o agonizante”, dijeron.
En el caso de que un embarazo sea producto de violación o incesto, dijeron que las autoridades “deberían no castigar al inocente, sino al violador por el crimen, pues es el verdadero culpable”. Además, alegaron que estos embarazos son extremadamente raros y que un aborto en estos casos aumenta el trauma sobre la madre.
La causal que permitiría el aborto en caso de malformaciones genéticas incompatibles con la vida fue rechazada por los manifestantes porque supuestamente pretende establecer el postulado de que solo la vida de los sanos tiene valor y porque las pruebas prenatales no son 100% certeras.
Denunciaron también que el aborto daña física y psicológicamente a la mujer que pasa por este proceso.
Legisladores en contra de las tres causales
El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Pedro Botello, aseguró que en el Congreso no existe debate sobre las tres causales, ya que la causa solo es promovida por una minoría, pero que más del 90% de los legisladores se oponen. Su compañero de partido, el senador Ramón Rogelio Genao, afirmó que ya 19 senadores y 101 diputados han firmado el manifiesto Legisladores por la Vida en contra de la aprobación del aborto.
Sin embargo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, entiende que la posición que defiende la inclusión de las causales en el Código Penal tiene una representación importante en el Congreso.
“La discusión de las causas eximentes de responsabilidad penal en tres estadios tiene una expresión importante del Congreso que refleja un sentimiento de una parte de la sociedad que nosotros respetamos y toleramos. Sin embargo, la representación mayoritaria es a favor de la vida en todas sus manifestaciones”, dijo.
Díaz es el artífice de la iniciativa que buscaría someter las causales a un referendo con vinculación constitucional y afirma que se sometería a lo que diga la mayoría en ese caso. El proyecto de ley de referendo, fue enviado el pasado 17 de marzo por el Senado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
No obstante, Botello afirma que ni un referendo ni una ley especial lograrían la aprobación de las causales. Mientras que Genao entiende que estas vías carecen de sustento legal.
“Ese es un tema constitucional. Los que quieran legalizar el aborto tienen dos caminos: promover una reforma o elevar un recurso al Tribunal Constitucional”, dijo Genao.
Genao agregó que una de las excepciones ya está contemplada en la Constitución Dominicana, pues el artículo 42 en su numeral 3 dice que nadie puede ser obligado someterse a procedimientos médicos, salvo cuando entra en juego su vida.
De proceder la penalización del aborto, las mujeres que se sometan al procedimiento podrían enfrentar penas de uno o dos años de prisión y quienes la asistan podrían enfrentar penas de entre dos y tres años.
Los manifestantes avanzaron por el centro de la ciudad capital.
Botello manifestó su apoyo a la medida, considerando que quien aborta “es un criminal tan criminal como quien apuñala a una persona”. Por su parte, Genao negó que haya mujeres o doctores presos por verse involucrados en abortos y, aunque admitió que están las condiciones para que suceda, insistió en que no hay formas de que mueran mujeres por falta de un aborto.
“Existe la posibilidad, pero no existe la posibilidad de que se mueran por un embarazo”, afirmó.
Opiniones encontradas
El presidente de la República, Luis Abinader, en una entrevista concedida al periódico español El País, expresó su apoyo por la despenalización de las tres causales y dijo que esta es la posición oficial de su partido, el PRM. No obstante, ha dicho que no impondrá su postura al Congreso.
Aníbal Díaz, diputado por el partido del presidente, dice que respeta su opinión a pesar de no compartirla y entiende que esta diferencia es un síntoma de una democracia funcional. Además, agregó que esto no implica un cambio de ánimo en el PRM con respecto a las tres causales.
“Es un sofisma. La gente votó por un cambio en la corrupción y del modelo del PLD de 16 años de no escuchar a la gente. Hoy tenemos lo que queríamos: un presidente que piensa a favor de las causales y un Congreso que piensa diferente, y esa es la democracia”, explicó.
Por su parte, el diputado Pedro Botello aseguró que la promoción de las causales es equivalente a la promoción de la muerte, lo que no excluye al presidente, a quien instó a reflexionar y reconsiderar su posición.
“Si el presidente promueve las causales, promueve la muerte y será responsable de sus hechos personales. Yo, Pedro Botello, le aconsejaría que reflexione y desista de sus pretensiones abortistas”, dijo Botello.
Mientras tanto, el senador Rogelio Ramón Genao aseguro que el Código Penal sería aprobado sin causales y confía en que el presidente guardará su promesa de no imponerse y lo aprobará así.
A la manifestación también asistieron otras organizaciones como 40 Días por la Vida, un movimiento internacional en contra del aborto que tiene presencia en 63 países, que desde el 17 de febrero realiza un plantón frente al Congreso Nacional, con la meta de llegar a 40 días el domingo 28 de marzo.
“Las tres causales es la vida y la vida no la hicimos ninguno de nosotros y no tenemos derechos a quitarle la vida a nadie”, dijo Sandra Vidal, parte del movimiento.
Cristian Martínez dirigente del ministerio pentecostal Red de Familia Saludable y la organización Teología, Familia y Cultura, considera las tres causales como “excusas para seguir matando y perpetrar el crimen del aborto” y como la puerta de entrada al aborto libre.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.