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JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
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Abogado anuncia amparo contra director del Intrant por circulación de vehículos pesados en carril izquierdo
La acción busca exigir el cumplimiento de la Ley 63-17 y de la Resolución 003-2026, que dispone que camiones, patanas y vehículos de carga circulen por el carril derecho
SANTO DOMINGO.– El abogado Julio de la Rosa Tiburcio anunció que interpondrá una acción de amparo de cumplimiento contra el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, alegando falta de ejecución de las disposiciones que regulan la circulación de vehículos pesados por las carreteras y autopistas de República Dominicana.
La iniciativa procura que las autoridades hagan cumplir las disposiciones de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de la Resolución núm. 003-2026, del 10 de febrero de 2026, que restringe el desplazamiento de camiones, patanas y otros vehículos de carga por el carril izquierdo.
De acuerdo con lo anunciado por el jurista, la acción judicial será presentada en las próximas horas con el propósito de obtener una decisión que obligue al organismo regulador a ejecutar efectivamente las medidas establecidas para este tipo de vehículos.
Vehículos pesados deben mantenerse en el carril derecho
La normativa establece como regla que los vehículos pesados y destinados al transporte de carga deben desplazarse por el carril derecho de las vías.
El uso del carril izquierdo queda reservado para las situaciones excepcionales contempladas por las disposiciones de tránsito, particularmente cuando resulte necesario realizar determinadas maniobras y estas puedan ejecutarse en condiciones de seguridad.
Para efectuar un rebase, además, el conductor debe contar con suficiente visibilidad y espacio para realizar la maniobra y posteriormente retornar al carril derecho sin generar peligro de colisión.
Las restricciones adquieren especial relevancia en pendientes, curvas, áreas con visibilidad reducida y lugares donde existan señales o demarcaciones que prohíban adelantar.
Multas de RD$10,000
La violación de las disposiciones contempladas para la circulación de estos vehículos conlleva, según la información suministrada, una multa de RD$10,000, equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la correspondiente acumulación de puntos en la licencia de conducir.
La supervisión y aplicación de las medidas corresponde conjuntamente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Intrant y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La anunciada acción de amparo coloca ahora el debate no solamente sobre el comportamiento de los conductores de vehículos pesados, sino también sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito.
Una disposición con antecedentes
Las reglas relativas a la circulación de vehículos pesados por las vías dominicanas tienen antecedentes anteriores a la resolución emitida este año.
En julio de 2020, el entonces presidente Danilo Medina emitió el Decreto 258-20, que estableció lineamientos relacionados con la circulación y movilidad de vehículos de carga, disposiciones que posteriormente han servido de referencia para la regulación de este tipo de transporte.
La Resolución 003-2026 reforzó las restricciones al establecer expresamente la obligación de que los vehículos pesados permanezcan en el carril derecho, salvo las excepciones contempladas.
Seguridad vial vuelve al centro del debate
La eventual presentación del amparo podría llevar ante los tribunales la discusión sobre el grado de cumplimiento de las medidas adoptadas para ordenar la circulación de vehículos pesados.
El accionante pretende que el tribunal determine si las autoridades responsables han cumplido adecuadamente con las obligaciones establecidas en la legislación y en la resolución administrativa.
La controversia se produce en momentos en que la seguridad vial, el cumplimiento de las normas de tránsito y la fiscalización de los vehículos pesados continúan siendo asuntos de interés público en República Dominicana.
El ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana y pondrá a prueba protocolos de evacuación, coordinación institucional y un sistema de alertas mediante mensajes a teléfonos celulares
SANTO DOMINGO.– República Dominicana realizará este martes 8 de septiembre el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto 2026, un ejercicio de alcance nacional dirigido a fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico de gran magnitud.
La jornada está programada para comenzar a las 10:00 de la mañana y contará con la participación de instituciones públicas y privadas, centros educativos, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de diferentes puntos del territorio nacional.
El objetivo principal es que la población conozca cómo actuar ante un terremoto y pueda aplicar protocolos previamente establecidos, reduciendo la improvisación en una situación real de emergencia.
Sirenas y mensajes a celulares
El inicio del ejercicio será anunciado mediante sirenas, silbatos y altavoces. Además, las autoridades tienen previsto probar un sistema de mensajería instantánea destinado a enviar alertas a los teléfonos celulares durante situaciones de emergencia.
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y comunicación con la ciudadanía y comprobar su funcionamiento dentro de un escenario simulado.
Durante el ejercicio también serán evaluados los protocolos de activación, comunicación y coordinación de las instituciones que forman parte del sistema nacional de respuesta ante emergencias.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, destacó que los terremotos ocurren sin previo aviso, por lo que la organización y el conocimiento de las medidas de autoprotección resultan esenciales para reducir las consecuencias de estos fenómenos.
Según explicó, el ejercicio no se limitará a comprobar la capacidad para evacuar viviendas, comunidades o edificaciones, sino que permitirá evaluar integralmente los protocolos de actuación y la comunicación entre las instituciones.
Llamado al sector privado
Las autoridades también han puesto especial atención en la participación de las empresas y edificaciones privadas.
El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, exhortó a propietarios y responsables de edificaciones privadas a solicitar evaluaciones de vulnerabilidad de sus estructuras.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el ejercicio, estas revisiones son realizadas gratuitamente.
¿Qué hacer durante un terremoto?
La Defensa Civil recomienda contar previamente con un plan familiar de emergencia y practicar los procedimientos que deben seguirse ante un movimiento sísmico.
Durante un terremoto, la principal recomendación es mantener la calma, agacharse y protegerse la cabeza, buscando un lugar seguro.
Si resulta necesario abandonar una edificación, las autoridades recomiendan utilizar las escaleras y no los ascensores.
Quienes se encuentren dentro de edificaciones deben mantenerse alejados de ventanas, lámparas, armarios, libreros, estantes y otros objetos susceptibles de desprenderse o caer.
En lugares con grandes concentraciones de personas se recomienda evitar correr desesperadamente hacia las salidas, debido al riesgo de provocar caídas, aglomeraciones o avalanchas humanas.
Precauciones en calles y vehículos
Las personas que se encuentren en espacios abiertos deberán alejarse de postes eléctricos, edificios, árboles y muros.
En caso de estar conduciendo, la recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer en su interior, evitando estacionarse debajo o encima de puentes, elevados o pasos a desnivel.
Si el movimiento ocurre mientras se viaja en transporte colectivo, el conductor deberá detenerse en una zona segura y los pasajeros permanecer sentados hasta que las condiciones permitan continuar.
Prepararse antes de que ocurra una emergencia
El simulacro de este martes busca medir no solamente la capacidad de reacción de las autoridades, sino también el nivel de preparación de ciudadanos, familias, empresas e instituciones.
Las autoridades insisten en que, debido a que los terremotos no pueden predecirse con suficiente anticipación para realizar una evacuación preventiva, conocer los protocolos y practicarlos puede marcar una diferencia importante cuando ocurre una emergencia real.
Las personas e instituciones interesadas en participar pueden registrarse a través del portal oficial del Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Cinco países europeos avanzan hacia la creación de un centro de retorno fuera de la Unión Europea, mientras República Dominicana mantiene una política de deportaciones y refuerza los mecanismos de control migratorio
SANTO DOMINGO.– El endurecimiento de las políticas destinadas a enfrentar la migración irregular continúa ganando espacio tanto en Europa como en República Dominicana, aunque bajo modelos y circunstancias diferentes.
Mientras cinco países europeos trabajan para establecer fuera de la Unión Europea un centro destinado a recibir migrantes que ya no cuentan con autorización legal para permanecer en territorio comunitario, República Dominicana mantiene una política de interdicción, procesamiento, deportación y repatriación de extranjeros en situación migratoria irregular.
Europa busca trasladar migrantes a terceros países
Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con un país ajeno a la Unión Europea para establecer un denominado “centro de retorno”.
De concretarse la iniciativa, las personas sobre las cuales exista una decisión de retorno podrían ser trasladadas a instalaciones ubicadas en un tercer país que haya aceptado recibirlas.
Dinamarca espera que los primeros traslados puedan comenzar durante 2027, aunque todavía no se ha identificado públicamente el país con el que se realizan las negociaciones.
La iniciativa se produce después de una reforma de la política europea de retornos. El esquema contempla que los acuerdos respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución. Los menores no acompañados están excluidos de los traslados a estos centros.
Las disposiciones europeas también establecen garantías contra las expulsiones colectivas y disponen que, para menores no acompañados y familias con niños, la detención debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
República Dominicana mantiene política restrictiva
En República Dominicana, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha adoptado igualmente una posición restrictiva frente a la permanencia irregular de extranjeros, aunque mediante un sistema diferente al que proyectan los países europeos.
Las autoridades dominicanas realizan directamente operativos de interdicción, depuración y devolución, principalmente hacia Haití.
La política migratoria fue reforzada a partir de las 15 medidas anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, entre ellas el incremento del personal destinado a la vigilancia fronteriza, la ampliación de la verja perimetral, la incorporación de nuevos agentes migratorios y mayores controles en los mercados binacionales.
También fueron planteadas medidas dirigidas a endurecer las consecuencias contra el tráfico ilícito de migrantes y quienes faciliten la permanencia irregular.
Más de 250 mil extranjeros procesados en 2026
La dimensión de las operaciones migratorias queda reflejada en las estadísticas atribuidas a la Dirección General de Migración.
De acuerdo con los datos recogidos en la información suministrada, durante 2026 habían sido deportados o repatriados 250,429 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 186,139 correspondían a deportaciones y 64,290 a repatriaciones.
Los extranjeros detenidos durante los operativos son trasladados a centros de procesamiento para fines de registro y depuración. Haina, Dajabón, Elías Piña y Santiago figuran entre los puntos que concentran estos procedimientos.
Inteligencia artificial llega al control migratorio
Uno de los elementos novedosos de la estrategia dominicana es la incorporación de nuevas tecnologías.
Migración prepara en Dajabón un sistema de registro biométrico y reconocimiento facial apoyado en herramientas de inteligencia artificial, destinado a controlar el movimiento de personas durante los mercados binacionales.
La incorporación de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate migratorio, debido a que el uso de sistemas biométricos y de inteligencia artificial también plantea cuestiones relacionadas con privacidad, protección de datos, proporcionalidad y derechos fundamentales.
Menores reciben tratamiento diferenciado
Otro componente de la política dominicana está relacionado con los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios.
La Dirección General de Migración sostiene que aplica un tratamiento diferenciado a los menores y que trabaja conjuntamente con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia y Unicef en protocolos de identificación, atención y protección.
Dentro de esas medidas se contempla la existencia de espacios seguros separados de las áreas generales de retención, así como atención psicosocial, servicios sanitarios, espacios recreativos y asistencia médica.
Dos realidades distintas con una tendencia común
Europa y República Dominicana enfrentan fenómenos migratorios con características diferentes. Sin embargo, las políticas que actualmente desarrollan presentan un elemento común: incrementar la capacidad del Estado para retornar a las personas que carecen de autorización legal para permanecer en su territorio.
La diferencia estará también en la manera en que esas políticas logren conciliar el control de las fronteras y el cumplimiento de las leyes migratorias con las garantías del debido proceso, la dignidad humana, la protección de los menores y los demás derechos fundamentales.
En Europa, el próximo paso será determinar qué tercer país aceptará albergar el centro de retorno proyectado por los cinco gobiernos. En República Dominicana, mientras tanto, el desafío continuará siendo administrar una presión migratoria particularmente compleja sin abandonar las garantías jurídicas que deben acompañar la actuación del Estado.