Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.Nacionales
Más imputados en expediente de diputado.
Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.De entre el trío de nuevos acusados conocidos ayer, uno de ellos, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, de alias “El Alemán”, es hermano del legislador.
El resto son los hermanos Danny y Endy de Jesús Núñez Mármol, este último conocido por el apodo “El Fuerte”.
Gutiérrez Díaz fue detenido el lunes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana.
Por el momento se desconoce si el resto de los involucrados está bajo arresto. La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estadounidenses de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.
“Comenzando al menos a principios de 2014 y continuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusación.
Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”.
Prisión de por vida
Por los mencionados delitos, que violan las secciones 846 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según expone el expediente.
Además, en un apartado denominado “Alegaciones sobre pérdida legal de derecho de propiedad”, manifiesta que de ser declarados culpables, el gobierno norteamericano confiscará “cierta propiedad en la que los acusados tienen interés”.
Confiscaciones
De acuerdo al documento, las autoridades estadounidenses confiscarán cualquier propiedad que constituya o derive de productos obtenidos, directa o indirectamente, de las infracciones que se les acusa.
También confiscarán cualquier propiedad que se usó o tuvo la intención de usarse para cometer o facilitar la comisión de los mencionados crímenes.
En el expediente se acusa a los cuatro dominicanos de conspirar junto a otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada, posiblemente cocaína, que se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.
“Se alega además que la sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuible a los acusados como resultado de su conducta, y la conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B)”, cita el texto.
Las empresas
En República Dominicana, los hermanos Núñez Mármol tienen registradas varias empresas, entre ellas El Bar de Mármol & Grill, Inmobiliaria Porfiria y Cameo Lounge, de acuerdo a la base de datos de Open Corporates.
Según la Cámara de Comercio, Endy Núñez Mármol es accionista y parte del Consejo de Administración de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars, establecida en 2016; Cameo Lounge, El Bar De Mármol & Grill; mientras que solo es accionista de Carlos Collado Luna Fishing.
En la base de datos, Oscar Núñez, uno de los hermanos de Endy Núñez, aparece como titular de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars.
LOS BIENES
Más detalles
De su lado, Miguel Andrés Gutiérrez declaró bienes e inversiones millonarias ante la Cámara de Cuentas de RD $15,533,158 y casi tres millones de dólares.
En el portal web de la Cámara de Comercio, el legislador Miguel Gutiérrez es accionista de algunas empresas que aparecen activas y no fueron declaradas en su patrimonio presentado el pasado 16 agosto ante el órgano auditor.
Entre las no declaradas está Prestamos Del Cibao, S.R.L., que también aparece como activa en el portal de la Dirección de Impuestos Internos (DGII).
En esa Dirección están activas las empresas MAG Real State C. por A. y Gutiérrez Díaz Corporation C. por A., en las que Miguel Gutiérrez aparece como accionista según la Cámara de Comercio, pero no fueron incluidas en la declaración jurada del diputado.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.