Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.Más Noticias
Estrategia de lavado de activos y corrupción en las propias narices del ex-presidente Danilo Medina.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, le seguía el rastro a seis personas a las que acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
En la solicitud de medida de coerción depositada el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se relatan los presuntos “actos ilícitos” del exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante el mandato de Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, y del teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza.
Según la Pepca, los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, los cuales servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
“(…) Llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales”, se lee en el documento.
Así, según el órgano persecutor, Núñez De Aza y Cáceres Silvestre obtenían prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años.
De acuerdo con informaciones obtenidas de la Superintendencia de Bancos, en una cuenta del Banco de Reservas a nombre de Núñez De Aza se movilizó un total de RD$177,195,942.05, monto que según la Pepca genera cierta disonancia de los ingresos reportados por el imputado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los cuales ascienden a RD$43,179,805.45.
“Lo cual muestra que estamos en presencia de la omisión de reporte de ingresos financieros, nos sitúa en la comisión de delitos en contra del fisco”, se lee en parte de la solicitud.
No obstante, la pérdida económica como resultado de la diferencia entre la tasa de préstamos y el certificado financiero no fue una “limitante” para el teniente coronel Núñez De Aza, ya que la Pepca señala que esto sólo fue una “estrategia de colocación” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
El documento indica que el dinero fue a parar a la cuenta personal de Núñez De Aza, quien según informaciones suministradas por la DGII presentó cheques para la adquisición de bienes que se encuentran a su nombre, pero por “labores de inteligencia” no los disfruta.
Y aquí se involucran otros dos imputados en el caso: la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud apunta que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, establece la Pepca.
Dentro de los depósitos realizados por el cabo Pereyra Núñez a las empresas, el más cuantioso fue uno hecho el 8 de junio del año pasado a Único Real State e Inversiones SR por un monto de RD$1,582 millones.
Adquisición de bienes e inmuebles
El órgano persecutor señala que en este proceso el activo sufre una “transformación” y se constituyen las compañías Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, a través de las que Núñez De Aza adquiría vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas y otros bienes.
“(…) bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la práctica más común en materia de lavado de capitales”, indica la Pepca.
La compra de un vehículo de alta gama, bajo el nombre de “préstamo Camaro”, fue una de las transacciones realizadas por “uno de los cerebros financieros principales”, según la Pepca.
La solicitud de coerción también señala al policía Cristhian Serrano como un “ente común de la red criminal de lavado de activos”, ya que desde la empresa Randa Internacional se emitían cheques a su nombre.
En el 2019 Serrano recibió de Randa Internacional la suma de RD$7,291,421.96.
“Con esto se cumple la etapa de la diversificación del lavado de activos al momento que presenta operaciones comerciales con la red vinculada entre los imputados e imputada, simulando una apariencia de legalidad para la adquisición de vehículos de motor y bienes inmuebles en diversas zonas del país”, se lee en el documento.
Implicados en el caso
Hasta el momento, la Pepca solicita medida de coerción por un año contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, la Pastora; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Así como contra las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público depositó por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, así como dos cajones con documentos aportados como pruebas.
Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.
Ángel Gabriel Capellán deberá cumplir tres meses en Najayo-Hombres, mientras un segundo imputado recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida; la defensa anunció que recurrirá la decisión
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.
El tribunal dispuso que Capellán cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En el mismo proceso figura Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quien el magistrado impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional.
El juez acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había solicitado tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados.
Ministerio Público presentó 40 elementos de prueba
Para sustentar su petición, el órgano acusador presentó ante el tribunal 40 elementos de prueba que, según sostiene, relacionan a los investigados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran declaraciones ofrecidas por menores que fueron rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en Bajos de Haina.
Debido a la condición de menores de edad de las presuntas víctimas, sus testimonios fueron obtenidos mediante Cámara Gesell, mecanismo utilizado para reducir su exposición durante el proceso judicial y preservar sus declaraciones como anticipo de prueba.
Fundación habría operado sin autorización para recibir menores
Capellán dirigía la Fundación Restaurando Vida, entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no disponía de la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida de niños y adolescentes.
El órgano persecutor sostiene que en las instalaciones convivían menores junto a otras personas en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades investigan además las circunstancias en que la organización recibía niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones vinculadas con sus actividades.
Estos señalamientos forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Denuncia de un menor originó la investigación
El caso comenzó a ser investigado después de que uno de los menores presuntamente escapara de las instalaciones y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en que se encontraba.
La denuncia motivó actuaciones de las autoridades que posteriormente condujeron a allanamientos, al rescate de los menores que permanecían en la fundación y a las detenciones de Capellán y Muñoz Rodríguez.
Como parte de las diligencias, una de las presuntas víctimas fue sometida a una evaluación médico-legal.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el examen documentó lesiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.
Una evaluación psicológica forense también habría determinado que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente realizaba trabajos de carpintería relacionados con la construcción de una vivienda.
El Ministerio Público sostiene además que el adolescente habría sido sometido reiteradamente a castigos físicos.
Defensa anuncia apelación
Tras concluir la audiencia, Manuel Soto, abogado de Ángel Gabriel Capellán, anunció que recurrirá la decisión que envió a su representado a prisión preventiva.
El jurista sostuvo que Capellán es inocente de las imputaciones formuladas y explicó que espera recibir formalmente la resolución judicial para presentar el recurso de apelación.
El proceso continuará ahora con las investigaciones del Ministerio Público mientras se cumplen las medidas de coerción impuestas.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada posteriormente por los tribunales a partir de las pruebas y argumentos presentados por las partes.
Mientras avanza el expediente, las autoridades mantienen bajo protección a los menores involucrados, cuyas identidades deben permanecer reservadas conforme a las normas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.
Gustavo Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una cirugía de emergencia por varias heridas de arma blanca; la Policía informó del arresto de un hombre señalado como presunto agresor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, muestra una evolución favorable luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia tras resultar gravemente herido durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.
Mejía-Ricart Risk recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen que comprometieron algunos órganos, situación que obligó al personal médico a practicarle una cirugía de emergencia.
Su madre, Katherine Risk, informó que, pese a la gravedad que inicialmente presentó, el joven ha respondido favorablemente al tratamiento y continúa bajo vigilancia médica mientras avanza su proceso de recuperación.
La familia ha recibido numerosas expresiones de solidaridad desde que se conoció públicamente el ataque, incluyendo mensajes de personas que no mantienen vínculos personales con el joven.
Risk agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas y destacó la fortaleza mostrada por su hijo durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica.
Ataque ocurrió próximo a la residencia del joven
El hecho se produjo cuando Mejía-Ricart Risk se dirigía hacia el lobby de la torre donde reside, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones.
De acuerdo con las informaciones preliminares de las autoridades, el agresor presuntamente siguió al joven a bordo de una motocicleta y posteriormente intentó despojarlo de sus pertenencias.
Durante el incidente, la víctima habría ofrecido resistencia y recibió varias heridas de arma blanca.
El atacante posteriormente escapó del lugar sin lograr concretar el robo, según la versión ofrecida sobre el caso.
Policía arresta a un sospechoso
La Policía Nacional informó este martes que, mediante un operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión.
Durante las actuaciones relacionadas con el arresto fueron ocupados un cuchillo, una motocicleta, prendas de vestir y otros objetos que las autoridades investigan para determinar su posible vinculación con el hecho.
González fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan.
Su arresto y señalamiento como sospechoso no constituyen una declaración de culpabilidad, responsabilidad que deberá ser determinada por los tribunales conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.
Estudiante de Derecho
Gustavo Mejía-Ricart Risk es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y también desarrolla actividades laborales junto a su familia.
Su madre consideró que el episodio sufrido por su hijo debe trascender el caso particular y servir para llamar la atención sobre la violencia y la inseguridad que pueden enfrentar los ciudadanos.
La familia expresó además su confianza en que las autoridades desarrollen las investigaciones correspondientes y que el proceso judicial permita esclarecer completamente las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades conforme a la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, la principal atención de sus familiares permanece concentrada en la recuperación de Gustavo, quien continúa bajo cuidado médico y presenta una evolución favorable después de la cirugía de emergencia.
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Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro y pasajeros viajarán gratis por el resto del día
La Empresa Metropolitana de Transporte informó que sus técnicos corrigieron la avería registrada en la Subestación de Tracción García Saleta y ofreció disculpas a los usuarios afectados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Línea 2 del Metro de Santo Domingo retomó sus operaciones habituales la noche de este martes, luego de que los equipos técnicos solucionaran la falla eléctrica que había obligado a interrumpir temporalmente el servicio en varias estaciones.
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó que la avería fue corregida en la Subestación de Tracción García Saleta, instalación donde se había producido el inconveniente que afectó el suministro de energía necesario para la circulación de los trenes.
Concluidos los trabajos técnicos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución autorizó la normalización de las operaciones en toda la Línea 2.
Servicio será gratuito por el resto de la jornada
Como compensación por los inconvenientes ocasionados a los pasajeros durante la interrupción, la EMT anunció que los usuarios podrán utilizar gratuitamente el Metro durante el resto de la jornada de este martes 15 de septiembre.
La medida fue presentada por la institución como un gesto de agradecimiento a los ciudadanos por la paciencia y comprensión mostradas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la avería.
Falla había obligado a dividir las operaciones
El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde, cuando una falla en la Subestación García Saleta provocó una pérdida de energía en la catenaria.
Por razones de seguridad, el servicio quedó temporalmente suspendido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres.
Mientras se desarrollaban las labores de reparación, la Línea 2 operó mediante dos servicios parciales: uno entre Pablo Adón y Pedro Bonó, y otro desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona.
La situación afectó a pasajeros que utilizaban el sistema durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con el desplazamiento de numerosos ciudadanos al concluir sus jornadas laborales.
EMT ofrece disculpas a los pasajeros
Tras solucionar la avería, la Empresa Metropolitana de Transporte ofreció disculpas por las dificultades generadas y agradeció la comprensión de los usuarios.
Con la recuperación del suministro eléctrico en la subestación afectada, los trenes volvieron a circular normalmente por toda la Línea 2, quedando sin efecto el esquema provisional que había sido implementado durante la emergencia.
La institución indicó que sus equipos técnicos completaron los trabajos necesarios para garantizar la operación segura del sistema.