Santo Domingo, RD.-Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), dijo que las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público son proporcionales a los hechos imputados a las participaciones de cada uno de los acusados en el caso de la Lotería Nacional.Nacionales
Ministerio Público pidió prisión domiciliaria para cinco de los apresados en caso Lotería
Santo Domingo, RD.-Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), dijo que las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público son proporcionales a los hechos imputados a las participaciones de cada uno de los acusados en el caso de la Lotería Nacional.Además, señaló que el MP cada vez que una persona ha colaborado, a consecuencia se le ha variado la solicitud de medida de coerción como la domiciliaria, y espera que el pedimento sea acogido por la jueza.
En este caso de la Operación 13, sobre un fraude en un sorteo de la Lotería Nacional, Camacho dijo que para cinco de los involucrados se ha solicitado la prisión domiciliaria.
En un principio la prisión domiciliaria solo fue pedida para dos de los imputados, pero a medida que avanzaron las audiencias del miércoles y jueves la solicitud fue variada para otros más.
Aunque Camacho no mecionó nombres de las solicitudes que han hecho ya se conocía la petición inicial para Miguel Mejia (el no vidente) y Rafael Mesa (el chofer).
En el fraude a la Lotería Nacional también se acusa al exadministrador de la institución, Luis Maisichell Dicent; Valentina Rosario Cruz, presentadora; Carlos Manuel Beriguete Pérez, ex soporte técnico en la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Jonathan Augusto Brea Ovalles, ex supervisor de sorteos de la Dirección y Producción de Sorteos de la Lotería Nacional; Felipe Santiago Toribio (Chago), William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.
Camacho dijo que «mañana cuando se lea la decisión de la jueza ustedes se darán cuenta cuál ha sido el tratamiento del Ministerio Público”.
El director de la Pepca habló a su salida del conocimiento de la medida de coerción al grupo de los 10 apresados por el presunto fraude de más de 500 millones de pesos en República Dominicana y más de cinco millones de dólares en varios países. Estuvo acompañado de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general Jean Alain Rodríguez retornó al país este domingo desde España, país donde se le autorizó viajar para que se realizara estudios médicos. La información fue dada a conocer por su defensa y luego confirmada por el Ministerio Público.
Los abogados de Rodríguez manifestaron que su regreso al país en las condiciones autorizadas por el tribunal, «confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia» y desmienten una supuesta intención de «fuga».
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo contra el exfuncionario, le autorizó viajar a Madrid, España, para que se haga las evaluaciones médicas, desde el miércoles 22 de abril, en horas de la tarde, hasta este domingo 26 de abril.
El imputado de presuntos actos de corrupción durante su gestión en la Procuraduría General (2016-2020) viajó luego de asistir a la audiencia del miércoles en donde sus abogados solicitaron la extinción de la acción penal por alegar que la acusación de presunta corrupción se depositó de manera irregular por parte del Ministerio Público.
La presidenta del tribunal, Claribel Nivar, argumentó en la audiencia, el mismo miércoles, que el viaje «no trastorna el curso» del juicio de fondo que se le sigue al exfuncionario«, que se conoce los lunes y miércoles.
Se recuerda que en Madrid, España, se encuentra el principal delator del caso de presunto dolo del dinero del Estado, Rafael Stefano Canó Sacco, país donde huyó antes de darse a conocer el proceso de corrupción.
- «El señor Jean Alain Rodríguez mantiene su arraigo completo en el país y ha permanecido a disposición de la justicia en todo momento. Finalmente, se reafirma que el señor Jean Alain Rodríguez seguirá compareciendo ante el tribunal con la misma disposición y transparencia que ha caracterizado su conducta», afirma su defensa en un documento de prensa.
Continuará con sus incidentes
El consejo de defensa de Rodríguez, encabezado por Carlos Balcácer y Nelys Rivas, reiteró en la misma comunicación de prensa en donde informan su retorno de España, que este lunes 27 de abril continuarán presentando las solicitudes y planteamientos de nulidad sustentados en múltiples violaciones y fraudes procesales que han manchado el proceso contra su cliente.
Nacionales
El caso Intrant, con Hugo Beras y Jochi Gómez como protagonistas, ya espera por decisión de jueza
Santo Domingo, R.D.-Tras escuchar la comparecencia de varios de los imputados, la noche del viernes culminó la audiencia preliminar contra Hugo Beras, Jochi Gómez y demás implicados en el presunto fraude al Estado mediante la adjudicación e instalación de una red semafórica y se decidirá si el caso irá a juicio a fondo.
Esa decisión está en manos de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se reservó el fallo para el próximo martes cinco de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público aseguró que el caso cuenta con “los presupuestos necesarios” para que el mismo pase a la etapa de juicio de fondo, indicando que durante la fase preliminar se “probó” con “pruebas contundentes” la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de los acusados.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que las defensas quisieron tender una “cortina de humo”, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputado e indicó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones que han hecho los comentarios de que ya la licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó Ortiz al hablar ante los medios de comunicación luego de culminada la audiencia.
los imputados
Al hablar ante el tribunal, Jochi Gómez indicó que es “absurdo” que se le acuse de fraude indicando que el dinero que recibió desde el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la adjudicación, fue “mucho menor” a la cantidad total invertida por la empresa para la adquisición de los equipos.
“Éramos nosotros quienes invertíamos todo; es decir, el personal, la tecnología, los locales, las unidades móviles, los simuladores y el Estado no invertía nada; lo cual fue reconocido por el Intrant y más aún, nunca dejamos de prestar el servicio; no obstante, nos someten y nos quedan debiendo más de 700 millones de pesos y quizás se pregunte, porqué continuar prestando el servicio pese a la deuda requerida, porque nuestro único cliente es el Estado Dominicano y no deseábamos que se viera afectado dicho servicio público”, argumentó Gómez.
Gómez manifestó que sus salidas del país, en medio del proceso legal, se han producido para ver a sus hijos y que se encuentra “siendo perseguido” por las autoridades, porque no “quiso entregar sus equipos”.
“Yo estoy seguro que ustedes se preguntan cómo llegó este joven empresario, con aparente inteligencia, a esta situación y yo se lo voy a decir: porque querían quedarse con lo mío y no me doblegué, ni se lo permití; por eso, solo les quedó la opción de utilizar a este Ministerio Público para perseguirme, aunque se caiga la acusación en el juicio preliminar”, manifestó Gómez.
Mientras, que la defensa del exdirector del Intrant, Hugo Beras, indicó que el Ministerio Público no respondió ninguno de los argumentos presentados a favor de su cliente.
“Ellos incluso le imputan a Hugo haber sido responsable de un supuesto sabotaje al sistema semafórico y Hugo ya tenía casi un año fuera del Intrant”, detalló el abogado Nassef Perdomo.
La acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Las autoridades señalan que mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
Por su participación en el mismo también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Nacionales
Se suicida en la cárcel el exteniente coronel Hans W. Lluberes condenado a 30 años por narcotráfico
Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.
Lluberes Sánchez había sido identificado por las autoridades como el cabecilla de una red internacional de narcotráfico, responsable del ingresar al país un cargamento de 454.060 kilogramos de cocaína, en el año 2015.
De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.
Lluberes Sánchez falleció por ahorcamiento y, aunque llegó a ser trasladado a una clínica en El Almirante, perdió la vida en el proceso.
Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.
Contexto de la condena
El deceso se produjo poco después de que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este le dictaran la sentencia máxima y el pago de una multa de 50 millones de pesos a favor del Estado dominicano. Al momento del suceso, Lluberes Sánchez permanecía en la cárcel de San Luis a la espera del dispositivo de la sentencia para ser trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, donde debía cumplir su condena.
Antecedentes del caso
La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.
Según el expediente del Ministerio Público, Lluberes Sánchez se encontraba en las afueras de la terminal aérea el día del operativo para efectuar los pagos a los colaboradores de la operación. Al percatarse de la intervención de la DNCD, emprendió la huida, siendo capturado posteriormente en el Aeropuerto de Punta Cana.
Otros condenados en la red
Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.
Previamente, en 2019, el caso sumó otras condenas 20 años de prisión: Para el exsegundo teniente del Ejército, Jesús Elías Pérez Vásquez; el excapitán Roberto Segura Peña; y el exagente de la DNCD, José Luciano.
18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.
El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.