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República Dominicana llena de operaciones sospechosas de lavado de activos con transacciones multimillonarias.
Un aumento extraordinario se produjo en el país de los delitos de lavado de activos, fraudes, corrupción, engaños para la obtención de datos privados de usuarios, estafa agravada, entre otros ilícitos, lo cual registra el año 2020 no sólo como de muertes y contagios del Covid-19, sino de una serie de actividades al margen de la ley.
Más de 40 mil reportes permitieron identificar 3,241 vehículos, 1,134 inmuebles y RD$77,905.85 millones, casi el doble de los fondos del 2019, en manos de 1,143 personas (818 físicas y 325 jurídicas) a las que se les encontró suficiente evidencia para poder vincularles con los delitos que tipifica la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que lleva las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas y de los informes de inteligencia financiera, indicó que “la pandemia del covid-19 provocó un incremento en los Reportes de Operaciones Sospechosas debido a la aparición de nuevas tipologías de lavado, así como al aumento de casos de delitos precedentes”.
Además, produjo un aumento significativo del volumen de fondos que no guardan relación con actividades lícitas declaradas por los clientes, monto que ascendió a RD$39,300 millones en el año 2019 y que el año pasado superó los RD$77 mil millones.
De acuerdo con el Informe Estadístico de la UAF, cada vez más rápido también es el ritmo que ha caracterizado el aumento de los bienes obtenidos a través de transacciones inusuales, complejas y significativas desde el año 2016, cuando las autoridades detectaron 149 vehículos y 243 inmuebles con esas condiciones.
Durante el año 2020, la UAF realizó 316 Informes de Inteligencia de Asistencia Técnica que fueron solicitados por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras autoridades competentes.
Estos documentos incluyen la recolección, procesamiento y análisis de información sobre la persona investigada y pueden abarcar desde su perfil socioeconómico hasta sus relaciones societarias, antecedentes penales, productos y
movimientos financieros.
Los delitos que se presentaron con mayor frecuencia fueron: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, presente en el 60.9 % de las solicitudes; corrupción administrativa en el 6.3%; enriquecimiento no justificado en el 5.9% de los expedientes; contrabando (5.5%) y delito tributario en el 4.3% de las solicitudes, según indica en su Informe Estadístico 2020.
De las 1,143 personas investigadas, 901 fueron requeridas de manera expresa en las solicitudes y 242 fueron incluidas por haberse detectado algún tipo de vinculación con las personas solicitadas a raíz de la elaboración de los informes.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos.
Involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que Las intensas lluvias que afectan el país han dejado en las últimas 24 horas 23 comunidades incomunicadas y 880 personas desplazadas.
El organismo también reporta tres viviendas destruidas, 59 afectadas parcialmente y 176 con daños, como consecuencia de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.
El COE detalla que cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares como medida de prevención ante el avance de las lluvias.
Tal es el caso de la provincia de Elías Piña, donde se registró un deslizamiento de tierra, que afectó parcialmente dos viviendas, lo que obligó al desplazamiento de unas diez personas hacia casas de familiares y amigos.En Sánchez Ramírez, las condiciones climáticas provocaron la caída de cinco postes del tendido eléctrico en el distrito municipal de Angelina, específicamente en el sector Barrio Lindo.
Asimismo, en Cotuí, varios árboles cayeron sobre la carretera Cotuí-Platanal debido a los fuertes vientos, lo que obligó a brigadas a realizar labores de despeje, mientras en el sector Vista del Valle también reportó afectaciones.
El desbordamiento del río Majagual ha dejado incomunicadas a las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, en la provincia de La Vega, dificultando el tránsito y el acceso a servicios básicos.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, se registraron inundaciones urbanas en los sectores Cumajón y Guayo.
En San Juan, las lluvias provocaron anegaciones en la comunidad de Pedro Corto, aunque sin daños a viviendas, así como en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Samaná, donde el desbordamiento del río El Limón destruyó una vivienda y anegó otra, causando la pérdida de ajuares. Las familias afectadas fueron trasladadas a casas de allegados.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran fuera de servicio debido a las lluvias, afectando a unos 86,500 usuarios en distintas localidades.
Ante este panorama, el COE mantiene seis provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
Nacionales
Gente que no entiende por qué no se ha convocado al CNM para evaluar jueces de la Suprema.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Abinader fue emplazado por la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) en su calidad de titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar «de manera inmediata» a ese órgano para iniciar la evaluación de once jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional venció el pasado 4 de abril.
La organización recordó que once magistrados se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo.
Advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.
La ROI subrayó que, aunque la Constitución no fija un plazo específico para realizar la convocatoria del CNM, sí establece que el proceso debe llevarse a cabo una vez cumplido el período de siete años desde la designación de los jueces.
El colectivo también alertó sobre la necesidad de evitar las controversias que marcaron el proceso de evaluación de 2025, el cual —según indicó— estuvo rodeado de cuestionamientos por falta de transparencia, escasa motivación en las decisiones y la aplicación de criterios no contemplados en la normativa.
Asimismo, expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos jueces opten por no someterse a la evaluación, como reacción a experiencias previas consideradas injustas o lesivas a la independencia judicial. Citó como ejemplo los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
«Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en juego es la legitimidad de la justicia«, advirtió la entidad.
En ese sentido, la ROI insistió en que la evaluación del desempeño de los jueces de la SCJ y de otras altas cortes debe basarse en criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados con total transparencia, garantizando el debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.
La organización informó que puso en circulación un informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, en el que recoge las principales incidencias del proceso anterior y formula recomendaciones para fortalecer futuros procedimientos.
La ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), el Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano, segun Luis Abinader, trabaja diariamente para estabilizar precios en los principales productos de la canasta basica familiar, en medio de la guerra en Oriente Próximo, cuyas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán parecen estar estancadas.
Amortiguar los precios de los alimentos básicos ha sido uno de los principales objetivos del gobierno.
El lunes, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovaton, aseguró que ningún producto ha subido de precio y agregó que el abastecimiento del país “no ha tenido problemas”.
“El gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis”, explicó Lovaton.
República Dominicana ha sufrido los efectos del conflicto en Medio Oriente, principalmente con los precios de los combustibles, que ya han subido en tres ocasiones. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, indicó que el plan para enfrentar la crisis internacional “consiste en la aplicación de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y los fertilizantes”.
Al menos 25 de un total de 60 vehículos recibió el Inespre para mejorar la cadena de distribución de alimentos a precios asequibles, según explicó Abinader.
El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, beneficiando a dos actores de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.
“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana”, dijo el funcionario.