Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Nacionales
El país no recibe en fechas previstas por AstraZeneca vacunas contra Covid-19.
Santo Domingo, RD.-Un nuevo incumplimiento tuvo la farmacéutica AstraZeneca incumplió con el Gobierno dominicano sobre la entrega de vacunas, y ya acumula un retraso de 1,200,000 dosis.Se trata de la segunda falta al cronograma preliminar de entregas que contempla el contrato de compra entre República Dominicana y la compañía anglosueca, valorizado en 40 millones de dólares (más de 2,270 millones de pesos).
La primera entrega, de unas 400,000 dosis, estaba pautada para el pasado domingo 21 de marzo y la segunda para ayer, 21 de abril, lo que significa que AstraZeneca le debe al país el envío de 1.2 millones de vacunas anticovid, de los 10 millones que habían acordado.
Según el calendario que contiene el contrato, el total de las vacunas está dividido en un formato de entrega mensual entre el 21 de marzo y 21 octubre de este año.
La próxima fecha de entrega será a finales del próximo mayo, día en que la compañía se comprometió a entregar otras 800,000 vacunas.
“Mejor esfuerzo razonable”
Una de las dudas que plaga a quienes conocen del incumplimiento a lo acordado por parte de AstraZeneca es la pregunta de que si no hay consecuencias hacia la farmacéutica por estas faltas.
La respuesta a esa inquietante es compleja, ya que en el contrato firmado por ambas partes se incluyó una cláusula de “mejores esfuerzos razonables”, que esencialmente blinda a estas farmacéuticas en contra de sanciones bajo casi toda circunstancia.
El acuerdo define “mejores esfuerzos razonables” como “las actividades y grado de esfuerzo que una empresa tamaño similar, con una infraestructura semejante y recursos comparables como AstraZeneca emprendería o utilizaría en el desarrollo y fabricación de una vacuna, producto en la etapa de desarrollo relevante o comercialización, teniendo en cuenta la necesidad urgente de una vacuna para poner fin a una pandemia que está resultando en graves problemas de salud, restricciones de personal libertades e impacto económico, en todo el mundo, pero teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad”.
Sin embargo, apartados como el mencionado anteriormente no son exclusivos para República Dominicana (o solamente implementados por AstraZeneca), sino que son mecanismos de defensas implementadas por compañías desarrolladoras de vacunas anticovid en sus acuerdos con países en todo el mundo.
Un ejemplo de esto fue el cruce de opiniones que ocurrió a principios de este 2021 entre el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, y la comisaria europea de salud y seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, precisamente sobre ese apartado.
Soriot había dicho días antes del intercambio que la empresa que dirige no se comprometió a entregar todas las dosis acordadas, citando el artículo de “mejor esfuerzo posible” del contrato firmado.
“De todos modos, no nos comprometimos con la Unión Europea… no es un compromiso contractual. Dijimos: haremos lo mejor que podamos, pero sin garantizar que lo consigamos”, expresó Soriot en ese entonces.
Las que han llegado
Curiosamente al país sí han llegado productos de AstraZeneca, pero no los que República Dominicana contrató directamente con la farmacéutica el 30 de octubre del año pasado.
A mediados de febrero de este año el Gobierno dominicano anunció la adquisición de unas 110 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en la India, llamada “Covishield”.
Esto fue compartido en un encuentro sostenido en el Palacio Nacional entre representantes gubernamentales con directores de varios medios de comunicación, donde afirmaron que AstraZeneca prometió hacer su primera entrega a finales del pasado mes de marzo, algo que no ocurrió.
De ese anuncio llegaron solo 20,000 dosis de la vacuna y luego se recibieron 30,000 más como donación del gobierno de India.
Asimismo, recibió unas 91,200 dosis de la vacuna AstraZeneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur, compradas a través del mecanismo global COVAX, mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Ese lote fue el primero de las 2,169,600 dosis que el país contrató a través de COVAX.
“El sistema Covax ha sido un fracaso, yo mismo lo he dicho protestando contra esa irresponsabilidad, donde un pequeño grupo de países tienen todas las vacunas y la gran cantidad no tenemos acceso”, ha dicho el presidente dominicano Luis Abinader como queja ante la situación.
Además ha indicado que no pedía les regalaran vacunas. “Nosotros hemos comprado nuestras vacunas, pero tampoco que nos la quitaran, según la orden en el cual nosotros teníamos establecido”, dijo el presidente.
“En este proceso no ha habido la solidaridad requerida de los grandes países. No ha existido. Por lo tanto tuvimos que hacer gestiones de más allá de nuestro esfuerzo”, insistió en febrero el mandatario dominicano.
¿Es segura?
En el caso hipotético de que esas vacunas lleguen al país, todavía queda el tema de si se aplicarían estas inoculaciones, y de hacerlo, a quiénes serían suministradas, ya que en repetidas ocasiones países han reportado casos de reacciones adversas a la vacuna de AstraZeneca, siendo los de más alto perfil los relacionados con trombosis.
Frente a estas informaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha continuado con su apoyo a AstraZeneca, siguiendo su recomendación de uso de la vacuna.
Así lo expresó el jueves pasado el director de OMS-Europa, Hans Kluge, asegurando que no hay dudas de que la referida inoculación es efectiva para reducir la hospitalización por covid y prevenir los fallecimientos relacionados con el virus.
Asimismo, exhortó a todos los adultos elegibles a ser vacunados que lo hagan, subrayando la importancia de disminuir el nivel de transmisión del coronavirus.
Pero no todos los países han acogido el llamado de la OMS.
La misma semana de la pronunciación del máximo órgano internacional de salud, Dinamarca anunció que suspendió definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca, citando los vínculos señalados entre ese insumo y casos anómalos de trombosis.
Después de estudiar sus registros sanitarios las autoridades danesas estimaron que el riesgo de contraer esos síntomas, para quienes han recibido esa vacuna, es de 1 entre 40,000.
Ante esos datos el titular de la Dirección General de Sanidad danesa, Søren Brostrøm, indicó que hay evidencia suficiente para suspender el uso, señalando que “hay una posible explicación biológica de que la vacuna de AstraZeneca puede provocar estos casos raros de trombosis».
No obstante, añadió que Dinamarca no rechaza poder utilizar nuevamente la vacuna en el futuro si es necesario.
En contraposición está España, nación que recientemente informó que vacunará con el producto de AstraZeneca a personas entre las edades de 60 y 69 años, después de haber suspendido la administración a los menores de 60.
Las autoridades españolas tomaron la decisión de paralizar la vacunación con ese insumo para los menores de 60 años, tras confirmar con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre un «posible vínculo» con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunas personas vacunadas y tras una reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea.
También está Costa Rica, país que tomo otro plan alternativo con respecto a esta vacuna, aprobando a principio de este mes su uso sin límite de edad desde los 18 años en adelante, con excepción de mujeres embarazadas o en lactancia materna.
El Ministerio de Salud costarricense indicó que el esquema de inoculación es de dos dosis, que se aplicarán con una distancia de 12 semanas entre cada una.
Además, acordó que siempre se debe informar al paciente de la casa farmacéutica de la vacuna que recibirá, pero no se permite seleccionar el tipo de vacuna, dada la disponibilidad limitada.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.