Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.Nacionales
Más imputados en expediente de diputado.
Santo Domingo, RD.-El diputado acusado de narcotráfico se declaró no culpable durante la audiencia que tuvo lugar este viernes en un tribunal de Miami, quien de ser declarado culpable las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua en cuyo caso hay otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.De entre el trío de nuevos acusados conocidos ayer, uno de ellos, Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, de alias “El Alemán”, es hermano del legislador.
El resto son los hermanos Danny y Endy de Jesús Núñez Mármol, este último conocido por el apodo “El Fuerte”.
Gutiérrez Díaz fue detenido el lunes pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de República Dominicana.
Por el momento se desconoce si el resto de los involucrados está bajo arresto. La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estadounidenses de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.
“Comenzando al menos a principios de 2014 y continuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusación.
Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”.
Prisión de por vida
Por los mencionados delitos, que violan las secciones 846 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según expone el expediente.
Además, en un apartado denominado “Alegaciones sobre pérdida legal de derecho de propiedad”, manifiesta que de ser declarados culpables, el gobierno norteamericano confiscará “cierta propiedad en la que los acusados tienen interés”.
Confiscaciones
De acuerdo al documento, las autoridades estadounidenses confiscarán cualquier propiedad que constituya o derive de productos obtenidos, directa o indirectamente, de las infracciones que se les acusa.
También confiscarán cualquier propiedad que se usó o tuvo la intención de usarse para cometer o facilitar la comisión de los mencionados crímenes.
En el expediente se acusa a los cuatro dominicanos de conspirar junto a otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada, posiblemente cocaína, que se importaría ilegalmente a los Estados Unidos.
“Se alega además que la sustancia controlada involucrada en la conspiración atribuible a los acusados como resultado de su conducta, y la conducta de otros conspiradores razonablemente previsibles para ellos, es de cinco (5) kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína, en violación del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B)”, cita el texto.
Las empresas
En República Dominicana, los hermanos Núñez Mármol tienen registradas varias empresas, entre ellas El Bar de Mármol & Grill, Inmobiliaria Porfiria y Cameo Lounge, de acuerdo a la base de datos de Open Corporates.
Según la Cámara de Comercio, Endy Núñez Mármol es accionista y parte del Consejo de Administración de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars, establecida en 2016; Cameo Lounge, El Bar De Mármol & Grill; mientras que solo es accionista de Carlos Collado Luna Fishing.
En la base de datos, Oscar Núñez, uno de los hermanos de Endy Núñez, aparece como titular de D’Nuñez Marmol Brother Rent Cars.
LOS BIENES
Más detalles
De su lado, Miguel Andrés Gutiérrez declaró bienes e inversiones millonarias ante la Cámara de Cuentas de RD $15,533,158 y casi tres millones de dólares.
En el portal web de la Cámara de Comercio, el legislador Miguel Gutiérrez es accionista de algunas empresas que aparecen activas y no fueron declaradas en su patrimonio presentado el pasado 16 agosto ante el órgano auditor.
Entre las no declaradas está Prestamos Del Cibao, S.R.L., que también aparece como activa en el portal de la Dirección de Impuestos Internos (DGII).
En esa Dirección están activas las empresas MAG Real State C. por A. y Gutiérrez Díaz Corporation C. por A., en las que Miguel Gutiérrez aparece como accionista según la Cámara de Comercio, pero no fueron incluidas en la declaración jurada del diputado.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.