Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.Más Noticias
Estrategia de lavado de activos y corrupción en las propias narices del ex-presidente Danilo Medina.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, le seguía el rastro a seis personas a las que acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
En la solicitud de medida de coerción depositada el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se relatan los presuntos “actos ilícitos” del exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante el mandato de Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, y del teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza.
Según la Pepca, los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, los cuales servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
“(…) Llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales”, se lee en el documento.
Así, según el órgano persecutor, Núñez De Aza y Cáceres Silvestre obtenían prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años.
De acuerdo con informaciones obtenidas de la Superintendencia de Bancos, en una cuenta del Banco de Reservas a nombre de Núñez De Aza se movilizó un total de RD$177,195,942.05, monto que según la Pepca genera cierta disonancia de los ingresos reportados por el imputado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los cuales ascienden a RD$43,179,805.45.
“Lo cual muestra que estamos en presencia de la omisión de reporte de ingresos financieros, nos sitúa en la comisión de delitos en contra del fisco”, se lee en parte de la solicitud.
No obstante, la pérdida económica como resultado de la diferencia entre la tasa de préstamos y el certificado financiero no fue una “limitante” para el teniente coronel Núñez De Aza, ya que la Pepca señala que esto sólo fue una “estrategia de colocación” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
El documento indica que el dinero fue a parar a la cuenta personal de Núñez De Aza, quien según informaciones suministradas por la DGII presentó cheques para la adquisición de bienes que se encuentran a su nombre, pero por “labores de inteligencia” no los disfruta.
Y aquí se involucran otros dos imputados en el caso: la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud apunta que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, establece la Pepca.
Dentro de los depósitos realizados por el cabo Pereyra Núñez a las empresas, el más cuantioso fue uno hecho el 8 de junio del año pasado a Único Real State e Inversiones SR por un monto de RD$1,582 millones.
Adquisición de bienes e inmuebles
El órgano persecutor señala que en este proceso el activo sufre una “transformación” y se constituyen las compañías Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, a través de las que Núñez De Aza adquiría vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas y otros bienes.
“(…) bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la práctica más común en materia de lavado de capitales”, indica la Pepca.
La compra de un vehículo de alta gama, bajo el nombre de “préstamo Camaro”, fue una de las transacciones realizadas por “uno de los cerebros financieros principales”, según la Pepca.
La solicitud de coerción también señala al policía Cristhian Serrano como un “ente común de la red criminal de lavado de activos”, ya que desde la empresa Randa Internacional se emitían cheques a su nombre.
En el 2019 Serrano recibió de Randa Internacional la suma de RD$7,291,421.96.
“Con esto se cumple la etapa de la diversificación del lavado de activos al momento que presenta operaciones comerciales con la red vinculada entre los imputados e imputada, simulando una apariencia de legalidad para la adquisición de vehículos de motor y bienes inmuebles en diversas zonas del país”, se lee en el documento.
Implicados en el caso
Hasta el momento, la Pepca solicita medida de coerción por un año contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, la Pastora; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Así como contra las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público depositó por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, así como dos cajones con documentos aportados como pruebas.
Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.