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La posibilidad de lograr la reforma fiscal se aleja más
La posibilidad de que se realice en República Dominicana una reforma fiscal este año se aleja cada vez más y el foro de opiniones entre entendidos en el tema sugiere que –dado el contexto de crisis impuesto por la pandemia- aventurarse a realizarla sería muy complicado.
Incluso, el propio jefe de Estado parece haberlo comprendido. El día 3 de este mes, Luis Abinader aseguró que se está trabajando en la reforma fiscal, reiterando que espera que para el 2022 pueda ser implementada, luego de 8 años de retraso, pero posteriormente (el día 19), en una entrevista con los periodistas Huchi Lora y Alicia Ortega, advirtió que una reforma fiscal sería cuesta arriba en este 2021, y que la fecha clave será consensuada con la sociedad.
“Las reformas tributarias no son aconsejables en tiempos de crisis económica como la actual y deben hacerse en tiempos de bonanza”, argumentan economistas y algunos líderes políticos, al abordar la cuestión. República Dominicana, si bien ha comenzado a recuperarse en su economía, ha atravesado por dificultades, empujadas por el covid-19, y requiere de mayores ingresos para afrontar los desafíos surgidos en el contexto de la enfermedad. Y desde antes se ha enarbolado la necesidad de que el país eleve la presión tributaria, considerada de las más bajas de la región.
(14.5 %). La presión tributaria es la cantidad de dinero que recauda el Estado a través de los impuestos que cobra desde la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Tesorería Nacional. Aunque se conoce que en el país la reforma fiscal es ineludible para garantizar el balance de las finanzas públicas y la estabilidad económica, tanto el expresidente Leonel Fernández, como economistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre otros, plantean que “no estamos en el mejor momento para ello”.
“Además de racionalidad económica, todo proceso de reforma o de ajuste fiscal, requiere que sea socialmente incluyente y políticamente viable”, dice Leonel Fernández en un artículo publicado ayer en el periódico Listín Diario.
La postergación de la reforma para ser aplicada el próximo año no está exenta de riesgos y costos potenciales para la economía y particularmente para las cuentas fiscales, asegura de otro lado, el exdirector de Presupuesto, Luis Reyes Santos, en un artículo que publica hoy en el diario elCaribe. Desde su punto de vista, “a corto plazo, las firmas calificadoras de riesgo y los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), estarán atentos a la evolución de las cuentas públicas y una reducción de la calificación de riesgo podría complicar de forma importante la gestión macroeconómica del país”.
Reyes Santos advierte que “el mayor error de la postergación radica en el escaso tiempo que tendrá el gobierno el próximo año, para avanzar unas complejas negociaciones con la oposición política que le permita llevar a buen puerto la reforma”.
El economista Andrés Dauhajre, en un artículo titulado “Tarea previa a la reforma fiscal” (24 de mayo 2021, elCaribe) plantea que la economía dominicana no está en recesión y que sí lo estuvo el año pasado y este año ha estado saliendo de ella a un ritmo acelerado. “En consecuencia, no parece apropiado recomendar la posposición de la reforma fiscal que la presente Administración pondera en estos momentos y que entraría en vigencia en enero de 2022, bajo el argumento de que, en medio de una recesión, una reforma fiscal que eleve la recaudación de impuestos resulta contraproducente, pues esta profundizaría la recesión. Ese no parece ser un argumento razonable”, dice Dauhajre.
“Para plantear un aumento de impuestos se debe esperar una recuperación mayor de la economía, que se puedan generar los empleos y que las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, puedan ponerse al día en sus obligaciones tributarias, algunas de las cuales no han podido hacerlo”, explica el profesor Antonio Ciriaco Cruz, de la UASD. “Se debe esperar la consolidación, a partir del año 2022 se comienza la discusión o quizás un poco antes, pero la discusión de cualquier reforma o pacto se va a tomar mucho más de un año si tomamos en cuenta la experiencia de la República Dominicana”, agrega el catedrático. “Aquí es necesaria una nueva agenda de políticas públicas que incluya la creación de una reforma de la fiscalidad, que necesariamente no implica incrementos de impuestos”, dice de otro lado Guarocuya Félix, exdirector de la DGII.
Los planteamientos de Miguel Collado y CREES
El economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, ha explicado que “hay una serie de propuestas de reformas estructurales que se hacen y que dependiendo del diseño de las mismas, serían beneficiosas para el país”.
Según el especialista de la economía, una eventual reforma debería incluir una simplificación del sistema y no una mayor penalización a quienes están ya pagando impuestos, porque eso incentivaría a una informalidad que ya existe en el país y a la evasión.
“Con una reforma de ese tipo se podría promover el crecimiento y a la vez promover las recaudaciones, aunque en esta situación la reforma no tendría los mismos resultados tal vez que si se hubiera hecho en una circunstancia diferente a la que se tiene con la pandemia”, ha indicado Collado Di Franco.
“El país tiene pendiente, desde hace cinco años, un Pacto Fiscal ordenado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo”. El efecto de las medidas relacionadas con la pandemia, junto con el deterioro acumulado de más de una década consecutiva de déficit fiscales y de distorsiones en el sistema tributario, imponen que ese pacto se haga realidad. Cuanto antes”, dice.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am