Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Nacionales
Bono de 700 mil pesos para “Navidad y Día de Reyes” reciben los senadores.
Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Bajo el concepto de “Aporte especial ‘Navidad’ y ‘Día de Reyes’, 29 senadores recibieron la suma de 700 mil pesos, por lo que en total el Estado dominicano desembolsó RD$20 millones 300 mil pesos para que los legisladores lo usen a discreción, según documentos que obtuvo Listín Diario.
Solo tres senadores no recibieron el dinero, que son los mismos que tampoco reciben el barrilito: Eduardo Estrella, representante de Santiago y presidente del Senado; Faride Raful, del Distrito Nacional y Antonio Taveras, Santo Domingo
Raful y Taveras pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y Estrella a Dominicanos por el Cambio, un aliado del gobernante PRM.
Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso de ese dinero, estos tienen libertad de decidir qué hacer con el mismo.
Pero sumado a este aporte, los senadores también recibieron como de costumbre su asignación del fondo de ayuda social, conocido como “barrilito” en el mes de diciembre, que tiene la supuesta finalidad de ofrecer “ayudas sociales” también a los habitantes de sus provincias.
Barrilito
En lo que respecta al barrilito, fueron desembolsados en diciembre entre todos los senadores, a excepción de tres que desistieron de recibirlo, la suma de RD$21,071,000.
Por poner un ejemplo, el senador de Independencia es el que usualmente menos cantidad de dinero recibe en concepto del barrilito, con RD$609,000. Si a esto le sumamos el aporte de Navidad que dio el Senado, entonces tuvo a su disposición en diciembre la cantidad de RD$1,309,000 para distribuir en “ayudas sociales”.
En cambio, el senador de San Cristóbal es el que más dinero obtiene por parte del barrilito, con RD$1,059,000, que sumado al aporte especial por el día de reyes y Navidad lo eleva a un millón 759 mil, dinero que tuvo disponible para repartir en diciembre.
En lo que respecta al barrilito, un documento obtenido por este medio, refleja que el barrilito, que son fondos para que los senadores usen a discreción para otorgar “ayudas” a sus pobladores, se estableció bajo un “criterio poblacional”.
Este criterio establece lo siguiente: “Un mínimo de 400 mil pesos; tomar en cuenta los “niveles de pobreza”; el número de habitantes, RD1.00 por cada uno y un máximo establecido en RD$900mil”.
Tarjetas bono
Y por si no fuera suficiente, todos los senadores recibieron una cantidad no especificada de tarjetas de Bono Navideño, de montos entre RD$1,000 y RD$1,500.
El pasado mes de diciembre, el Gabinete de Ayudas Sociales determinó que en vez de entregar las tradicionales “cajas navideñas” a familias de escasos recursos, se dieran tarjetas del Banco de Reservas con un “bono navideño”.
El Gabinete informó a Listín Diario que solo al Senado de la República se le entregaron 28,800 tarjetas, aunque no especificó los montos de las mismas.
A sus vecinos de la Cámara de Diputados les entregaron 85,600, de acuerdo a documentos obtenidos por este diario.
En su momento varios legisladores confirmaron que recibieron cientos de tarjetas de bonos para ser entregadas entre los pobladores de sus provincias. No obstante, hasta el momento no se ha revelado cómo fue la repartición de estas, del bono, ni del barrilito.
El trio de la excepción
Los legisladores Faride Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella son los únicos tres senadores que han rechazado recibir las cuantiosas sumas mensuales por concepto del denominado fondo de ayuda social.
Otros, en cambio, han defendido su recepción y uso alegando que en sus demarcaciones hay necesidades a las que no pueden ignorar.
Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, ha sido uno de los legisladores que ha llevado la voz cantante para recibir “las ayudas” del Senado, incluso diciendo que quienes no están a favor pueden darle el dinero a él para hacer las reparticiones en su comunidad.
Un caso curioso es el de Ginnette Bournigal, que representa Puerto Plata, y quien en el año 2016 había criticado la práctica de entrega de fondos a legisladores. Al asumir el puesto la legisladora se desdijo y recibió el dinero, alegando que publicaciones en su misma cuenta de Twitter no eran reales.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Asimismo, enfatizó la implementación total de la firma digital y la gestión de expedientes electrónicos con trazabilidad completa, lo que, afirmó, garantiza mayor transparencia y control de los procesos judiciales.
«Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta»Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
«La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente»Presidente de la SCJ
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
El primero de ellos fue digitalizar la justicia, segundo, agilizarla para disminuir el tiempo en dar respuesta; y tercero, hacerla transparente para que la confianza no sea un acto de fe, sino una consecuencia.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.