La decisión fue adoptada por la magistrada María Garabito Ramírez tras declarar la incompetencia de ese juzgado para por estos haber cesado en el cargo, luego de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.
Ahora la coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero deberá apoderar el caso mediante el sorteo aleatorio computarizado a uno de los juzgados de la instrucción de esa jurisdicción correspondiente para la continuación del proceso.
El tribunal ordenó a la secretaria de la Suprema Corte, notificar la decisión a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), órgano investigador, a la Cámara de Cuentas y a sus abogados apoderados.
Igualmente la jueza de la Suprema Corte, dispuso la notificación de la decisión a los investigados el presidente del órgano fiscalizador del Estado, Hugo Álvarez Valencia, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciado Corporan de Rincón y Felix Álvarez Rivera.
La jueza, quien forma parte de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, precisó que de acuerdo al artículo 68 del Código Procesal Penal la cuestión de competencia que se resuelve no implica suspensión del procedimiento preparatorio.
Consideró que con esto se procura imprimir la debida celeridad a la par de preservar el ejercicio de los derechos de todos los involucrados sin mayores inconvenientes procedimentales.
Se recuerda que la jueza había ordenado entregar a los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Dany Mercado copias certificadas de los interrogatorios practicados a los miembros de la Cámara de Cuentas y otros funcionarios, empero, Wilson Camacho titular del Pepca había advertido que no lo entregaría.
La magistrada Garabito Ramírez, previo a su desapoderamiento había autorizado al Ministerio Público practicar un allanamiento en la Cámara de Cuentas el pasado 22 de febrero.
La Pepca y la dirección de persecución que encabeza Yeni Berenice Reynoso, investiga a los miembros de la Cámara de Cuentas de la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
Las investigaciones abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas y a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la consultoría jurídica y la dirección de auditoría.