Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Nacionales
El país no recibe en fechas previstas por AstraZeneca vacunas contra Covid-19.
Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Se trata de la segunda falta al cronograma preliminar de entregas que contempla el contrato de compra entre República Dominicana y la compañía anglosueca, valorizado en 40 millones de dólares (más de 2,270 millones de pesos).
La primera entrega, de unas 400,000 dosis, estaba pautada para el pasado domingo 21 de marzo y la segunda para ayer, 21 de abril, lo que significa que AstraZeneca le debe al país el envío de 1.2 millones de vacunas anticovid, de los 10 millones que habían acordado.
Según el calendario que contiene el contrato, el total de las vacunas está dividido en un formato de entrega mensual entre el 21 de marzo y 21 octubre de este año.
La próxima fecha de entrega será a finales del próximo mayo, día en que la compañía se comprometió a entregar otras 800,000 vacunas.
“Mejor esfuerzo razonable”
Una de las dudas que plaga a quienes conocen del incumplimiento a lo acordado por parte de AstraZeneca es la pregunta de que si no hay consecuencias hacia la farmacéutica por estas faltas.
La respuesta a esa inquietante es compleja, ya que en el contrato firmado por ambas partes se incluyó una cláusula de “mejores esfuerzos razonables”, que esencialmente blinda a estas farmacéuticas en contra de sanciones bajo casi toda circunstancia.
El acuerdo define “mejores esfuerzos razonables” como “las actividades y grado de esfuerzo que una empresa tamaño similar, con una infraestructura semejante y recursos comparables como AstraZeneca emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una vacuna, producto en la etapa de desarrollo relevante o comercialización, teniendo en cuenta la necesidad urgente de una vacuna para poner fin a una pandemia que está resultando en graves problemas de salud, restricciones de personal libertades e impacto económico, en todo el mundo, pero teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad”.
Sin embargo, apartados como el mencionado anteriormente no son exclusivos para República Dominicana (o solamente implementados por AstraZeneca), sino que son mecanismos de defensas implementadas por compañías desarrolladoras de vacunas anticovid en sus acuerdos con países en todo el mundo.
Un ejemplo de esto fue el cruce de opiniones que ocurrió a principios de este 2021 entre el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, y la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, precisamente sobre ese apartado.
Soriot había dicho días antes del intercambio que la empresa que dirige no se comprometió a entregar todas las dosis acordadas, citando el artículo de “mejor esfuerzo posible” del contrato firmado.
“De todos modos, no nos comprometimos con la Unión Europea… no es un compromiso contractual. Dijimos: haremos lo mejor que podamos, pero sin garantizar que lo consigamos”, expresó Soriot en ese entonces.
Las que han llegado
Curiosamente al país sí han llegado productos de AstraZeneca, pero no los que República Dominicana contrató directamente con la farmacéutica el 30 de octubre del año pasado.
A mediados de febrero de este año el Gobierno dominicano anunció la adquisición de unas 110 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en la India, llamada “Covishield”.
Esto fue compartido en un encuentro sostenido en el Palacio Nacional entre representantes gubernamentales con directores de varios medios de comunicación, donde afirmaron que AstraZeneca prometió hacer su primera entrega a finales del pasado mes de marzo, algo que no ocurrió.
De ese anuncio llegaron solo 20,000 dosis de la vacuna y luego se recibieron 30,000 más como donación del gobierno de India.
Asimismo, recibió unas 91,200 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur, compradas a través del mecanismo global COVAX, mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Ese lote fue el primero de las 2,169,600 dosis que el país contrató a través de COVAX.
“El sistema Covax ha sido un fracaso, yo mismo lo he dicho protestando contra esa irresponsabilidad, donde un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad no tenemos acceso”, ha dicho el presidente dominicano Luis Abinader como queja ante la situación.
Además ha indicado que no pedía les regalaran vacunas. “Nosotros hemos comprado nuestras vacunas, pero tampoco que nos la quitaran, según la orden en el cual nosotros teníamos establecido”, dijo el presidente.
“En este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Por lo tanto tuvimos que hacer gestiones de más allá de nuestro esfuerzo”, insistió en febrero el mandatario dominicano.
¿Es segura?
En el caso hipotético de que esas vacunas lleguen al país, todavía queda el tema de si se aplicarían estas inoculaciones, y de hacerlo, a quiénes serían suministradas, ya que en repetidas ocasiones países han reportado casos de reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca, siendo los de más alto perfil los relacionados con trombosis.
Frente a estas informaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado con su apoyo a AstraZeneca, siguiendo su recomendación de uso de la vacuna.
Así lo expresó el jueves pasado el director de OMS-Europa, Hans Kluge, asegurando que no hay dudas de que la referida inoculación es efectiva para reducir la hospitalización por covid y prevenir los fallecimientos relacionados con el virus.
Asimismo, exhortó a todos los adultos elegibles a ser vacunados que lo hagan, subrayando la importancia de disminuir el nivel de transmisión del coronavirus.
Pero no todos los países han acogido el llamado de la OMS.
La misma semana de la pronunciación del máximo órgano internacional de salud, Dinamarca anunció que suspendió definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca, citando los vínculos señalados entre ese insumo y casos anómalos de trombosis.
Después de estudiar sus registros sanitarios las autoridades danesas estimaron que el riesgo de contraer esos síntomas, para quienes han recibido esa vacuna, es de 1 entre 40,000.
Ante esos datos el titular de la Dirección General de Sanidad danesa, Søren Brostrøm, indicó que hay evidencia suficiente para suspender el uso, señalando que “hay una posible explicación biológica de que la vacuna de AstraZeneca puede provocar estos casos raros de trombosis».
No obstante, añadió que Dinamarca no rechaza poder utilizar nuevamente la vacuna en el futuro si es necesario.
En contraposición está España, nación que recientemente informó que vacunará con el producto de AstraZeneca a personas entre las edades de 60 y 69 años, después de haber suspendido la administración a los menores de 60.
Las autoridades españolas tomaron la decisión de paralizar la vacunación con ese insumo para los menores de 60 años, tras confirmar con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre un «posible vínculo» con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunas personas vacunadas y tras una reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea.
También está Costa Rica, país que tomo otro plan alternativo con respecto a esta vacuna, aprobando a principio de este mes su uso sin límite de edad desde los 18 años en adelante, con excepción de mujeres embarazadas o en lactancia materna.
El Ministerio de Salud costarricense indicó que el esquema de inoculación es de dos dosis, que se aplicarán con una distancia de 12 semanas entre cada una.
Además, acordó que siempre se debe informar al paciente de la casa farmacéutica de la vacuna que recibirá, pero no se permite seleccionar el tipo de vacuna, dada la disponibilidad limitada.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.