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En Cámara de Diputados se paraliza escogencia de Defensoría del Pueblo.
La actual incumbente de la Defensoría del Pueblo lleva ya ocho años en la posición a pesar de que el artículo 192 de la Constitución y el 04 de la Ley No.19-01 establecen que el que ostenta el cargo sólo durará un período de seis años”.
La razón no es que ella se niegue a pasar “la batuta” a algún relevo, sino al lento proceso que ha llevado a cabo la Cámara de Diputados para renovar esa posición.
El retraso no es solo en la actual y pasada legislatura, en representación del presidente del hemiciclo y miembro del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco. Viene arrastrado desde que Radhamés Camacho, del Partido de la Liberación Dominicana, dejó que venciera el plazo el 16 de mayo del 2019. Para esa fecha, el Senado debió juramentar a los nuevos miembros del órgano autónomo de las ternas que enviaría el hemiciclo, sin embargo, por razones no justificadas, no se mostró interés en renovar los integrantes de la entidad.
De acuerdo a la ley, en el presente caso la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de escoger y presentar las ternas al Senado para su elección.
La Constitución estable en su artículo 192 que “la Cámara de Diputados deberá escoger las ternas en la legislatura ordinaria previa al cumplimiento del término del mandato de los designados-miembros Defensor del Pueblo- y las someterá ante el Senado en un plazo que no excederá los quince días siguientes a su aprobación. El Senado de la República efectuará la elección antes de los treinta días siguientes”.
Sigue diciendo que “vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y presentado las ternas, ´las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia´. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados”.
De acuerdo a ese artículo, la Suprema Corte de Justicia es también responsable en la demora del proceso.
Hace unos días, Alfredo Pacheco agradeció el que la Suprema Corte de Justicia diera “tiempo de gracia” al hemiciclo para que presenten las ternas del Defensor del Pueblo al Senado, al tiempo que indicó que la demora en el proceso viene desde gestión anterior.
Cabe destacar, que a 19 meses de vencer el plazo de Zoila Martínez como titular del órgano, la Comisión Especial del Defensor del Pueblo de la Cámara de Diputados inició las evaluaciones de los aspirantes a ser miembros de la entidad. Fue en fecha 19 de enero, 2021. El proceso de entrevistas terminó 10 días después, con 74 evaluados de 97 inscritos.
La Cámara de Diputados escogió las ternas para miembros del Defensor del Pueblo el pasado 23 de marzo. Aspiran a titular Fidel Ernesto Santana, Henry Modesto Merán y Pablo Ulloa Castillo.
El Defensor del Pueblo se introduce en el país mediante la Ley No. 19-01, de fecha 01 de febrero del año 2001, y luego pasa a la Constitución en el 2010. Sin embargo, no fue hasta el año 2013 cuando la República Dominicana se estrenó con ese cargo, siendo la pionera y única titular hasta el momento la exfiscal del Distrito, la doctora Zoila Martínez.
En ese sentido, el Senado eligió a Martínez como Defensora del Pueblo, la noche del 16 de mayo del 2013, junto a Carlos Hernández Cabrera, como primer suplente; Ruddy Nelson Frías Ángeles, segundo suplente; y los adjuntos María Inmaculada Ramos Abreu y María Altagracia Batista.
El Defensor del Pueblo es una figura constitucional que busca salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas y velar por el correcto funcionamiento de la administración pública.
El presidente de la comisión especial del Senado designada para escoger el Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos, Ricardo de los Santos, dijo el pasado lunes que el pleno senatorial está a la espera de que la Cámara de Diputados envíe nuevamente las ternas para elegir los nuevos miembros. El legislador por la provincia Sánchez Ramírez recordó que al hemiciclo le urge resolver el tema de la escogencia del Defensor del Pueblo, porque la actual gestión ya venció su periodo. La Cámara de Diputados remitió al Senado seis ternas a miembros del Defensor del Pueblo: una para el titular, dos a suplentes y tres para adjuntos. El pasado 16 de marzo, la comisión especial del Senado decidió devolver las ternas, alegando inobservancia en la Ley 19-01, modificada por la 367-09. De acuerdo al Reglamento, la Cámara de Diputados debió enviar dos ternas para adjuntos, no tres. Desde el pasado 12 de abril las ternas están en la Cámara de Diputados.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.