Más Noticias
JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.