Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.Nacionales
Más imputados en expediente de diputado.
Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.De entre el trío de nuevos acusados conocidos ayer, uno de ellos, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, de alias “El Alemán”, es hermano del legislador.
El resto son los hermanos Danny y Endy de Jesús Núñez Mármol, este último conocido por el apodo “El Fuerte”.
Gutiérrez Díaz fue detenido el lunes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana.
Por el momento se desconoce si el resto de los involucrados está bajo arresto. La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estadounidenses de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.
“Comenzando al menos a principios de 2014 y continuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusación.
Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”.
Prisión de por vida
Por los mencionados delitos, que violan las secciones 846 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según expone el expediente.
Además, en un apartado denominado “Alegaciones sobre pérdida legal de derecho de propiedad”, manifiesta que de ser declarados culpables, el gobierno norteamericano confiscará “cierta propiedad en la que los acusados tienen interés”.
Confiscaciones
De acuerdo al documento, las autoridades estadounidenses confiscarán cualquier propiedad que constituya o derive de productos obtenidos, directa o indirectamente, de las infracciones que se les acusa.
También confiscarán cualquier propiedad que se usó o tuvo la intención de usarse para cometer o facilitar la comisión de los mencionados crímenes.
En el expediente se acusa a los cuatro dominicanos de conspirar junto a otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada, posiblemente cocaína, que se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.
“Se alega además que la sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuible a los acusados como resultado de su conducta, y la conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B)”, cita el texto.
Las empresas
En República Dominicana, los hermanos Núñez Mármol tienen registradas varias empresas, entre ellas El Bar de Mármol & Grill, Inmobiliaria Porfiria y Cameo Lounge, de acuerdo a la base de datos de Open Corporates.
Según la Cámara de Comercio, Endy Núñez Mármol es accionista y parte del Consejo de Administración de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars, establecida en 2016; Cameo Lounge, El Bar De Mármol & Grill; mientras que solo es accionista de Carlos Collado Luna Fishing.
En la base de datos, Oscar Núñez, uno de los hermanos de Endy Núñez, aparece como titular de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars.
LOS BIENES
Más detalles
De su lado, Miguel Andrés Gutiérrez declaró bienes e inversiones millonarias ante la Cámara de Cuentas de RD $15,533,158 y casi tres millones de dólares.
En el portal web de la Cámara de Comercio, el legislador Miguel Gutiérrez es accionista de algunas empresas que aparecen activas y no fueron declaradas en su patrimonio presentado el pasado 16 agosto ante el órgano auditor.
Entre las no declaradas está Prestamos Del Cibao, S.R.L., que también aparece como activa en el portal de la Dirección de Impuestos Internos (DGII).
En esa Dirección están activas las empresas MAG Real State C. por A. y Gutiérrez Díaz Corporation C. por A., en las que Miguel Gutiérrez aparece como accionista según la Cámara de Comercio, pero no fueron incluidas en la declaración jurada del diputado.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.