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República Dominicana llena de operaciones sospechosas de lavado de activos con transacciones multimillonarias.
Un aumento extraordinario se produjo en el país de los delitos de lavado de activos, fraudes, corrupción, engaños para la obtención de datos privados de usuarios, estafa agravada, entre otros ilícitos, lo cual registra el año 2020 no sólo como de muertes y contagios del Covid-19, sino de una serie de actividades al margen de la ley.
Más de 40 mil reportes permitieron identificar 3,241 vehículos, 1,134 inmuebles y RD$77,905.85 millones, casi el doble de los fondos del 2019, en manos de 1,143 personas (818 físicas y 325 jurídicas) a las que se les encontró suficiente evidencia para poder vincularles con los delitos que tipifica la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que lleva las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas y de los informes de inteligencia financiera, indicó que “la pandemia del covid-19 provocó un incremento en los Reportes de Operaciones Sospechosas debido a la aparición de nuevas tipologías de lavado, así como al aumento de casos de delitos precedentes”.
Además, produjo un aumento significativo del volumen de fondos que no guardan relación con actividades lícitas declaradas por los clientes, monto que ascendió a RD$39,300 millones en el año 2019 y que el año pasado superó los RD$77 mil millones.
De acuerdo con el Informe Estadístico de la UAF, cada vez más rápido también es el ritmo que ha caracterizado el aumento de los bienes obtenidos a través de transacciones inusuales, complejas y significativas desde el año 2016, cuando las autoridades detectaron 149 vehículos y 243 inmuebles con esas condiciones.
Durante el año 2020, la UAF realizó 316 Informes de Inteligencia de Asistencia Técnica que fueron solicitados por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras autoridades competentes.
Estos documentos incluyen la recolección, procesamiento y análisis de información sobre la persona investigada y pueden abarcar desde su perfil socioeconómico hasta sus relaciones societarias, antecedentes penales, productos y
movimientos financieros.
Los delitos que se presentaron con mayor frecuencia fueron: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, presente en el 60.9 % de las solicitudes; corrupción administrativa en el 6.3%; enriquecimiento no justificado en el 5.9% de los expedientes; contrabando (5.5%) y delito tributario en el 4.3% de las solicitudes, según indica en su Informe Estadístico 2020.
De las 1,143 personas investigadas, 901 fueron requeridas de manera expresa en las solicitudes y 242 fueron incluidas por haberse detectado algún tipo de vinculación con las personas solicitadas a raíz de la elaboración de los informes.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos.
Involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.