Opinión
PNUD: Mayorías populares perciben “son gobernadas para favorecer minorías”
« En fin, Estados y Gobiernos imposibilitados de reformarse y hacer reformas en función del “bien común” y clase dominante imposibilitada de entender esos consejos del PNUD; Clase Capitalista de la que por el contrario brota, más allá del neoliberalismo que la impregna, la reacción neofascista.
El Informe Regional Sobre Desarrollo Humano del PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO-PNUD del 2021, presentado en días recientes, concluye afirmado que no pocos pueblos de Nuestra América creen que sus países “están gobernados para favorecer una minoría”.
Las encuestas incluidas en la referida investigación revelan que el único país de la región donde esa percepción no superó el 50% es El Salvador; mientras los demás sobrepasan el 55% y naciones como Paraguay, Costa Rica y Chile pasan del 90%, y muchas otras el 80%.
El viraje de un año a otro ha sido muy significativo, ya que en el informe del 2020 esa percepción representaba al máximo un 77% de los encuestados/as y ahora llega hasta el 95%.
Los resultados de ese indicador muestran que ya la ilegitimidad de los gobiernos, a consecuencia de servir solo de instrumentos de los grandes capitales, es sumamente alta; y esto tiene un gran significado para el presente y futuro de la lucha de clase en la región más desigual del planeta, donde lo nuevo es un salto en la toma de conciencia sobre las fatales consecuencias del control de los Estados y Gobierno por elites mega-capitalistas cuya voracidad crece sin cesar.
De ser así, y parece que lo es -dado que el PNUD no tiene pinta de inspirarse en un fanatismo subversivo- hay razones para la alarma poco común dentro del sistema de organismos internacionales que brota de esa institución y que ha sido expresada sin rodeos en esta ocasión.
- DESIGUALDADES QUE ALARMAN Y MAYOR CONCIENCIA DE SUS CAUSAS.
Al presentar el Informe a la prensa, Marcela Meléndez, economista jefe del PNUD en la región latino-caribeña, declaró que “se encuentra con mucha frecuencia en la región a grandes grupos empresariales que tienen intereses en muchos sectores y extienden sus intereses con frecuencia al sector de los medios” y que ya “una abrumadora mayoría entiende que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado, en vez del bien común, es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles”. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
El reporte titulado “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe” destaca, por un lado, que “los mercados de la región están controlados por un pequeño número de empresas gigantes” y, por el otro, que al mismo tiempo “la gente se siente frustrada no solo por la injusticia en sus resultados, sino también en los procesos, por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos”. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
La alarma se entiende muy bien, en tanto en sí misma procura alertar sobre el peligro que implica esa realidad para la estabilidad de una dominación clasista adversa a todo lo reformador y opuesta a todo lo signifique reformas fiscales progresivas o lo que implique medidas de distribución más justas del ingreso nacional, sobre todo cuando el poder constituido se va tornando altamente impopular, como está pasando.
En este informe el PNUD se queja de que “las élites económicas raras veces han utilizado el poder político para impulsar reformas” que encaminen a estos países hacia el “desarrollo”, pudiendo hacerlo. (DIARIO LIBRE 22-06-2021, pág. 6)
Esa queja y tal recomendación, después de tal alarma, procura estimular a los opresores a corregir rumbos y reducir riegos; algo muy propio de quienes siguen defendiendo las ya marginales, inviables e ilusorias concepciones netamente socialdemócratas, en el contexto de un capitalismo neo-liberalizado y endurecido, capitaneado por esas elites burguesas, sin vuelta atrás en medio de su dominación.
Al PNUD le es muy difícil admitir que estamos frente Estados y gobiernos cuasi privatizados, bajo el control de cúpulas capitalistas súper-enriquecidas, cuya racionalidad es acumular más, ganar más y asaltar las funciones ejecutivas del Estado; convirtiéndose a sí mismos en gestores del Estado y ayudando a los políticos a convertirse en elites empresariales corrompidas, relegando a un plano secundario el rol tradicional de la “clase política”.
En fin, Estados y Gobiernos imposibilitados de reformarse y hacer reformas en función del “bien común” y clase dominante imposibilitada de entender esos consejos; Clase Capitalista de la que por el contrario brota, más allá del neoliberalismo que la impregna, la reacción neofascista.
- EL CASO DOMINICANO.
El PNUD sitúa a la República Dominicana con una mayoría del 63% que percibe que aquí se gobierna para una minoría, lo que es muy importante para el presente y el futuro de la lucha popular y de clase; obstruido su despliegue en mayor escala por el el rol alienante de los “mass-media”.
En verdad aquí esto es más grave que como lo percibe el pueblo y por eso pronto va impactar mucho más en la conciencia colectiva y a elevar a porcentaje más altos esa percepción.
El nuevo régimen, montado por la vía electoral a través del Partido Revolucionario Moderno-PRM, otra fuerza de la derecha neoliberal, presidido por un empresario multimillonario metido a político, Luis Abinader, ha sido asaltado con su anuencia y compromisos mutuos por la elite capitalista local y la gran burguesía transnacional.
A nivel de Estado y de Gobierno el mayor poder de ejecución lo detenta y ejerce el conjunto de los 10 principales mega-capitalistas del país y las corporaciones transnacionales radicadas aquí.
Esto se agrega al inmenso poder que exhiben esas elites a nivel financiero, comercial, industrial y sobre el territorio nacional (suelo, subsuelo y sobresuelo) y los grandes medios de comunicación.
El Estado, gobierno incluido, ha sido privatizado y opera como tal con un fuerte talante neo-colonial.
Muy poco o nada puede hacerse desde ese Estado en materia fiscal, presupuestal, financiera, institucional, cultura, ideología… sin contar con la aprobación del Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP, la Cámara Minera, la Cámara Americana de Comercio, BM, FMI, Embajada estadounidense, USAID, CIA, FBI, Comando Sur del Pentágono y alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios claves, están bajo control directo del gran capital privado.
Aquí o se cambia todo, o todo será el insoportable gobernar a favor de los intereses espurios de ese conjunto minoritario, opulento y voraz, bajo el manto de una recolonización cada vez más endurecida.
La esperanza está en que ese 63% no retroceda, ni se estanque, pase al 80… al 90…se radicalice y profundice como conciencia impugnadora y se convierta en rebeldía organizada, indignación multitudinaria y poder transformador. Y eso puede lograrse a los compases de la profundización de la crisis sistémica acompañada de un accionar de vanguardia que articule todas las rebeldías en una propuesta política de profundo calado y poder de atracción, todavía pendiente concreción en la agenda nacional.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.