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aprobación en Cámara de Diputados Código Penal provoca reacciones.
SANTO DOMINGO. Continúan las opiniones en contra y a favor de la aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados sin las tres causales.
Para Patricia Santana Nina, abogada constitucionalista y activista del movimiento a favor de las tres causales, la eximente aprobada ayer en la Cámara de Diputados, en una primera lectura en el proyecto de Ley del Código Penal, tiene como fin confundir a la ciudadanía, pues no es una causal y deja en manos del criterio médico en qué momento y circunstancias se podría interrumpir el embarazo.
La profesional del derecho aclaró que lo aprobado es un estado de necesidad y no una de las tres causales que están demandando para permitir que sea la mujer quien decida si puede interrumpir o no su embarazo ante un riesgo grave a su propia vida.
“Hay una gran diferencia entre lo que se aprobó ayer en primera lectura y lo que propone el movimiento. El estado de necesidad es un instrumento utilizado como medio de defensa por la teoría del delito en derecho penal. Eso no es una nueva causal”, expresa.
Agregó que considera: “Eso no soluciona la problemática, esa es la valoración que puedo dar. Eso no soluciona el problema de las muertes maternas por falta de acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, frente a estas tres circunstancias excepcionales y tan terribles que pueden enfrentar”.
Se refiere a cuando su vida está en riesgo, a cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida, a cuando es producto de una violación o de un incesto.
Recordó que ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) interpretó el concepto del derecho a la vida desde la concepción y planteó que los estados miembros deben crear mecanismos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las féminas. También, esa corte ha manifestado que “no es razonable ni proporcional proteger la vida de un embrión sobre la de la mujer, hasta ese punto fue resuelto por la Corte”.
Santana Nina también aseguró que aprobar esas tres causales que se exigen no sería inconstitucional porque “el derecho a la vida también es un derecho del que están revestidas las mujeres y las niñas”.
La abogada constitucionalista Patricia Santana Nina considera que existe un miedo entre los congresistas de que su voto a favor de las causales tenga un costo político para un sector religioso.
También, lamentó que muchos legisladores voten anteponiendo sus creencias personales sobre su obligación de legislar, cumpliendo con la Constitución, lo que a su entender es un error.
Al ser cuestionado al respecto, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats afirmó que lo aprobado ayer “es puro y duro inútil derecho penal simbólico” porque nadie nunca ha sido perseguido ni condenado hasta la fecha por realizar abortos.
Para él con esa eximente aprobada en el Código Penal se sacaría a “duras penas” a la República Dominicana de la “cortísima lista negra” de países que tienen prohibido totalmente el aborto.
El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aclaró que lo aprobado el miércoles en la cámara baja, en el proyecto de ley que reformaría el Código Penal está contenido en la Constitución en el artículo 42, numeral 3ero.
Aseguró que en el Senado no existirá ningún problema para que esa pieza legislativa sea aprobada.
Tras la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que modificaría el Código Penal, en la Cámara de Diputados, los manifestantes a favor y los otros en contra de la despenalización del aborto abandonaron la vigilia que mantuvieron desde el inicio de la lectura de la pieza legislativa. Tampoco está el campamento que habían instalado los activistas a favor de las tres causas que permitirían la interrupción del embarazo. Asimismo, los representantes de las coaliciones que se autodenominan provida y que rechazan que se apruebe una iniciativa legislativa para permitir las tres eximentes para que el aborto no sea punible, no acudieron este jueves a protestar frente al Congreso Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.