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JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
Las autoridades enfrentan una creciente demanda de intervenciones por riñas, violencia de género, contaminación acústica y desacuerdos entre vecinos, situaciones que representan un desafío para la prevención de homicidios y la seguridad ciudadana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Policía Nacional enfrenta importantes desafíos operativos debido a la frecuencia de conflictos familiares, enfrentamientos entre ciudadanos y alteraciones de la convivencia comunitaria, que obligan a movilizar personal y recursos para impedir que situaciones cotidianas terminen en hechos de violencia.
Las discusiones por estacionamientos, el volumen excesivo de la música, los problemas de pareja y las diferencias personales figuran entre los incidentes que requieren intervenciones policiales constantes en distintos sectores del territorio nacional.
De acuerdo con estadísticas oficiales reseñadas este domingo, aproximadamente el 59 % de los homicidios registrados en República Dominicana está relacionado con conflictos de convivencia y problemas interpersonales, lo que evidencia que una proporción significativa de las muertes violentas se produce fuera del ámbito de los atracos y de las actividades atribuidas a organizaciones criminales.
Conflictos sociales concentran gran parte de los hechos violentos
Los datos citados indican que durante los últimos dos meses más del 70 % de los hechos violentos registrados estuvo vinculado con situaciones de conflictividad social, una proporción superior al comportamiento tradicional, situado entre el 58 % y el 60 %.
Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención y resolución pacífica de controversias en las comunidades.
Los enfrentamientos pueden comenzar con desacuerdos aparentemente menores, pero adquirir mayor gravedad cuando intervienen otras personas, existe consumo de alcohol o alguno de los involucrados utiliza armas.
En esas circunstancias, las patrullas policiales deben desplazarse hasta el lugar de los acontecimientos, identificar a los participantes y adoptar las medidas necesarias para restablecer la tranquilidad.
Violencia de género representa otro desafío para las autoridades
La localización de personas requeridas por la justicia por delitos relacionados con violencia de género constituye otra de las responsabilidades que demandan esfuerzos de la institución policial.
Según datos ofrecidos por la Policía Nacional el mes pasado, 53,877 personas figuraban con órdenes pendientes de localización por distintas infracciones penales.
De ese universo, 17,635, equivalentes al 32.7 %, estaban vinculadas a imputaciones por violencia de género.
La cantidad de requerimientos pendientes evidencia la magnitud de las labores de búsqueda y localización, así como la necesidad de garantizar respuestas oportunas para proteger a las víctimas.
En los casos de violencia intrafamiliar, las intervenciones requieren especial atención por la posibilidad de amenazas reiteradas, agresiones y situaciones que pueden poner en peligro la integridad física o la vida de las personas afectadas.
No obstante, el número de órdenes pendientes no representa necesariamente la cantidad de casos activos atendidos diariamente ni permite establecer por sí solo el volumen de personal policial asignado a esas actuaciones.
Ruido y fiestas callejeras generan conflictos entre residentes
La contaminación acústica también constituye una fuente recurrente de enfrentamientos comunitarios.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR-MICS 2025, citados en el informe, el 40.4 % de los hogares manifestó estar expuesto a música elevada procedente de bares, colmados o viviendas vecinas.
Otro 38 % reportó afectaciones por ruidos originados en vehículos, talleres mecánicos y plantas eléctricas.
Estos problemas ocasionan denuncias constantes y pueden provocar disputas cuando los responsables de las emisiones sonoras desatienden los reclamos de quienes se consideran perjudicados.
Los operativos contra las fiestas callejeras conocidas como teteos y los equipos de sonido utilizados a volúmenes excesivos forman parte de las acciones dirigidas a preservar la tranquilidad pública.
Dependiendo de las circunstancias, estas actuaciones requieren coordinación con el Ministerio Público y las autoridades responsables de la protección ambiental.
Disputas por estacionamientos pueden terminar en agresiones
Los desacuerdos relacionados con el uso de parqueos y espacios comunes también representan un motivo de intervención policial.
Un conflicto reciente en el residencial El Sembrador, ubicado en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, puso de relieve cómo las diferencias entre residentes pueden agravarse y provocar situaciones de peligro.
Según versiones ofrecidas por vecinos, el enfrentamiento se produjo en medio de desacuerdos sobre la utilización de estacionamientos asignados a los apartamentos.
Durante el incidente, un hombre fue captado en video portando una escopeta y un cinturón con municiones, circunstancia que generó preocupación entre los residentes.
Este tipo de acontecimientos evidencia la importancia de disponer de mecanismos de administración y resolución de controversias en complejos residenciales, especialmente cuando existen diferencias sobre derechos de uso de áreas compartidas.
Manifestaciones también requieren despliegue policial
Las protestas comunitarias y las movilizaciones ciudadanas representan otra responsabilidad para los organismos encargados de mantener la seguridad pública.
Las manifestaciones motivadas por deficiencias en los servicios de agua potable, electricidad, asfaltado y otras demandas sociales requieren medidas de organización del tránsito y protección de los participantes.
La presencia policial en estos escenarios debe orientarse a garantizar tanto la seguridad ciudadana como el ejercicio legítimo de los derechos de reunión y manifestación pacífica.
Cuando existe riesgo de enfrentamientos, corresponde a las unidades especializadas actuar bajo criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.
Prevención y mediación como alternativas
El volumen de incidentes derivados de problemas de convivencia plantea la necesidad de complementar las actuaciones policiales con mecanismos institucionales de prevención.
La mediación comunitaria, la educación ciudadana, la intervención temprana y la coordinación con organizaciones sociales pueden contribuir a evitar que determinados desacuerdos terminen en agresiones.
Sin embargo, en situaciones de violencia intrafamiliar o de género, la mediación no debe sustituir las medidas de protección ni los procedimientos legales que correspondan, especialmente cuando existe riesgo para las víctimas.
Los especialistas en seguridad ciudadana consideran fundamental diferenciar los conflictos susceptibles de soluciones dialogadas de aquellos que requieren una intervención policial y judicial inmediata.
Seguridad ciudadana más allá de la delincuencia organizada
Las estadísticas expuestas revelan que los desafíos de seguridad no se limitan al combate contra estructuras criminales, narcotráfico y delitos patrimoniales.
Una parte importante de la violencia surge de relaciones familiares, diferencias personales y dificultades de convivencia que pueden intensificarse cuando no existen mecanismos eficaces de prevención.
Esta realidad obliga a desarrollar estrategias de seguridad que incorporen la educación para la convivencia, la protección de personas vulnerables y una mayor capacidad de respuesta institucional.
El principal desafío consiste en evitar que las diferencias cotidianas se conviertan en acontecimientos violentos, al tiempo que se garantiza que la Policía Nacional disponga de recursos suficientes para atender las emergencias y cumplir sus demás responsabilidades de seguridad ciudadana.
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Reportan posible secuestro de cinco soldados de El Salvador por bandas armadas en Haití
Los militares habrían desaparecido en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, mientras persiste la incertidumbre sobre su paradero. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el incidente.
SANTO DOMINGO.– La presunta desaparición de cinco militares salvadoreños desplegados en Haití ha generado preocupación en medio del deterioro de la seguridad que afecta a ese país, luego de que trascendieran informaciones sobre un posible secuestro perpetrado por organizaciones criminales que operan en la capital haitiana.
Según informaciones divulgadas este domingo por el periódico dominicano El Día, citando fuentes relacionadas con la crisis haitiana, los integrantes del contingente internacional habrían quedado aislados en una zona situada al norte del aeropuerto de Puerto Príncipe, donde posteriormente se habría perdido contacto con ellos.
Las versiones preliminares señalan que, cuando unidades de apoyo llegaron al lugar donde presuntamente se encontraban los soldados, estos ya no estaban presentes.
También se teme que dos de los cinco efectivos hayan resultado heridos, aunque esa información tampoco ha sido confirmada por fuentes oficiales.
Sin confirmación de las autoridades
Hasta el momento de la publicación de las informaciones, ni el Gobierno de El Salvador ni las autoridades haitianas o los responsables de la misión internacional de seguridad habían ofrecido una declaración pública que permitiera confirmar el supuesto secuestro.
El medio que difundió la noticia indicó que intentó obtener una versión del Gobierno salvadoreño, sin conseguir una respuesta oficial.
La ausencia de confirmación mantiene abiertas las interrogantes sobre las circunstancias de la desaparición denunciada, la condición física de los militares y la posible participación de grupos armados.
El Salvador participa en operaciones internacionales contra las pandillas
El personal salvadoreño forma parte de los esfuerzos internacionales desplegados para apoyar a las instituciones haitianas en el enfrentamiento de las organizaciones criminales que mantienen bajo su influencia importantes sectores de Puerto Príncipe.
La participación de El Salvador comenzó con labores relacionadas principalmente con evacuaciones médicas y posteriormente fue ampliada para incorporar otras capacidades de apoyo operativo.
El pasado 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó la continuidad de la participación de efectivos, aeronaves y recursos militares en las operaciones internacionales desarrolladas en territorio haitiano.
En abril de 2026, el Ministerio de Defensa de ese país había informado sobre el despliegue de la denominada Fuerza de Tarea Libertad, destinada a realizar operaciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, patrullaje aéreo y apoyo a las autoridades de seguridad de Haití.
Un informe de Naciones Unidas había documentado anteriormente la presencia de 77 efectivos salvadoreños asignados a funciones de asistencia y evacuación médica.
Grupos criminales mantienen influencia sobre zonas estratégicas
El supuesto incidente ocurre en un contexto de persistente violencia, caracterizado por el control o influencia que ejercen las pandillas sobre numerosos sectores de la capital haitiana y corredores de comunicación estratégicos.
Las organizaciones armadas han logrado mantener capacidad de movilización y operación pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales y de los contingentes internacionales desplegados para contenerlas.
Un informe correspondiente al período abril-agosto de 2026 advirtió sobre la influencia de estos grupos en rutas de acceso a Puerto Príncipe y otras áreas consideradas esenciales para la movilidad y el funcionamiento de servicios.
De acuerdo con los datos reseñados, al 31 de agosto la fuerza internacional contaba con 1,213 efectivos uniformados provenientes de seis países, incluido El Salvador.
Posible impacto sobre la misión internacional
De confirmarse el secuestro, el incidente representaría un nuevo desafío para las operaciones internacionales de seguridad en Haití, particularmente por haberse producido presuntamente en las proximidades de una infraestructura estratégica como el aeropuerto de la capital.
También pondría de relieve los riesgos que enfrentan los contingentes extranjeros encargados de colaborar con las fuerzas haitianas en un territorio donde las organizaciones criminales mantienen una considerable capacidad de acción.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés GSF, dispone de un mandato para desarrollar operaciones contra estructuras criminales, proteger instalaciones estratégicas y fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones de seguridad haitianas.
Sin embargo, las dificultades para recuperar el control de zonas dominadas por grupos armados continúan representando un importante obstáculo para la estabilización del país.
Mientras se espera una declaración de las autoridades correspondientes, persiste la incertidumbre sobre la situación de los cinco militares salvadoreños.
Hasta que exista una confirmación oficial o evidencia independiente suficiente, el supuesto secuestro debe considerarse una información preliminar y no un hecho comprobado.
Fuente de la información inicial: periódico El Día, 18 de octubre de 2026.
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Tribunal descarta prisión preventiva contra psiquiatra investigada por internamiento involuntario de ingeniero
La doctora Ylsa Emperatriz Quero Cabrera deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y cumplir una garantía económica de RD$50,000. Su defensa sostiene que la imputación carece de pruebas suficientes y cuestiona la actuación del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este dispuso medidas de coerción no privativas de libertad contra la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, investigada por su presunta participación en el internamiento involuntario de un ingeniero en un centro de salud mental.
El magistrado Leomar Cruz Quezada ordenó que la profesional cumpla con presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000, rechazando la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público.
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos de la defensa sobre los elementos probatorios utilizados para vincular a la médica con los acontecimientos investigados.
Defensa rechaza imputaciones contra la especialista
El abogado Jean Cristofer Pérez, representante legal de Quero Cabrera, afirmó que el órgano acusador no ha presentado evidencias suficientes para establecer la presunta participación de su defendida en los hechos.
El jurista argumentó que la psiquiatra ni siquiera aparece mencionada en una acusación presentada anteriormente dentro del mismo expediente, circunstancia que, a su entender, debilita los fundamentos de la nueva imputación.
Asimismo, cuestionó que la investigación contra su representada se apoye en declaraciones atribuidas a otra persona involucrada en el proceso.
Según explicó, una de las imputadas habría manifestado que actuó siguiendo instrucciones de la profesional de la salud mental, versión cuya credibilidad y circunstancias deben ser examinadas por las autoridades judiciales.
Pérez también objetó la calificación jurídica relacionada con una presunta complicidad en violencia intrafamiliar, al considerar que el Ministerio Público no ha explicado adecuadamente los fundamentos de esa atribución.
Investigación por traslado e internamiento contra la voluntad del paciente
El caso se relaciona con el traslado de un ingeniero desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, hacia un establecimiento dedicado a la atención de pacientes con condiciones de salud mental.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre habría sido trasladado e ingresado al centro sin su consentimiento.
Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el procedimiento y la posible intervención de distintas personas en su ejecución.
Entre las involucradas figura Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero, quien también enfrenta imputaciones relacionadas con los hechos.
Según la versión atribuida a esta última por los investigadores, el ingreso del paciente se habría realizado siguiendo indicaciones de Quero Cabrera.
La defensa de la especialista rechaza esa interpretación y asegura que sus actuaciones se desarrollaron dentro de un protocolo de atención médica.
Profesionales de la salud expresan preocupación
La audiencia estuvo acompañada de manifestaciones de respaldo a la psiquiatra por parte de médicos y especialistas en salud mental, quienes acudieron a las inmediaciones de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
Los profesionales expresaron inquietud por las posibles consecuencias que procesos de esta naturaleza podrían tener sobre la atención de personas que atraviesan situaciones de emergencia psiquiátrica.
El abogado Pérez advirtió que la judicialización de determinadas actuaciones médicas podría generar temor entre especialistas al momento de intervenir en casos que requieran decisiones urgentes.
No obstante, la controversia también plantea la necesidad de garantizar que cualquier internamiento involuntario se realice bajo los requisitos legales, las evaluaciones clínicas correspondientes y el respeto a los derechos fundamentales del paciente.
Debate sobre responsabilidad médica y derechos de los pacientes
El proceso judicial ha puesto de relieve la importancia de establecer una diferenciación entre las intervenciones médicas justificadas por razones clínicas y aquellas actuaciones que pudieran constituir restricciones ilegales a la libertad individual.
En situaciones de emergencia psiquiátrica, la protección de la salud del paciente debe armonizarse con su dignidad, autonomía y las garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
La existencia de una indicación profesional no elimina automáticamente la necesidad de comprobar las condiciones en que se produjo un traslado o internamiento.
De igual manera, la apertura de una investigación penal contra un especialista no constituye por sí misma una demostración de culpabilidad.
En el caso de Quero Cabrera, corresponderá a las autoridades determinar si existieron actuaciones contrarias a la ley y establecer las eventuales responsabilidades individuales conforme a las pruebas.
Con la imposición de presentación periódica y garantía económica, la psiquiatra continuará vinculada al proceso judicial en libertad, mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del internamiento cuestionado.
La decisión sobre las medidas de coerción no representa una sentencia sobre el fondo del expediente ni determina la inocencia o culpabilidad de la investigada, quien mantiene intacto su derecho constitucional a la presunción de inocencia.