Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.Más Noticias
Estrategia de lavado de activos y corrupción en las propias narices del ex-presidente Danilo Medina.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral que se inició con unos 27 allanamientos en distintas partes del país constituye un ataque feroz en contra de la corrupción en el Estado por parte de la Procuraduría General de la República encabezada por Miriam Germán Brito.El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, le seguía el rastro a seis personas a las que acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
En la solicitud de medida de coerción depositada el pasado lunes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se relatan los presuntos “actos ilícitos” del exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República durante el mandato de Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, y del teniente coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez De Aza.
Según la Pepca, los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, los cuales servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
“(…) Llamando poderosamente la atención la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales”, se lee en el documento.
Así, según el órgano persecutor, Núñez De Aza y Cáceres Silvestre obtenían prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años.
De acuerdo con informaciones obtenidas de la Superintendencia de Bancos, en una cuenta del Banco de Reservas a nombre de Núñez De Aza se movilizó un total de RD$177,195,942.05, monto que según la Pepca genera cierta disonancia de los ingresos reportados por el imputado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los cuales ascienden a RD$43,179,805.45.
“Lo cual muestra que estamos en presencia de la omisión de reporte de ingresos financieros, nos sitúa en la comisión de delitos en contra del fisco”, se lee en parte de la solicitud.
No obstante, la pérdida económica como resultado de la diferencia entre la tasa de préstamos y el certificado financiero no fue una “limitante” para el teniente coronel Núñez De Aza, ya que la Pepca señala que esto sólo fue una “estrategia de colocación” para lavar activos provenientes de los delitos de corrupción.
El documento indica que el dinero fue a parar a la cuenta personal de Núñez De Aza, quien según informaciones suministradas por la DGII presentó cheques para la adquisición de bienes que se encuentran a su nombre, pero por “labores de inteligencia” no los disfruta.
Y aquí se involucran otros dos imputados en el caso: la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán.
De acuerdo con la Pepca, se emitían cheques desde la cuenta bancaria de Núñez De Aza a nombre de la pastora y del cabo con la finalidad de “colocar activos del crimen”.
Asimismo, la solicitud apunta que el cabo de la Policía Nacional, Eric Daniel Pereyra Núñez, “colaboraba constantemente en la movilización de fondos” bajo la orden del teniente coronel Núñez De Aza.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, establece la Pepca.
Dentro de los depósitos realizados por el cabo Pereyra Núñez a las empresas, el más cuantioso fue uno hecho el 8 de junio del año pasado a Único Real State e Inversiones SR por un monto de RD$1,582 millones.
Adquisición de bienes e inmuebles
El órgano persecutor señala que en este proceso el activo sufre una “transformación” y se constituyen las compañías Randa Internacional Company EIRL, CSNA Universo Empresarial SRL y Aldom Glass Alumiminium SRL, a través de las que Núñez De Aza adquiría vehículos de motor de alta gama, operadores de trabajo, terrenos rurales, villas turísticas, casas suntuosas y otros bienes.
“(…) bajo una sombrilla que le permite ocultar el verdadero origen de los bienes que viene siendo la práctica más común en materia de lavado de capitales”, indica la Pepca.
La compra de un vehículo de alta gama, bajo el nombre de “préstamo Camaro”, fue una de las transacciones realizadas por “uno de los cerebros financieros principales”, según la Pepca.
La solicitud de coerción también señala al policía Cristhian Serrano como un “ente común de la red criminal de lavado de activos”, ya que desde la empresa Randa Internacional se emitían cheques a su nombre.
En el 2019 Serrano recibió de Randa Internacional la suma de RD$7,291,421.96.
“Con esto se cumple la etapa de la diversificación del lavado de activos al momento que presenta operaciones comerciales con la red vinculada entre los imputados e imputada, simulando una apariencia de legalidad para la adquisición de vehículos de motor y bienes inmuebles en diversas zonas del país”, se lee en el documento.
Implicados en el caso
Hasta el momento, la Pepca solicita medida de coerción por un año contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, la Pastora; Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Así como contra las personas morales Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público depositó por ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados, así como dos cajones con documentos aportados como pruebas.
Los imputados están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva (CAPLIP-2), que está bajo custodia del Modelo de Gestión Penitenciaria.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.