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La posibilidad de lograr la reforma fiscal se aleja más
La posibilidad de que se realice en República Dominicana una reforma fiscal este año se aleja cada vez más y el foro de opiniones entre entendidos en el tema sugiere que –dado el contexto de crisis impuesto por la pandemia- aventurarse a realizarla sería muy complicado.
Incluso, el propio jefe de Estado parece haberlo comprendido. El día 3 de este mes, Luis Abinader aseguró que se está trabajando en la reforma fiscal, reiterando que espera que para el 2022 pueda ser implementada, luego de 8 años de retraso, pero posteriormente (el día 19), en una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, advirtió que una reforma fiscal sería cuesta arriba en este 2021, y que la fecha clave será consensuada con la sociedad.
“Las reformas tributarias no son aconsejables en tiempos de crisis económica como la actual y deben hacerse en tiempos de bonanza”, argumentan economistas y algunos líderes políticos, al abordar la cuestión. República Dominicana, si bien ha comenzado a recuperarse en su economía, ha atravesado por dificultades, empujadas por el covid-19, y requiere de mayores ingresos para afrontar los desafíos surgidos en el contexto de la enfermedad. Y desde antes se ha enarbolado la necesidad de que el país eleve la presión tributaria, considerada de las más bajas de la región.
(14.5 %). La presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Estado a través de los impuestos que cobra desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional. Aunque se conoce que en el país la reforma fiscal es ineludible para garantizar el balance de las finanzas públicas y la estabilidad económica, tanto el expresidente Leonel Fernández, como economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros, plantean que “no estamos en el mejor momento para ello”.
“Además de racionalidad económica, todo proceso de reforma o de ajuste fiscal, requiere que sea socialmente incluyente y políticamente viable”, dice Leonel Fernández en un artículo publicado ayer en el periódico Listín Diario.
La postergación de la reforma para ser aplicada el próximo año no está exenta de riesgos y costos potenciales para la economía y particularmente para las cuentas fiscales, asegura de otro lado, el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes Santos, en un artículo que publica hoy en el diario elCaribe. Desde su punto de vista, “a corto plazo, las firmas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), estarán atentos a la evolución de las cuentas públicas y una reducción de la calificación de riesgo podría complicar de forma importante la gestión macroeconómica del país”.
Reyes Santos advierte que “el mayor error de la postergación radica en el escaso tiempo que tendrá el gobierno el próximo año, para avanzar unas complejas negociaciones con la oposición política que le permita llevar a buen puerto la reforma”.
El economista Andrés Dauhajre, en un artículo titulado “Tarea previa a la reforma fiscal” (24 de mayo 2021, elCaribe) plantea que la economía dominicana no está en recesión y que sí lo estuvo el año pasado y este año ha estado saliendo de ella a un ritmo acelerado. “En consecuencia, no parece apropiado recomendar la posposición de la reforma fiscal que la presente Administración pondera en estos momentos y que entraría en vigencia en enero de 2022, bajo el argumento de que, en medio de una recesión, una reforma fiscal que eleve la recaudación de impuestos resulta contraproducente, pues esta profundizaría la recesión. Ese no parece ser un argumento razonable”, dice Dauhajre.
“Para plantear un aumento de impuestos se debe esperar una recuperación mayor de la economía, que se puedan generar los empleos y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, algunas de las cuales no han podido hacerlo”, explica el profesor Antonio Ciriaco Cruz, de la UASD. “Se debe esperar la consolidación, a partir del año 2022 se comienza la discusión o quizás un poco antes, pero la discusión de cualquier reforma o pacto se va a tomar mucho más de un año si tomamos en cuenta la experiencia de la República Dominicana”, agrega el catedrático. “Aquí es necesaria una nueva agenda de políticas públicas que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad, que necesariamente no implica incrementos de impuestos”, dice de otro lado Guarocuya Félix, exdirector de la DGII.
Los planteamientos de Miguel Collado y CREES
El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha explicado que “hay una serie de propuestas de reformas estructurales que se hacen y que dependiendo del diseño de las mismas, serían beneficiosas para el país”.
Según el especialista de la economía, una eventual reforma debería incluir una simplificación del sistema y no una mayor penalización a quienes están ya pagando impuestos, porque eso incentivaría a una informalidad que ya existe en el país y a la evasión.
“Con una reforma de ese tipo se podría promover el crecimiento y a la vez promover las recaudaciones, aunque en esta situación la reforma no tendría los mismos resultados tal vez que si se hubiera hecho en una circunstancia diferente a la que se tiene con la pandemia”, ha indicado Collado Di Franco.
“El país tiene pendiente, desde hace cinco años, un Pacto Fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo”. El efecto de las medidas relacionadas con la pandemia, junto con el deterioro acumulado de más de una década consecutiva de déficit fiscales y de distorsiones en el sistema tributario, imponen que ese pacto se haga realidad. Cuanto antes”, dice.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.