Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Nacionales
Bono de 700 mil pesos para “Navidad y Día de Reyes” reciben los senadores.
Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Bajo el concepto de “Aporte especial ‘Navidad’ y ‘Día de Reyes’, 29 senadores recibieron la suma de 700 mil pesos, por lo que en total el Estado dominicano desembolsó RD$20 millones 300 mil pesos para que los legisladores lo usen a discreción, según documentos que obtuvo Listín Diario.
Solo tres senadores no recibieron el dinero, que son los mismos que tampoco reciben el barrilito: Eduardo Estrella, representante de Santiago y presidente del Senado; Faride Raful, del Distrito Nacional y Antonio Taveras, Santo Domingo
Raful y Taveras pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y Estrella a Dominicanos por el Cambio, un aliado del gobernante PRM.
Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso de ese dinero, estos tienen libertad de decidir qué hacer con el mismo.
Pero sumado a este aporte, los senadores también recibieron como de costumbre su asignación del fondo de ayuda social, conocido como “barrilito” en el mes de diciembre, que tiene la supuesta finalidad de ofrecer “ayudas sociales” también a los habitantes de sus provincias.
Barrilito
En lo que respecta al barrilito, fueron desembolsados en diciembre entre todos los senadores, a excepción de tres que desistieron de recibirlo, la suma de RD$21,071,000.
Por poner un ejemplo, el senador de Independencia es el que usualmente menos cantidad de dinero recibe en concepto del barrilito, con RD$609,000. Si a esto le sumamos el aporte de Navidad que dio el Senado, entonces tuvo a su disposición en diciembre la cantidad de RD$1,309,000 para distribuir en “ayudas sociales”.
En cambio, el senador de San Cristóbal es el que más dinero obtiene por parte del barrilito, con RD$1,059,000, que sumado al aporte especial por el día de reyes y Navidad lo eleva a un millón 759 mil, dinero que tuvo disponible para repartir en diciembre.
En lo que respecta al barrilito, un documento obtenido por este medio, refleja que el barrilito, que son fondos para que los senadores usen a discreción para otorgar “ayudas” a sus pobladores, se estableció bajo un “criterio poblacional”.
Este criterio establece lo siguiente: “Un mínimo de 400 mil pesos; tomar en cuenta los “niveles de pobreza”; el número de habitantes, RD1.00 por cada uno y un máximo establecido en RD$900mil”.
Tarjetas bono
Y por si no fuera suficiente, todos los senadores recibieron una cantidad no especificada de tarjetas de Bono Navideño, de montos entre RD$1,000 y RD$1,500.
El pasado mes de diciembre, el Gabinete de Ayudas Sociales determinó que en vez de entregar las tradicionales “cajas navideñas” a familias de escasos recursos, se dieran tarjetas del Banco de Reservas con un “bono navideño”.
El Gabinete informó a Listín Diario que solo al Senado de la República se le entregaron 28,800 tarjetas, aunque no especificó los montos de las mismas.
A sus vecinos de la Cámara de Diputados les entregaron 85,600, de acuerdo a documentos obtenidos por este diario.
En su momento varios legisladores confirmaron que recibieron cientos de tarjetas de bonos para ser entregadas entre los pobladores de sus provincias. No obstante, hasta el momento no se ha revelado cómo fue la repartición de estas, del bono, ni del barrilito.
El trio de la excepción
Los legisladores Faride Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella son los únicos tres senadores que han rechazado recibir las cuantiosas sumas mensuales por concepto del denominado fondo de ayuda social.
Otros, en cambio, han defendido su recepción y uso alegando que en sus demarcaciones hay necesidades a las que no pueden ignorar.
Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, ha sido uno de los legisladores que ha llevado la voz cantante para recibir “las ayudas” del Senado, incluso diciendo que quienes no están a favor pueden darle el dinero a él para hacer las reparticiones en su comunidad.
Un caso curioso es el de Ginnette Bournigal, que representa Puerto Plata, y quien en el año 2016 había criticado la práctica de entrega de fondos a legisladores. Al asumir el puesto la legisladora se desdijo y recibió el dinero, alegando que publicaciones en su misma cuenta de Twitter no eran reales.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.