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Cargos penales y disciplinarios enfrenta juez por desacatar sentencia de Tribunal Constitucional.
Por violar la Constitución de la República, el juez interino de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, enfrentaría cargos penales y disciplinarios en virtud de desacatar una decisión del Tribunal Constitucional e incurrir en prevaricación.
El magistrado Misael Isaac Sánchez del Villar, tendrá que verse de frente ante el tribunal disciplinario del Consejo del Poder Judicial enfrentando cargos de prevaricación, denegación de justicia y desacato al sobreseer y por abrir un proceso que ya está cerrado con la sentencia TC0208-20 del Tribunal Constitucional.
Esa sentencia le dio ganancia de causa al doctor Ramón Emilio Concepción, frente a la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), la que tendrá que pagar más de 400 millones de pesos.
De acuerdo a expertos en la materia el juez interino violó la constitución de la República y la Ley que creó el Tribunal Constitucional al emitir una decisión desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional que ya había adquirido, la cosa irrevocablemente juzgada.
El juez “desacató” la sentencia No. 0208/09 dictada por el Tribunal Constitucional el 14 de agosto del 2020.
El juez interino llegó tan lejos en su desafío, que abrió un proceso que había cerrado por el Tribunal Constitucional.
El doctor Concepción dando cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Constitucional solicitó la liquidación del astriente, como paso protocolar, en esta materia del cual el Juez no se puede apartar cuando lo manda una sentencia definitiva.
El juez interino con su ilógica e ilegal decisión, pretende que un Juez de Primera Instancia interprete una sentencia del más alto tribunal de la República Dominicana.
“Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”, precisa el artículo 184 de la Constitución de la República.
“Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, precisa la Ley 137-11, que creó el Tribunal Constitucional, en su artículo 71.
“El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condiciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial”, indica la ley, en su artículo 71.
“La decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”.
El magistrado actuó en componenda con la Dirección General de Impuesto Internos (DGIII).
La consideración es del doctor Ramón Emilio Concepción dijo tras considerar que ningún tribunal de primer grado está por encima del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de la República.
La DGII y el Juez Interino, “desconocieron y violaron la Constitución de la República en su artículo 184, que establece que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y tienen un carácter vinculante a todos los órganos públicos y todos los organismos públicos”.
El juez Interino suspendió la ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional, donde Concepción, presentó una demanda en liquidación de astriente bajo el argumento que hay que esperar que un Juez de Primera Instancia interprete una decisión del más alto tribunal del país que fue apoderado por la DGII, algo insólito en el sistema de justicia.
Sostiene que esa decisión del Juez Interino también viola los artículos 31 y 71 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos Constitucionales, que entre otra cosa establece que el conocimiento de la acción de amparar no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial.
“El puede ser sometido disciplinariamente y también penalmente, en este caso por Desacato, sancionado por el Código Penal., además, por Rebeldía y Desafío frente a la sentencia del Tribunal Constitucional”.
El juez interino, abrió un proceso que ya el Tribunal Constitucional, como órgano extra poder más importante del país y como Tribunal de cierre de los diferendos jurídicos había cerrado con su sentencia TC0208-09.
Santiago, RD.- Fue condenado a quince años de cárcel por los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial esta ciudad al agente policial, adscrito a Acción Rápida, Alejandro Castro Cruz, por la muerte del niño Donelly Joel Martínez Tejada.
El menor, de 11 años de edad, falleció por el impacto de bala disparado con el arma de Castro Cruz, hecho ocurrido la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras, mientras se desarrollaba las festividades del carnaval de Santiago.
El Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio voluntario, pero los jueces lo calificaron de involuntario.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado juez, Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos.Indignación por condena
Los familiares de Donelly mostraron su indignación ya que esperaban la pena máxima.
El agente mató al menor tras impactarlo de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando, en un uso desmedido de la fuerza, accionó su arma de fuego.
Los cargos penales contra el imputado, el agente Alejandro Castro Cruz, son violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por homicidio voluntario contra Donelly Joel Martínez, así como también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares, por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
Del amplio legajo de pruebas que ha recolectado, la Fiscalía presentó las documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles los acontecimientos que tuvieron lugar.
Además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, el órgano de justicia presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte, Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteó que se trató de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar, donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusó de la autoridad que le confiere la ley, violando todos los protocolos de uso de la fuerza.
Santiago.-Fueron capturados seis hombres presuntamente responsables del asalto a un mensajero, quien fue despojado de dos millones 861 mil 600 pesos en las afueras de una entidad bancaria de la ciudad de Santiago, cuyo captura fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con miembros del Ministerio Público.
Los detenidos son Johan Javier Santana Pichardo, de 30 años; Wellington Saúl de la Rosa, de 24; Darío Alexander Arias Jiménez, de 41; Josías Miguel Tavárez Arias, de 31; Miguel Ángel Fadul Abreu, de 35; y Jan Carlos Tavárez Tavárez, alias “El Cojo”, de 37.
Estas detenciones fueron el resultado de una intensa labor de inteligencia por parte de los investigadores policiales.
Según la denuncia, el mensajero fue interceptado el 16 de septiembre por individuos armados que lo encañonaron y lo despojaron de dos bolsas negras con la suma mencionada, mientras se encontraba a las afueras de un banco. Los delincuentes huyeron en un vehículo KIA, modelo K5 blanco, realizando disparos contra la seguridad del lugar.
Los investigadores lograron identificar a Johan Santana como el cabecilla de la banda conocida como “Los Rayos McQueen Gris”. Se descubrió que Wellington Saúl fue quien, tras el asalto, cambió la placa falsa del vehículo. Por su parte, Arias Jiménez, quien era supervisor de seguridad del banco, fue señalado como quien ubicó al mensajero. Josías Tavárez rentó y condujo el vehículo, mientras que Miguel Fadul fue identificado como quien encañonó al mensajero. “El Cojo” fue uno de los que se bajó del auto para intimidar a la víctima, y se le ocupó RD$300,000.Recuperaciones
En la residencia de Wellington Saúl, ubicada en Bella Vista, Santiago, se recuperaron RD$350,000, mientras que, en la casa de Johan Santana, en el sector Los Platanitos, El Ejido, se ocuparon RD$440,000.
Ambas recuperaciones se realizaron mediante órdenes de allanamiento ejecutadas por los agentes y el Ministerio Público.
Entrega voluntaria y ocupaciones
Estarlin Rodríguez se entregó esta mañana para ser investigado en relación con el asalto al mensajero.
Asimismo, durante las operaciones, se incautaron una escopeta, dos pistolas sin documentos, tres cargadores, uno con capacidad para 30 balas, tres pasamontañas, un carro Sonata gris utilizado en el asalto, varios abrigos y otros objetos.
Historial delictivo
El informe policial indica que esta banda está vinculada a múltiples robos y asaltos a mano armada en diferentes sectores de Santiago, como el atraco al Minimarket del sector Gurabo, el pasado 27 de agosto, que se viralizó en redes sociales.
También se les atribuyen varios asaltos en establecimientos comerciales y a transeúntes en sectores como Mary López, Villa Verde, Villa Olga, Las Antillas, y en municipios como Puñal y Moca, además de la provincia de La Vega.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones, mientras los detenidos y las evidencias serán remitidos a la justicia para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-Los empleados de las instituciones oficiales fueron llamados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a continuar con normalidad en el desarrollo de sus labores habituales, y mantener la calidad y el buen desempeño en los servicios que brindan a la ciudadanía.
A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP resalta que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas, ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos, recursos humanos y otros.
«Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto», reseña el documento enviado a los medios de comunicación.
«Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas», expresó el documento.
Ahorro
El gobierno dominicano presentó el pasado lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25 mil millones de pesos.
Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración más eficiente, coherente y alineada con las prioridades del gobierno.