Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Nacionales
El país no recibe en fechas previstas por AstraZeneca vacunas contra Covid-19.
Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Se trata de la segunda falta al cronograma preliminar de entregas que contempla el contrato de compra entre República Dominicana y la compañía anglosueca, valorizado en 40 millones de dólares (más de 2,270 millones de pesos).
La primera entrega, de unas 400,000 dosis, estaba pautada para el pasado domingo 21 de marzo y la segunda para ayer, 21 de abril, lo que significa que AstraZeneca le debe al país el envío de 1.2 millones de vacunas anticovid, de los 10 millones que habían acordado.
Según el calendario que contiene el contrato, el total de las vacunas está dividido en un formato de entrega mensual entre el 21 de marzo y 21 octubre de este año.
La próxima fecha de entrega será a finales del próximo mayo, día en que la compañía se comprometió a entregar otras 800,000 vacunas.
“Mejor esfuerzo razonable”
Una de las dudas que plaga a quienes conocen del incumplimiento a lo acordado por parte de AstraZeneca es la pregunta de que si no hay consecuencias hacia la farmacéutica por estas faltas.
La respuesta a esa inquietante es compleja, ya que en el contrato firmado por ambas partes se incluyó una cláusula de “mejores esfuerzos razonables”, que esencialmente blinda a estas farmacéuticas en contra de sanciones bajo casi toda circunstancia.
El acuerdo define “mejores esfuerzos razonables” como “las actividades y grado de esfuerzo que una empresa tamaño similar, con una infraestructura semejante y recursos comparables como AstraZeneca emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una vacuna, producto en la etapa de desarrollo relevante o comercialización, teniendo en cuenta la necesidad urgente de una vacuna para poner fin a una pandemia que está resultando en graves problemas de salud, restricciones de personal libertades e impacto económico, en todo el mundo, pero teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad”.
Sin embargo, apartados como el mencionado anteriormente no son exclusivos para República Dominicana (o solamente implementados por AstraZeneca), sino que son mecanismos de defensas implementadas por compañías desarrolladoras de vacunas anticovid en sus acuerdos con países en todo el mundo.
Un ejemplo de esto fue el cruce de opiniones que ocurrió a principios de este 2021 entre el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, y la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, precisamente sobre ese apartado.
Soriot había dicho días antes del intercambio que la empresa que dirige no se comprometió a entregar todas las dosis acordadas, citando el artículo de “mejor esfuerzo posible” del contrato firmado.
“De todos modos, no nos comprometimos con la Unión Europea… no es un compromiso contractual. Dijimos: haremos lo mejor que podamos, pero sin garantizar que lo consigamos”, expresó Soriot en ese entonces.
Las que han llegado
Curiosamente al país sí han llegado productos de AstraZeneca, pero no los que República Dominicana contrató directamente con la farmacéutica el 30 de octubre del año pasado.
A mediados de febrero de este año el Gobierno dominicano anunció la adquisición de unas 110 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en la India, llamada “Covishield”.
Esto fue compartido en un encuentro sostenido en el Palacio Nacional entre representantes gubernamentales con directores de varios medios de comunicación, donde afirmaron que AstraZeneca prometió hacer su primera entrega a finales del pasado mes de marzo, algo que no ocurrió.
De ese anuncio llegaron solo 20,000 dosis de la vacuna y luego se recibieron 30,000 más como donación del gobierno de India.
Asimismo, recibió unas 91,200 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur, compradas a través del mecanismo global COVAX, mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Ese lote fue el primero de las 2,169,600 dosis que el país contrató a través de COVAX.
“El sistema Covax ha sido un fracaso, yo mismo lo he dicho protestando contra esa irresponsabilidad, donde un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad no tenemos acceso”, ha dicho el presidente dominicano Luis Abinader como queja ante la situación.
Además ha indicado que no pedía les regalaran vacunas. “Nosotros hemos comprado nuestras vacunas, pero tampoco que nos la quitaran, según la orden en el cual nosotros teníamos establecido”, dijo el presidente.
“En este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Por lo tanto tuvimos que hacer gestiones de más allá de nuestro esfuerzo”, insistió en febrero el mandatario dominicano.
¿Es segura?
En el caso hipotético de que esas vacunas lleguen al país, todavía queda el tema de si se aplicarían estas inoculaciones, y de hacerlo, a quiénes serían suministradas, ya que en repetidas ocasiones países han reportado casos de reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca, siendo los de más alto perfil los relacionados con trombosis.
Frente a estas informaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado con su apoyo a AstraZeneca, siguiendo su recomendación de uso de la vacuna.
Así lo expresó el jueves pasado el director de OMS-Europa, Hans Kluge, asegurando que no hay dudas de que la referida inoculación es efectiva para reducir la hospitalización por covid y prevenir los fallecimientos relacionados con el virus.
Asimismo, exhortó a todos los adultos elegibles a ser vacunados que lo hagan, subrayando la importancia de disminuir el nivel de transmisión del coronavirus.
Pero no todos los países han acogido el llamado de la OMS.
La misma semana de la pronunciación del máximo órgano internacional de salud, Dinamarca anunció que suspendió definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca, citando los vínculos señalados entre ese insumo y casos anómalos de trombosis.
Después de estudiar sus registros sanitarios las autoridades danesas estimaron que el riesgo de contraer esos síntomas, para quienes han recibido esa vacuna, es de 1 entre 40,000.
Ante esos datos el titular de la Dirección General de Sanidad danesa, Søren Brostrøm, indicó que hay evidencia suficiente para suspender el uso, señalando que “hay una posible explicación biológica de que la vacuna de AstraZeneca puede provocar estos casos raros de trombosis».
No obstante, añadió que Dinamarca no rechaza poder utilizar nuevamente la vacuna en el futuro si es necesario.
En contraposición está España, nación que recientemente informó que vacunará con el producto de AstraZeneca a personas entre las edades de 60 y 69 años, después de haber suspendido la administración a los menores de 60.
Las autoridades españolas tomaron la decisión de paralizar la vacunación con ese insumo para los menores de 60 años, tras confirmar con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre un «posible vínculo» con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunas personas vacunadas y tras una reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea.
También está Costa Rica, país que tomo otro plan alternativo con respecto a esta vacuna, aprobando a principio de este mes su uso sin límite de edad desde los 18 años en adelante, con excepción de mujeres embarazadas o en lactancia materna.
El Ministerio de Salud costarricense indicó que el esquema de inoculación es de dos dosis, que se aplicarán con una distancia de 12 semanas entre cada una.
Además, acordó que siempre se debe informar al paciente de la casa farmacéutica de la vacuna que recibirá, pero no se permite seleccionar el tipo de vacuna, dada la disponibilidad limitada.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.