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JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares
Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.
SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.
El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.
Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.
Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen que el Consejo del Poder Judicial gasta millones de pesos en un árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.
A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.
El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.
Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.
Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.
Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.
Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.
Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.
Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.
Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.
Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.
Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».
De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».
Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.
Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.
Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.
El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.
«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.
Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.