Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Nacionales
Bono de 700 mil pesos para “Navidad y Día de Reyes” reciben los senadores.
Santo Domingo, RD.-Un bono de setecientos mil pesos recibieron los senadores durante el mes de diciembre para la “Navidad y el Día de Reyes”.Bajo el concepto de “Aporte especial ‘Navidad’ y ‘Día de Reyes’, 29 senadores recibieron la suma de 700 mil pesos, por lo que en total el Estado dominicano desembolsó RD$20 millones 300 mil pesos para que los legisladores lo usen a discreción, según documentos que obtuvo Listín Diario.
Solo tres senadores no recibieron el dinero, que son los mismos que tampoco reciben el barrilito: Eduardo Estrella, representante de Santiago y presidente del Senado; Faride Raful, del Distrito Nacional y Antonio Taveras, Santo Domingo
Raful y Taveras pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y Estrella a Dominicanos por el Cambio, un aliado del gobernante PRM.
Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso de ese dinero, estos tienen libertad de decidir qué hacer con el mismo.
Pero sumado a este aporte, los senadores también recibieron como de costumbre su asignación del fondo de ayuda social, conocido como “barrilito” en el mes de diciembre, que tiene la supuesta finalidad de ofrecer “ayudas sociales” también a los habitantes de sus provincias.
Barrilito
En lo que respecta al barrilito, fueron desembolsados en diciembre entre todos los senadores, a excepción de tres que desistieron de recibirlo, la suma de RD$21,071,000.
Por poner un ejemplo, el senador de Independencia es el que usualmente menos cantidad de dinero recibe en concepto del barrilito, con RD$609,000. Si a esto le sumamos el aporte de Navidad que dio el Senado, entonces tuvo a su disposición en diciembre la cantidad de RD$1,309,000 para distribuir en “ayudas sociales”.
En cambio, el senador de San Cristóbal es el que más dinero obtiene por parte del barrilito, con RD$1,059,000, que sumado al aporte especial por el día de reyes y Navidad lo eleva a un millón 759 mil, dinero que tuvo disponible para repartir en diciembre.
En lo que respecta al barrilito, un documento obtenido por este medio, refleja que el barrilito, que son fondos para que los senadores usen a discreción para otorgar “ayudas” a sus pobladores, se estableció bajo un “criterio poblacional”.
Este criterio establece lo siguiente: “Un mínimo de 400 mil pesos; tomar en cuenta los “niveles de pobreza”; el número de habitantes, RD1.00 por cada uno y un máximo establecido en RD$900mil”.
Tarjetas bono
Y por si no fuera suficiente, todos los senadores recibieron una cantidad no especificada de tarjetas de Bono Navideño, de montos entre RD$1,000 y RD$1,500.
El pasado mes de diciembre, el Gabinete de Ayudas Sociales determinó que en vez de entregar las tradicionales “cajas navideñas” a familias de escasos recursos, se dieran tarjetas del Banco de Reservas con un “bono navideño”.
El Gabinete informó a Listín Diario que solo al Senado de la República se le entregaron 28,800 tarjetas, aunque no especificó los montos de las mismas.
A sus vecinos de la Cámara de Diputados les entregaron 85,600, de acuerdo a documentos obtenidos por este diario.
En su momento varios legisladores confirmaron que recibieron cientos de tarjetas de bonos para ser entregadas entre los pobladores de sus provincias. No obstante, hasta el momento no se ha revelado cómo fue la repartición de estas, del bono, ni del barrilito.
El trio de la excepción
Los legisladores Faride Raful, Antonio Taveras y Eduardo Estrella son los únicos tres senadores que han rechazado recibir las cuantiosas sumas mensuales por concepto del denominado fondo de ayuda social.
Otros, en cambio, han defendido su recepción y uso alegando que en sus demarcaciones hay necesidades a las que no pueden ignorar.
Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, ha sido uno de los legisladores que ha llevado la voz cantante para recibir “las ayudas” del Senado, incluso diciendo que quienes no están a favor pueden darle el dinero a él para hacer las reparticiones en su comunidad.
Un caso curioso es el de Ginnette Bournigal, que representa Puerto Plata, y quien en el año 2016 había criticado la práctica de entrega de fondos a legisladores. Al asumir el puesto la legisladora se desdijo y recibió el dinero, alegando que publicaciones en su misma cuenta de Twitter no eran reales.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.