Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Nacionales
Bono de 700 mil pesos para “Navidad y Día de Reyes” reciben los senadores.
Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Bajo el concepto de “Aporte especial ‘Navidad’ y ‘Día de Reyes’, 29 senadores recibieron la suma de 700 mil pesos, por lo que en total el Estado dominicano desembolsó RD$20 millones 300 mil pesos para que los legisladores lo usen a discreción, según documentos que obtuvo Listín Diario.
Solo tres senadores no recibieron el dinero, que son los mismos que tampoco reciben el barrilito: Eduardo Estrella, representante de Santiago y presidente del Senado; Faride Raful, del Distrito Nacional y Antonio Taveras, Santo Domingo
Raful y Taveras pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y Estrella a Dominicanos por el Cambio, un aliado del gobernante PRM.
Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso de ese dinero, estos tienen libertad de decidir qué hacer con el mismo.
Pero sumado a este aporte, los senadores también recibieron como de costumbre su asignación del fondo de ayuda social, conocido como “barrilito” en el mes de diciembre, que tiene la supuesta finalidad de ofrecer “ayudas sociales” también a los habitantes de sus provincias.
Barrilito
En lo que respecta al barrilito, fueron desembolsados en diciembre entre todos los senadores, a excepción de tres que desistieron de recibirlo, la suma de RD$21,071,000.
Por poner un ejemplo, el senador de Independencia es el que usualmente menos cantidad de dinero recibe en concepto del barrilito, con RD$609,000. Si a esto le sumamos el aporte de Navidad que dio el Senado, entonces tuvo a su disposición en diciembre la cantidad de RD$1,309,000 para distribuir en “ayudas sociales”.
En cambio, el senador de San Cristóbal es el que más dinero obtiene por parte del barrilito, con RD$1,059,000, que sumado al aporte especial por el día de reyes y Navidad lo eleva a un millón 759 mil, dinero que tuvo disponible para repartir en diciembre.
En lo que respecta al barrilito, un documento obtenido por este medio, refleja que el barrilito, que son fondos para que los senadores usen a discreción para otorgar “ayudas” a sus pobladores, se estableció bajo un “criterio poblacional”.
Este criterio establece lo siguiente: “Un mínimo de 400 mil pesos; tomar en cuenta los “niveles de pobreza”; el número de habitantes, RD1.00 por cada uno y un máximo establecido en RD$900mil”.
Tarjetas bono
Y por si no fuera suficiente, todos los senadores recibieron una cantidad no especificada de tarjetas de Bono Navideño, de montos entre RD$1,000 y RD$1,500.
El pasado mes de diciembre, el Gabinete de Ayudas Sociales determinó que en vez de entregar las tradicionales “cajas navideñas” a familias de escasos recursos, se dieran tarjetas del Banco de Reservas con un “bono navideño”.
El Gabinete informó a Listín Diario que solo al Senado de la República se le entregaron 28,800 tarjetas, aunque no especificó los montos de las mismas.
A sus vecinos de la Cámara de Diputados les entregaron 85,600, de acuerdo a documentos obtenidos por este diario.
En su momento varios legisladores confirmaron que recibieron cientos de tarjetas de bonos para ser entregadas entre los pobladores de sus provincias. No obstante, hasta el momento no se ha revelado cómo fue la repartición de estas, del bono, ni del barrilito.
El trio de la excepción
Los legisladores Faride Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella son los únicos tres senadores que han rechazado recibir las cuantiosas sumas mensuales por concepto del denominado fondo de ayuda social.
Otros, en cambio, han defendido su recepción y uso alegando que en sus demarcaciones hay necesidades a las que no pueden ignorar.
Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, ha sido uno de los legisladores que ha llevado la voz cantante para recibir “las ayudas” del Senado, incluso diciendo que quienes no están a favor pueden darle el dinero a él para hacer las reparticiones en su comunidad.
Un caso curioso es el de Ginnette Bournigal, que representa Puerto Plata, y quien en el año 2016 había criticado la práctica de entrega de fondos a legisladores. Al asumir el puesto la legisladora se desdijo y recibió el dinero, alegando que publicaciones en su misma cuenta de Twitter no eran reales.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.