Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Nacionales
El país no recibe en fechas previstas por AstraZeneca vacunas contra Covid-19.
Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Se trata de la segunda falta al cronograma preliminar de entregas que contempla el contrato de compra entre República Dominicana y la compañía anglosueca, valorizado en 40 millones de dólares (más de 2,270 millones de pesos).
La primera entrega, de unas 400,000 dosis, estaba pautada para el pasado domingo 21 de marzo y la segunda para ayer, 21 de abril, lo que significa que AstraZeneca le debe al país el envío de 1.2 millones de vacunas anticovid, de los 10 millones que habían acordado.
Según el calendario que contiene el contrato, el total de las vacunas está dividido en un formato de entrega mensual entre el 21 de marzo y 21 octubre de este año.
La próxima fecha de entrega será a finales del próximo mayo, día en que la compañía se comprometió a entregar otras 800,000 vacunas.
“Mejor esfuerzo razonable”
Una de las dudas que plaga a quienes conocen del incumplimiento a lo acordado por parte de AstraZeneca es la pregunta de que si no hay consecuencias hacia la farmacéutica por estas faltas.
La respuesta a esa inquietante es compleja, ya que en el contrato firmado por ambas partes se incluyó una cláusula de “mejores esfuerzos razonables”, que esencialmente blinda a estas farmacéuticas en contra de sanciones bajo casi toda circunstancia.
El acuerdo define “mejores esfuerzos razonables” como “las actividades y grado de esfuerzo que una empresa tamaño similar, con una infraestructura semejante y recursos comparables como AstraZeneca emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una vacuna, producto en la etapa de desarrollo relevante o comercialización, teniendo en cuenta la necesidad urgente de una vacuna para poner fin a una pandemia que está resultando en graves problemas de salud, restricciones de personal libertades e impacto económico, en todo el mundo, pero teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad”.
Sin embargo, apartados como el mencionado anteriormente no son exclusivos para República Dominicana (o solamente implementados por AstraZeneca), sino que son mecanismos de defensas implementadas por compañías desarrolladoras de vacunas anticovid en sus acuerdos con países en todo el mundo.
Un ejemplo de esto fue el cruce de opiniones que ocurrió a principios de este 2021 entre el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, y la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, precisamente sobre ese apartado.
Soriot había dicho días antes del intercambio que la empresa que dirige no se comprometió a entregar todas las dosis acordadas, citando el artículo de “mejor esfuerzo posible” del contrato firmado.
“De todos modos, no nos comprometimos con la Unión Europea… no es un compromiso contractual. Dijimos: haremos lo mejor que podamos, pero sin garantizar que lo consigamos”, expresó Soriot en ese entonces.
Las que han llegado
Curiosamente al país sí han llegado productos de AstraZeneca, pero no los que República Dominicana contrató directamente con la farmacéutica el 30 de octubre del año pasado.
A mediados de febrero de este año el Gobierno dominicano anunció la adquisición de unas 110 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en la India, llamada “Covishield”.
Esto fue compartido en un encuentro sostenido en el Palacio Nacional entre representantes gubernamentales con directores de varios medios de comunicación, donde afirmaron que AstraZeneca prometió hacer su primera entrega a finales del pasado mes de marzo, algo que no ocurrió.
De ese anuncio llegaron solo 20,000 dosis de la vacuna y luego se recibieron 30,000 más como donación del gobierno de India.
Asimismo, recibió unas 91,200 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur, compradas a través del mecanismo global COVAX, mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Ese lote fue el primero de las 2,169,600 dosis que el país contrató a través de COVAX.
“El sistema Covax ha sido un fracaso, yo mismo lo he dicho protestando contra esa irresponsabilidad, donde un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad no tenemos acceso”, ha dicho el presidente dominicano Luis Abinader como queja ante la situación.
Además ha indicado que no pedía les regalaran vacunas. “Nosotros hemos comprado nuestras vacunas, pero tampoco que nos la quitaran, según la orden en el cual nosotros teníamos establecido”, dijo el presidente.
“En este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Por lo tanto tuvimos que hacer gestiones de más allá de nuestro esfuerzo”, insistió en febrero el mandatario dominicano.
¿Es segura?
En el caso hipotético de que esas vacunas lleguen al país, todavía queda el tema de si se aplicarían estas inoculaciones, y de hacerlo, a quiénes serían suministradas, ya que en repetidas ocasiones países han reportado casos de reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca, siendo los de más alto perfil los relacionados con trombosis.
Frente a estas informaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado con su apoyo a AstraZeneca, siguiendo su recomendación de uso de la vacuna.
Así lo expresó el jueves pasado el director de OMS-Europa, Hans Kluge, asegurando que no hay dudas de que la referida inoculación es efectiva para reducir la hospitalización por covid y prevenir los fallecimientos relacionados con el virus.
Asimismo, exhortó a todos los adultos elegibles a ser vacunados que lo hagan, subrayando la importancia de disminuir el nivel de transmisión del coronavirus.
Pero no todos los países han acogido el llamado de la OMS.
La misma semana de la pronunciación del máximo órgano internacional de salud, Dinamarca anunció que suspendió definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca, citando los vínculos señalados entre ese insumo y casos anómalos de trombosis.
Después de estudiar sus registros sanitarios las autoridades danesas estimaron que el riesgo de contraer esos síntomas, para quienes han recibido esa vacuna, es de 1 entre 40,000.
Ante esos datos el titular de la Dirección General de Sanidad danesa, Søren Brostrøm, indicó que hay evidencia suficiente para suspender el uso, señalando que “hay una posible explicación biológica de que la vacuna de AstraZeneca puede provocar estos casos raros de trombosis».
No obstante, añadió que Dinamarca no rechaza poder utilizar nuevamente la vacuna en el futuro si es necesario.
En contraposición está España, nación que recientemente informó que vacunará con el producto de AstraZeneca a personas entre las edades de 60 y 69 años, después de haber suspendido la administración a los menores de 60.
Las autoridades españolas tomaron la decisión de paralizar la vacunación con ese insumo para los menores de 60 años, tras confirmar con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre un «posible vínculo» con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunas personas vacunadas y tras una reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea.
También está Costa Rica, país que tomo otro plan alternativo con respecto a esta vacuna, aprobando a principio de este mes su uso sin límite de edad desde los 18 años en adelante, con excepción de mujeres embarazadas o en lactancia materna.
El Ministerio de Salud costarricense indicó que el esquema de inoculación es de dos dosis, que se aplicarán con una distancia de 12 semanas entre cada una.
Además, acordó que siempre se debe informar al paciente de la casa farmacéutica de la vacuna que recibirá, pero no se permite seleccionar el tipo de vacuna, dada la disponibilidad limitada.
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.