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Ministerio Público investiga plan para atentar con la vida de Yeni Berenice Reynoso
La directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso
Tres periodistas denunciaron un un supuesto plan para atentar contra la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, el cual en los actuales momentos se encuentra bajo investigación por altos funcionarios del Ministerio Público, de acuerdo con informaciones divulgada por los periodistas Huchi Lora, Edith Febles y Gustavo Olivo.
Los periodistas dieron la noticia la tarde de este sábado, y aunque la misma no ha sido confirmada de manera oficial por el Ministerio Público, aseguran que en el complot hay involucrados altos oficiales militares vinculados a la Fuerza Aérea Dominicana y la Armada de la República Dominicana.
De acuerdo con las informaciones, supuestamente hay tres personas detenidas por el atentado contra Yeni Berenice, uno de ellos oficial. Los mismo, supuestamente están colaborando.
También revelaron que el supuesto atentado contra la procuradora adjunta estaría relacionado a personas implicadas en los escándalos de corrupción de la administración pasada.
Yeni Berenice Reynoso es una de las principales funcionarias de la Procuraduría General de la República, que ha encabezado a junto a la Procuradora General, Miriam Germán Brito, y al procurador adjunto anticorrupción, Wilson Camacho, las investigaciones a exfuncionarios peledeístas vinculados a hechos de corrupción.
Estos tienen abierto grandes casos de corrupción en los que están implicados altos mandos militares y exfuncioanrios de la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina Sánchez.
Uno de los entramados desarticulados por las nuevas autoridades de la PGR es el caso Coral. De acuerdo con el Ministerio Público, esta red era liderada por el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres, quien creó un entramado militar-policial, societario y religioso como un mecanismo para ocultar los fondo sustraídos del Estado.
Otra importante red desarticulada es la de Antipulpo, en el que está implicado como uno de los principales cabecillas, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. En este caso implican a Magalys Medina, también hermana del mandatario.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.