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JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
Santiago, RD.- Fue condenado a quince años de cárcel por los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial esta ciudad al agente policial, adscrito a Acción Rápida, Alejandro Castro Cruz, por la muerte del niño Donelly Joel Martínez Tejada.
El menor, de 11 años de edad, falleció por el impacto de bala disparado con el arma de Castro Cruz, hecho ocurrido la tarde del 12 de febrero del 2023 en la esquina que forman la calle Mella con avenida Las Carreras, mientras se desarrollaba las festividades del carnaval de Santiago.
El Ministerio Público tipificó el hecho como homicidio voluntario, pero los jueces lo calificaron de involuntario.
El tribunal estuvo presidido por el magistrado juez, Juan Carlos Colón e integrado por las magistradas Claribel Mateo y Gladys de los Santos.Indignación por condena
Los familiares de Donelly mostraron su indignación ya que esperaban la pena máxima.
El agente mató al menor tras impactarlo de un balazo en el brazo izquierdo y el tórax, cuando, en un uso desmedido de la fuerza, accionó su arma de fuego.
Los cargos penales contra el imputado, el agente Alejandro Castro Cruz, son violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano por homicidio voluntario contra Donelly Joel Martínez, así como también por transgresión a los artículos 186, 2, 295 y 309 por abuso de autoridad contra particulares, por los golpes y heridas que infirió al padre del adolescente, Anthony Ysauri Martínez.
Del amplio legajo de pruebas que ha recolectado, la Fiscalía presentó las documentales, periciales y el audiovisual, último en el que recoge en detalles los acontecimientos que tuvieron lugar.
Además de las pruebas que fueron incorporadas en esta primera audiencia, el órgano de justicia presentará otros materiales y testimoniales que constituyen toda la fuerza probatoria necesaria para lograr la imposición de una condena que podría ser de hasta 20 años de prisión.
La investigación del hecho estuvo a cargo del fiscal titular Osvaldo Bonilla y del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, que dirige el procurador de la Corte, Gerardo Ponce.
El Ministerio Público ha planteó que se trató de un hecho grave en el que el imputado, tras irrumpir en el lugar, donde la familia de la víctima celebraba el carnaval, abusó de la autoridad que le confiere la ley, violando todos los protocolos de uso de la fuerza.
Santiago.-Fueron capturados seis hombres presuntamente responsables del asalto a un mensajero, quien fue despojado de dos millones 861 mil 600 pesos en las afueras de una entidad bancaria de la ciudad de Santiago, cuyo captura fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con miembros del Ministerio Público.
Los detenidos son Johan Javier Santana Pichardo, de 30 años; Wellington Saúl de la Rosa, de 24; Darío Alexander Arias Jiménez, de 41; Josías Miguel Tavárez Arias, de 31; Miguel Ángel Fadul Abreu, de 35; y Jan Carlos Tavárez Tavárez, alias “El Cojo”, de 37.
Estas detenciones fueron el resultado de una intensa labor de inteligencia por parte de los investigadores policiales.
Según la denuncia, el mensajero fue interceptado el 16 de septiembre por individuos armados que lo encañonaron y lo despojaron de dos bolsas negras con la suma mencionada, mientras se encontraba a las afueras de un banco. Los delincuentes huyeron en un vehículo KIA, modelo K5 blanco, realizando disparos contra la seguridad del lugar.
Los investigadores lograron identificar a Johan Santana como el cabecilla de la banda conocida como “Los Rayos McQueen Gris”. Se descubrió que Wellington Saúl fue quien, tras el asalto, cambió la placa falsa del vehículo. Por su parte, Arias Jiménez, quien era supervisor de seguridad del banco, fue señalado como quien ubicó al mensajero. Josías Tavárez rentó y condujo el vehículo, mientras que Miguel Fadul fue identificado como quien encañonó al mensajero. “El Cojo” fue uno de los que se bajó del auto para intimidar a la víctima, y se le ocupó RD$300,000.Recuperaciones
En la residencia de Wellington Saúl, ubicada en Bella Vista, Santiago, se recuperaron RD$350,000, mientras que, en la casa de Johan Santana, en el sector Los Platanitos, El Ejido, se ocuparon RD$440,000.
Ambas recuperaciones se realizaron mediante órdenes de allanamiento ejecutadas por los agentes y el Ministerio Público.
Entrega voluntaria y ocupaciones
Estarlin Rodríguez se entregó esta mañana para ser investigado en relación con el asalto al mensajero.
Asimismo, durante las operaciones, se incautaron una escopeta, dos pistolas sin documentos, tres cargadores, uno con capacidad para 30 balas, tres pasamontañas, un carro Sonata gris utilizado en el asalto, varios abrigos y otros objetos.
Historial delictivo
El informe policial indica que esta banda está vinculada a múltiples robos y asaltos a mano armada en diferentes sectores de Santiago, como el atraco al Minimarket del sector Gurabo, el pasado 27 de agosto, que se viralizó en redes sociales.
También se les atribuyen varios asaltos en establecimientos comerciales y a transeúntes en sectores como Mary López, Villa Verde, Villa Olga, Las Antillas, y en municipios como Puñal y Moca, además de la provincia de La Vega.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones, mientras los detenidos y las evidencias serán remitidos a la justicia para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-Los empleados de las instituciones oficiales fueron llamados por el Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a continuar con normalidad en el desarrollo de sus labores habituales, y mantener la calidad y el buen desempeño en los servicios que brindan a la ciudadanía.
A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP resalta que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas, ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos, recursos humanos y otros.
«Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto», reseña el documento enviado a los medios de comunicación.
«Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas», expresó el documento.
Ahorro
El gobierno dominicano presentó el pasado lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública mediante la fusión y eliminación de varios ministerios y entidades en busca de ahorrar 25 mil millones de pesos.
Durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader dijo que con esta propuesta se busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas con el fin de lograr una administración más eficiente, coherente y alineada con las prioridades del gobierno.